No hay ningún documento que acredite que la magistrada en retiro hubiese sido informada de la existencia de los videos que supuestamente perdió o destruyó, dice su defensor. Valida tribunal la “verdad histórica”; no hay elementos para sostener que es una “maquinación”
Ciudad de México y Acapulco, Guerrero, 22 de mayo de 2025. Una jueza federal dictó la formal prisión a la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG) Lambertina Galeana Marín, en la causa penal en la que le imputan la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Raquel Duarte Cedillo, Juez Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca, Estado de México, resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los indicios suficientes para procesar a la magistrada en retiro por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada de personas.
Con este resolutivo, la magistrada en retiro continuará internada en el Centro Federal de Reinserción Social Femenil Número 16, en Coatlán del Río, Morelos, al menos durante el trámite de su procedimiento penal.
Su defensor, José Luis García Miranda, adelantó que en breve presentará un recurso de apelación contra el fallo de la juzgadora y también pedirá en paralelo una audiencia para solicitar la libertad provisional o la prisión domiciliaria.
A la ahora procesada la acusan de la supuesta omisión que habría ocasionado la pérdida, ocultamiento o destrucción de los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.
Estos registros visuales habrían grabado el momento en que policías locales interceptaron uno de los autobuses con los normalistas la noche en que fueron desaparecidos.
El abogado de la procesada cuestionó el auto de formal prisión porque el TSJEG rindió un informe a la jueza Duarte Cedillo, en el que informa que no existe documento alguno que acredite que Galeana Marín hubiese sido informada de la existencia de los videos que le acusan haber perdido o destruido.
Además, los técnicos en sistemas Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe declararon a la entonces PGR que el 27 de septiembre de 2014 trataron de guardar los videos en una memoria USB, pero los archivos estaban dañados.
De hecho, uno de los funcionarios manifestó que antes de cumplirse el plazo de 15 días para reutilizar el disco, uno de ellos también intentó 4 veces guardar los archivos en un disco duro y tampoco lo consiguió, por el daño que habían sufrido por los apagones de electricidad.
“Eso acredita que nunca tuvo conocimiento de estos hechos, le imputan una conducta dolosa, sin embargo no hay señalamiento de ninguna persona en su contra, se entera de esos videos hasta el 14 de julio de 2015, nueve meses después de los hechos, cuando se presenta el Ministerio Público Federal y le pide autorización para hacer una inspección y se lleva el disco duro”, dijo García.
“En conclusión, le imputan que fue omisa de algo que no tuvo conocimiento que existía y que fue destruido y que por esa simple razón es responsable de la desaparición de los 43 normalistas; es contradictoria la FGR, porque por un lado le atribuye destruir evidencia, pero a la hora de justificar dice que fue omisa. Es muy distinta la imputación de la justificación, estamos cayendo en un sinsentido para calmar los ánimos de injusticia que prevalecen en el caso Ayotzinapa”.
El proceso iniciado a Lambertina Galeana Marín deriva de una orden de aprehensión girada originalmente en el 2022, pero que estuvo vigente durante menos de un mes, ya que la FGR, en aquel momento, se desistió de la acción penal.
El pasado 29 de abril la Fiscalía volvió a pedir su captura por el mismo expediente y al día siguiente fue ordenada por la jueza Duarte Cedillo. Con base en ese mandato judicial, Galeana fue aprehendida el pasado 14 de mayo.
“Es una asunto de la federación”: presidente del TSJ sobre la detención de Lambertina
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Ricardo Salinas Sandoval, evitó opinar sobre la detención de la ex magistrada Lambertina Galeana Marín, relacionada con el caso Ayotzinapa, argumentando que es un asunto de competencia federal.
Salinas Sandoval informó que hay nueve vacantes de magistrados en las diversas salas y están en espera que lleguen los nuevos, y aseguró que esa situación no ha afectado su funcionamiento porque están cubiertos con jueces.
En breves declaraciones en Acapulco al acudir al 15 aniversario del Centro de Convivencia Familiar Supervisada (Cecofam), a Salinas Sandoval se le preguntó de la presunta destrucción de los videos de la noche del 26 de septiembre del 2014 en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala –cuando desaparecieron los 43 normalistas–, ordenada presuntamente por Galeana Marín, entonces presidenta del TSJ, a lo que respondió: “no me consta nada de eso, yo no puedo declarar nada de eso”.
A pesar de que se le insistió para que diera su opinión de si la detención dejaba en entredicho el actuar del TSJ, el presidente magistrado contestó tajante: “No sé si lo deje en entredicho, lo que estoy diciendo es que no es competencia mía, es de la Federación”.
La ex magistrada del TSJ, Lambertina Galeana Marín, de 79 años de edad, fue arrestada el miércoles de la semana pasada en una vivienda en Chilpancingo, con base en una orden de aprehensión que le reactivaron el pasado 30 de abril.
A Galeana le imputan la supuesta omisión que habría ocasionado la pérdida o posible ocultamiento de los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.
Estos registros visuales habrían grabado el momento en que policías locales interceptaron uno de los autobuses con los normalistas la noche en que fueron desaparecidos.
El TSJ informó en aquel entonces que los videos habían sido entregados el 24 de julio de 2015 a la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, pero no aparecieron en el expediente y la FGR consideró que su ocultamiento contribuyó a la desaparición de los 43 estudiantes.
En su mensaje en el acto, el magistrado Salinas Sandoval habló de la importacia de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada porque nacieron de la “necesidad urgente de humanizar la justicia y acompañar con sensibilidad los proceso familiares más complejos”. Aseguró que ese centro ha demostrado que se puede hacer justicia con empatia, con enfoque en la niñez, y más que un centro, es “un refugio para niñas y niños, así como adolecentes cuyas familias están atravesando procesos de separación o en situación de conflicto. Un puente para el restablecimiento de vínculos y una herramienta fundamental para garantizar el derecho de convivencia en condiciones seguras, estables y dignas”.
Anunció la apertura de nuevos centros en las regiones donde hacen falta, como es Tlapa, a donde ya se tienen destinados un millón 500 mil pesos para su construcción; en Tierra Caliente, que ya tiene el inmueble y se hacen adecuaciones para hacerlo funcionar. Mientras que en Zihuatanejo el gobierno municipal ofreció un predio para la construcción de un centro, entre otros.
Añadió que están convencidos que trabajar por las familias es trabajar por la paz, así como el tejido social que tanto se necesita reconstruir. En el acto estuvo la encargada de despacho de la Secretaría de Gobierno, Anacleta López.
Valida tribunal la “verdad histórica”; no hay elementos para sostener que es una “maquinación”
Un tribunal federal estableció que hasta hoy no existen elementos para afirmar que es falsa la “verdad histórica” del Caso Ayotzinapa y tampoco hay elementos para sostener que es una “maquinación” de funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR).
Al resolver un amparo de Blanca Alicia Bernal Castilla, ex Fiscal de la Unidas Antisecuestros de la FGR, en contra de su proceso, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México concluyó que no está acreditada ninguna otra versión, distinta a la sostenida por la gestión del procurador Jesús Murillo Karam.
De acuerdo con el colegiado, para desacreditar la “verdad histórica”, la Unidad Especiali-zada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) tendría que localizar los restos de los normalistas en un lugar distinto al Río San Juan, en el municipio de Cocula, Guerrero.
“Ese diverso lugar que se requiere para estimar que la versión conocida como verdad histórica, hasta la fecha no se advierte que sea falsa si, como acontece, no está acreditado que exista otra versión que corresponda con la realidad”, dice el fallo dictado con base en el proyecto de sentencia de la magistrada Elisa Macrina Álvarez Castro.
“En esas condiciones, no es factible establecer que la ‘verdad histórica’ que sostiene el Ministerio Público, la maquinó la quejosa (Blanca Alicia Bernal) junto con diversos servidores públicos y que no corresponda con la realidad, pues para sostener que es falsa, es necesario que no se ajuste con la realidad; lo que significa que las víctimas fueron localizadas en un diverso sitio, el cual era del conocimiento de la peticionaria de amparo, lo cual no acontece en la especie, al no haberlo demostrado la representación social; pues no se advierte que hayan sido localizados en un lugar diverso”.
La “verdad histórica” es la versión del Caso Ayotzinapa dada a conocer el 27 de enero de 2015 por Murillo Karam, que concluye que los 43 normalistas fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos tirados al Río San Juan.
Los perpetradores, según esta narrativa, fueron agentes de las Policías Municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, quienes presuntamente detuvieron a los estudiantes y los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían ejecutado e incinerado.
Esta versión empezó a ser desmontada legalmente por un fallo dictado en el 2018 por el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, que dio por ciertas todas las denuncias de tortura de los detenidos y anuló sus confesiones y testimonios, porque no les practicaron el Protocolo de Estambul en un plazo de 10 días.
Ahora ese criterio en los tribunales parece revertirse.
En la sentencia del Décimo Tribunal Colegiado Penal en la CDMX, los Magistrados hicieron un posicionamiento inédito en el que establecen que el hecho de que algunos testigos pudieran haber sido torturados para declarar, no implica que la versión de los hechos de la FGR sea falsa, a la luz de otros elementos de prueba.
“Es así, ya que no debe soslayarse que el hecho de que los detenidos hayan sido presionados para declarar en la forma que se afirma lo hicieron y que jurídicamente sus versiones pudieran carecer de eficacia probatoria, ello no implica que en el mundo fáctico su versión de los hechos necesariamente, no corresponda con la realidad”, dice el fallo.
“Además, para poder sostener que lo que el Ministerio Público denomina como ‘verdad histórica’, constituye una versión ajena a los hechos ocurridos, hace necesario acreditar que se cuenta con una versión que sí es genuina con lo que ocurrió en el mundo fáctico”.
“Por lo que debe haber diferencia no sólo de matices, sino totalmente discrepantes, ya que de lo contrario, todo aquello que se investiga inicialmente y si concluye con un hecho, sujeto a demostrarse plenamente con posterioridad, si durante la secuela procesal, es desvirtuada, sería considerada como una conducta ilícita, lo cual jurídicamente es inadecuado”.
El tribunal dice no soslayar la opinión que pudiera emitir el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense, respecto al hallazgo de restos óseos, pero aclara que sus peritajes no echan abajo la “verdad histórica”.
“Empero, ello es irrelevante, toda vez que de ser el caso que reúnan los requisitos técnicos de una pericial, únicamente constituyen meras opiniones de conocedores en la materia; sin embargo, ello no implica la existencia de una verdad plenamente acreditada, que desvirtué la versión conocida como verdad histórica, pues para que logre desvirtuarla tendrían que localizarse a los desaparecidos en un lugar diverso”, señala.
Texto: Agencia Reforma y Karina Contreras/ Foto: El Sur
