Chilpancingo, Guerrero, a 18 de enero de 2025.- El Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció que a cinco años de la masacre cometida en contra de 10 músicos en la comunidad de Mexcalcingo, municipio de Chilapa de Álvarez, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha dado resultados en la investigación ni detenido a los responsables.
El 17 de enero del 2020 diez indígenas nahuas pertenecientes al grupo musical Sensación de la comunidad de Alcozacán, en Chilapa, fueron asesinados e incinerados; el asesinato de los 10 músicos ocurrió mientras se dirigían a la comunidad Tlayelpan, donde tocarían con motivo de una fiesta patronal.
En un comunicado emitido la mañana de este viernes, el CIPOG-EZ expuso que los asesinatos cometidos en contra de las 10 personas, incluido un menor de edad de 15 años, “no fue un hecho aislado, sino parte de una historia de violencia y exterminio sistemático que nuestros pueblos indígenas de Guerrero han sufrido a manos de estos grupos narco-paramilitares que están coludidos y protegidos por los presidentes municipales”, mencionaron.
En su escrito, señalan al grupo delictivo de Los Ardillos de ser los perpetradores de los asesinatos y a los alcaldes de estar coludidos y a la Fiscalía General del Estado (FGE) de omisión, por no realizar las investigaciones y detenciones correspondientes.
“Hoy, 17 de enero, se cumplen cinco años de la masacre ocurrida en Mexcalcingo, Chilapa de Álvarez, Guerrero, donde diez de nuestros compañeros y compañeras del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) fueron brutalmente asesinados, torturados y calcinados por el grupo narco-paramilitar Los Ardillos”, acusaron.
Denunció que la FGE a cinco años de los hechos no ha investigado adecuadamente el crimen ni detenido a los responsables, “a pesar de que conocen sus identidades y los lugares en los que viven y operan los líderes de Los Ardillos”, se leía en el comunicado.
El CIPOG-EZ aseguró que Los Ardillos tienen protección de los ayuntamientos de Quechultenango, Chilpancingo, Mochitlán, Chilapa, Tixtla, Juan R. Escudero, Atlixtac, Zitlala, Acatepec, Ayutla de los Libres y Tecoanapa.
“El ataque del 17 enero de 2020 no solo arrebató diez vidas, sino que dejó a ocho viudas y a 23 niños sin padres. Fue un acto diseñado para sembrar terror, para que dejáramos de organizarnos como pueblos, abandonáramos la defensa de nuestros territorios, nuestros usos y costumbres, nuestro sistema de seguridad propia, y nuestro proyecto de autonomía, para que pudieran saquear nuestros territorios y despojarnos de lo que nuestros antepasados lucharon por preservar. Es por esto que el CIPOG-EZ y la CRAC-PF han sido blanco constante de estos grupos narco-paramilitares. Desde 2015, 63 de nuestros compañeros y compañeras han sido asesinados y 22 han sido desaparecidos”, indicaron.
En el escrito, el CIPOG-EZ también cuestionó los discursos sobre la seguridad de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el cuál calificaron como “migajas y promesas vacías”.
“Ahora que la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda recorren nuestro estado de Guerrero y hablan de seguridad y justicia en sus ruedas de prensa, les decimos: ¿Cómo pueden hablar de justicia cuando no han resuelto ninguna de las injusticias que hemos sufrido? Más bien, han permitido que el terror y la violencia se expandan en nuestro Estado… Si quieren hablar de justicia, que lo hagan frente a los niños que quedaron sin padres hace cinco años y que, hasta el día de hoy, siguen esperando que los asesinos enfrenten la justicia. Usted, presidenta, va y viene. Nosotros seguimos viviendo igual, atrapados en esta pesadilla que no cesa”.
Mencionaron también que la presencia del Ejército, Guardia Nacional y Marina no garantiza la seguridad y que es “pura simulación”, ya que la violencia continúa a través de “balaceras, emboscadas, atentados, asaltos, extorsiones, desapariciones, cobro de piso, trata de personas y tortura”.
“La presencia de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina en la zona es pura simulación, ya que los narco-paramilitares siguen operando libremente, controlando el territorio como si fueran los dueños”.
Por último exigieron a las fuerzas de seguridad y a la FGE desmantelar a los grupos delictivos que operan en Guerrero, a los que se refieren como “narco-paramilitares”, y de no hacerlo, piden la renuncia de todas las autoridades tanto locales como federales.
“Buscar justicia es buscar la verdad, y si el gobierno sigue negándose a hacer su trabajo, nosotros, los pueblos dignos que no nos vendemos, tomaremos acción para buscar una solución de justicia y paz para nuestros pueblos”.
En el escrito recuerdan los nombres de las 10 personas asesinadas hace cinco años, quienes son: José Julio Fiscaleño Hilario, 37 años, agricultor, papá de una niña; Cándido Fiscaleño Hilario, 20 años, agricultor, papá de una niña; Crescenciano Migueleño, 37 años, chofer, con dos hijos; Israel Tolentino Ahuelican, 24 años, chofer, policía comunitario de la CRAC-PF; Israel Mendoza Pasado, 15 años, estudiante, hijo único; Regino Fiscaleño Chautla, 27 años, agricultor; Antonio Mendoza Tolentino, 24 años, electricista, iba a ser papá; Florentino Linares Jiménez, 32 años, sin hijos; Juan Joaquín Ahuejote, 42 años, ingeniero de audio, con cuatro hijos; Marcos Fiscaleño Baltazar, 36 años, agricultor, con seis hijos.
Texto: José Miguel Sánchez/ Foto: Archivo
