Ciudad de México, 15 de octubre de 2025.- Reyna María Basilio Ortiz, a quien en el pasado se inhabilitó por 15 años y se ordenó su aprehensión por supuestas irregularidades en contratos de la Línea 12 del Metro, fue designada como nueva titular de la Unidad de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) acordó el nombramiento con fecha a partir del 1 de octubre, aunque se notificó apenas el pasado lunes, señala la circular 7/2025, suscrita por César Mauricio López Ramírez, secretario ejecutivo del Pleno del organismo.
La nueva funcionaria de la Corte fue directora de Administración de Contratos del Proyecto de la Línea 12 del Metro durante el sexenio de Marcelo Ebrard como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
En el 2014, la Contraloría capitalina la inhabilitó por 15 años para ocupar cualquier cargo público y la denunció ante la entonces Procuraduría de la CDMX, porque desde ese cargo presuntamente autorizó en forma ilegal el adeudo de obras no reconocidas de la Línea 12 del Metro por un monto de 478 millones 63 mil 757 pesos.
La querella ante la Procuraduría tuvo como consecuencia que el 3 de julio de 2015, el Juzgado Quinto Penal de Delitos No Graves de la CDMX girara una orden de aprehensión contra Basilio Ortiz por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, por un presunto detrimento de 1 millón 240 mil 197 pesos al patrimonio federal, aunque frenó su captura con una suspensión de amparo.
Basilio combatió legalmente tanto la sanción administrativa como el proceso penal y en abril de 2019, Pemex -donde entonces laboraba- dio a conocer que la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal Contencioso Administrativo de la CDMX anuló la inhabilitación impuesta por la Contraloría capitalina, al no acreditar que la conducta imputada fuera contraria a derecho.
Sobre la causa penal en su contra, no se ha dado a conocer públicamente si logró cancelar dicho procedimiento antes de entrar a la Corte.
En diciembre de 2021, en una entrevista con Radio Fórmula, el empresario Carlos Ahumada dijo que en el 2017 hizo un pacto de silencio para no revelar más información sobre presuntos actos de corrupción de funcionarios del Gobierno de Andrés López Obrador, entre los que incluyó a la ahora funcionaria de la Corte.
“Nada más te pongo, para muestra basta un botón: no quiero hablar de Thalía Lagunes, Oficial Mayor actual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; no quiero hablar de Reyna Basilio, jefa de compras actual de Pemex; no quiero hablar ni dar información sobre Horacio Duarte, director general de Aduanas, y así puedo seguir, son personas hoy del más alto nivel”, dijo en aquella entrevista.
La Unidad de Administración de la Corte, que ahora preside, no responde directamente al Presidente del máximo tribunal del país sino al OAJ, organismo que junto con el Tribunal de Disciplina Judicial sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal.
Tiene atribuciones sobre las compras, recursos humanos y relaciones laborales, inmuebles, obras públicas y tecnologías de la información de la Corte.
Con la reforma judicial, la Corte ya no elaborará su propio proyecto de presupuesto anual para entregarlo a la Secretaría de Hacienda, sino que la citada Unidad ahora será la responsable de aportarle a la SCJN los elementos preliminares para luego enviar el documento al OAJ.
Economista egresada del Instituto Politécnico Nacional, el cargo que Basilio desempeñaba hasta hace unos días era el de Gerente de Operación Norte de la Dirección Metropolitana del Servicio Postal Mexicano (Sepomex).
Antes fue coordinadora de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial de Pemex, donde estuvo encargada de adjudicar contratos, de 2019 a 2020.
Después, desde octubre de 2020 a la fecha, se desempeñó en las áreas administrativas de la Secretaría del Bienestar; el Fondo Nacional de Fomento al Turismo; la Secretaría de Hacienda; el ISSSTE y finalmente Sepomex, al que ingresó apenas el 31 de marzo pasado.
