Ciudad de México, 22 de octubre de 2020. Un juez federal rechazó hoy mantener el servicio de escolta a la familia de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ocho días después de que había ordenado conservar dicha protección.
Juan Carlos Guzmán Rosas, juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, negó a Zerón la suspensión definitiva, como parte de un amparo en el que impugna el retiro de la escolta, que depende de la Fiscalía General de la República (FGR).
Zerón, quien fue jefe de la AIC de 2014 a 2016, está prófugo en Israel y enfrenta una orden de aprehensión por tortura y otros presuntos delitos, durante la indagatoria del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La escolta fue asignada en septiembre de 2016 por la entonces PGR, con vigencia de cinco años, y estaba integrada por 24 agentes de la Policía Federal Ministerial, más cuatro vehículos blindados y cuatro de seguimiento.
El 14 de octubre, el juez había concedido una suspensión provisional para mantener la escolta, en los términos que fue autorizada el 29 de septiembre de 2016.
Sin embargo, luego de que la FGR aparentemente informó al juez que Zerón ya no contaba con escolta cuando promovió el amparo el 8 de octubre, Guzmán Rosas decidió que conceder la suspensión tendría un efecto restitutorio, que no es propio de esta medida cautelar.
El juicio seguirá su curso para resolver si el retiro de la escolta violó algún derecho humano de Zerón o sus familiares, pero llegar a una sentencia final tomará varios meses.
La FGR intentó retirar la escolta el 27 de junio de 2019 y había tratado de reducirla a 15 agentes y tres vehículos desde enero de ese año, alegando razones de austeridad.
En esa ocasión, la jueza Laura Gutiérrez de Velasco concedió una suspensión para mantener la escolta, con base en tres acuerdos confidenciales de sexenios previos, uno del Presidente de la República y dos de PGR, que regulan la protección a ex funcionarios de áreas de seguridad.
La suspensión concedida por Gutiérrez fue revocada el pasado 18 de septiembre por el Sexto Tribunal Colegiado Administrativo, lo que permitió a FGR cancelar la escolta, y la jueza desechó ese amparo el 2 de octubre porque Zerón no se presentó a una diligencia para certificar la autenticidad de su firma.
La FGR afirma que los acuerdos de años anteriores sobre escoltas no le aplican, porque ahora es un órgano autónomo.
En particular, el Acuerdo para la Protección de Servidores Públicos y Ex Servidores Públicos cuya Seguridad es Relevante en Materia de Seguridad Pública o Seguridad Nacional, emitido por el titular del Ejecutivo Federal en fecha desconocida, que es confidencial.
Según este acuerdo, la protección debe ser solicitada por medio de la Secretaría de Gobernación y autorizada personalmente por el Presidente de la República, y la FGR considera que Zerón debió hacer nuevamente este trámite.
Texto: Reforma Foto: Archivo
