Héctor Manuel Popoca Boone
Hoy más que nunca debe prevalecer el apotegma “La Patria es Primero·
En entregas anteriores di cuenta de la forma que se estructuró el mega fraude electoral del Estado de México el año pasado. Donde intervinieron al unísono el gobierno federal, algunos estatales (Guerrero entre ellos) y municipales, todos de origen priista, para impedir el triunfo de la candidata postulada por Morena para gobernadora.
También señalé la grave irresponsabilidad de José Antonio Meade de anunciar que dicha estrategia electoral perversa la usarían para ganar los comicios del próximo 1º de julio. En el estado de Guerrero, según los indicios que han dejado entrever, por parte del gobierno de Peña Nieto la coordinación de todas las dependencias federales estará a cargo de Rosario Robles Berlanga, titular de la Sedatu, que tendrá como principales operadores políticos (mapaches) al tristemente famoso Efrén Leyva Acevedo, recién nombrado director general del Fifonafe (Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal). Por su parte el PRI nacional nombró como operador de circunscripción (Oh, pesar mío) a René Juárez Cisneros, que hará mancuerna con, Heriberto Huicochea, presidente estatal del PRI y con, Manuel Añorve Baños, que ya es candidato a senador. El responsable directo estatal de la “estrategia perversa” será (dicen los que dicen saber) el gobernador del Estado, Héctor Astudillo, asistido por su “maestro incómodo” y por, Armando Soto, su operador político de cabecera, así como el subsecretario de Egresos del gobierno estatal y toda la runfla de presidentes municipales priistas.
En una primera etapa que ya inició, están buscando denodadamente el voto de los distritos electorales más pobres, en donde el PRI puede inducir a una mayor participación electoral debido a que serán los distritos donde más apoyos y dádivas de programas sociales repartirán. De tal forma que las baterías del PRI, en un primer momento, están enfocadas hacia los municipios, pequeños pueblos, ejidos, comunidades, colonias proletarias y suburbanas, todas ellas caracterizadas por su mayor pobreza; porque es ahí con la aplicación de los programas sociales cuando se adquiere mayor atracción y fuerza electoral que queda debidamente registrada y domiciliada en los padrones de beneficiarios para la posterior coacción. De tal suerte que el PRI pretende ganar los municipios rurales y pobres del Estado de Guerrero; en donde además no habrá mucha vigilancia de las casillas electorales por parte de Morena, que todavía anda en sus dimes y diretes.
En los municipios rurales las mujeres son mayoría en las listas nominales de electores: y también como beneficiarias de los programas sociales, por lo que el voto femenino se vuelve crucial y estratégico para el PRI ante su inminente debacle electoral.
Los programas sociales son por tanto los ganchos electorales a utilizarse en el medio rural, tales como Prospera, Adultos Mayores, Leche Liconsa, Seguro Médico, madres solteras o mujeres en pobreza (a través de plásticos magnéticos) o bien programas de chácharas productivas, como es la distribución de fertilizantes o apoyos a la producción de maíz, entre otros donde el presupuesto no ejercido en 2017 se está operando a la par que el autorizado para 2018, como pasa en los programas de Un cuarto más y reconstrucción de viviendas.
Como botones de muestra de esta parte de la “estrategia perversa” en Guerrero tenemos que en menos de un mes se abrieron inusitadamente tiendas Diconsa en el municipio de Ayutla para el reparto de leche, entre otras cosas. En Zihuatanejo se dieron de alta al padrón de Prospera mil nuevas beneficiarias. El presupuesto estatal para el programa de fertilizante se incrementó en 100 millones de pesos respecto al año pasado. El Programa de Empleo Temporal de la SCT acaba de iniciarse por 40 millones de pesos. El gobierno de Acapulco antier inició programas de apoyo agropecuarios para 12 mil productores rurales. ¿Le sigo o le paro?
PD1. No estoy en contra de los programas sociales de corte institucional. Me opongo a su utilización en estas fechas para fines de clientelismo político por su escasa fiscalización y alta discriminación.
