Margarita Warnholtz
Vengo de un lugar donde todavía se ven monos y loros en los árboles, donde los migrantes cruzan el río a 300 metros de la oficina del Instituto Nacional de Migración y del dinero que gastan vive mucha gente del pueblo, mientras que “en Palenque tienen secuestrado al turismo; les dicen que acá somos malos y que sólo pueden venir en sus autobuses”.
Donde se está quemando parte de la selva pero (a decir de varias personas locales) “ya no vamos a apagar el fuego como hacíamos antes, porque ya nos la quitaron, ya no es nuestra, pertenece a Julia Carabias, entonces que lo apaguen ella y su gente”. Donde a la entrada de una comunidad se lee en una tabla: “Por decisión de la asamblea no se permite instalar retenes del INM, policía, ejército o cualquier autoridad federal o estatal. Atentamente, la comunidad”.
De la tierra donde, según me cuentan, la Nestlé está ofreciendo vender a crédito plantas de café robusta “hechas in vitro” que crecen a 100 metros sobre el nivel del mar, para luego cobrar con mercancía, pagando a cinco pesos el kilo “en uva”. Donde “no vienen periodistas ni hay periódicos” y todavía no se han enterado de que el salario mínimo ya superó los 80 pesos.
Un pueblo donde los jóvenes son trilingües pero sigue habiendo corruptos que se quedan con la mitad de sus becas y donde aunque todavía es México, no es territorio Telcel.
Saliendo de ahí –de comunidades de la Selva Lacandona– me entero que en los últimos días mataron a cuatro luchadores indígenas. En Guerrero asesinaron a Modesto Verales Sebastián y a José Lucio Bartolo Faustino, en Chilapa de Álvarez. Los dos eran promotores del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). Modesto era originario de la comunidad mixteca de Buena Vista del municipio de San Luis Acatlán y había sido comisario de su pueblo. José era nahua, concejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) –Policía Comunitaria- de los Pueblos Fundadores.
El CIPOG-EZ es una organización creada en 2008 que lucha por la defensa de los derechos de los pueblos, su cultura y su territorio, y que forma parte del Congreso Nacional Indígena. La CRAC de los Pueblos Fundadores surgió de la división que se dio en la CRAC-PC en 2013 y se ha enfrentado muchas veces con los grupos del crimen organizado que azotan la región, buscando evitar que operen en sus comunidades. Verales y Lucio no son los primeros integrantes de estas organizaciones que han sido asesinados impunemente.
La violencia en Guerrero contra los dirigentes indígenas no cesa, evidentemente le estorban a los intereses no solamente del crimen organizado sino de las empresas mineras que buscan operar en sus territorios y de los caciques locales. Y las autoridades estatales y federales no actúan.
Por otro lado, en Chihuahua asesinaron a Otilia Martínez Cruz y a su hijo Gregorio Chaparro Cruz, ambos defensores del medio ambiente y familiares de Julián Carrillo Martínez, rarámuri también activista defensor del bosque a quien mataron en octubre del año pasado. Sus muertes se suman a las de otros 10 luchadores asesinados en los últimos seis años en dicho estado, entre ellos Isidro Baldenegro (ultimado en enero de 2017), quien recibiera el premio Goldman en 2005. Continúa siendo un peligro defender el bosque en Chihuahua. Así detengan a algunos de los asesinos, la tragedia ambiental y la pérdida de vidas no cesan.
Los anteriores son los asesinatos de los últimos días ¿cuántos más van a morir antes de que las autoridades hagan algo al respecto?
