Ciudad de México, 20 de junio de 2024. Una jueza federal dictó la formal prisión a Fidencio Hernández Cortés, policía de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, por supuestos vínculos con Guerreros Unidos, grupo criminal que desapareció a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Raquel Duarte Cedillo, jueza segunda de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, inició el juicio al agente estatal por el delito de delincuencia organizada, al estimar que la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció los indicios suficientes del delito, informaron fuentes judiciales.
El caso de Hernández Cortés ha resultado controversial, porque el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero (2011-2014), Ramón Almonte Borja, aseguró públicamente que el agente es inocente.
Almonte señaló en un documento que conoció de cerca a Fidencio, porque en los primeros días de junio de 2011 el policía trabajó con el entonces funcionario como agente de seguridad, hasta septiembre de 2021.
Agregó que Fidencio nunca ha estado asignado como policía estatal en Iguala. Pidió al juzgado de la causa que dicte auto de libertad a favor del agente. A la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le solicitó que no le suspenda el pago de su salario, “es necesario que se lo pague por que él es el único sostén de su familia”.
El fallo, dictado el pasado domingo y notificado al día siguiente, también impone la prisión preventiva al acusado por tratarse de un delito grave, razón por la que Hernández continuará preso en el penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, al menos hasta que consiga el cambio de medida cautelar.
La causa
El agente estatal fue detenido la madrugada del pasado jueves por la Policía Federal Ministerial de la FGR en el municipio de Zitlala, Guerrero, con base en una orden de aprehensión librada el 19 de agosto de 2022 por el juzgado que ahora lo ha procesado penalmente.
Es la misma causa penal en la que se giraron inicialmente 83 órdenes de aprehensión contra militares, ex alcaldes, ex funcionarios y municipales, así como miembros de Guerreros Unidos, por el caso Ayotzinapa.
Algunos de esos acusados son José Luis Abarca, ex edil de Iguala, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, hoy sujetos a juicio en el mismo asunto.
Hernández es parte del grupo de 11 elementos de la SSP de Guerrero, entre ellos su entonces titular Leonardo Octavio Vázquez Pérez, contra quienes se libraron las órdenes de captura.
La acusación a Hernández deriva de testimonios rendidos desde 2020 por integrantes de Guerreros Unidos que se convirtieron en testigos protegidos de la FGR.
Uno de ellos es Gildardo López Astudillo, El Gil, quien declaró bajo el nombre clave Juan y dijo que el grupo delictivo pagaba una nómina a miembros de corporaciones de los distintos niveles de gobierno y en la que estaban incluidos agentes estatales.
Este testigo asegura que su organización delictiva pagaba 80 mil pesos mensuales a los mandos de la Policía Estatal, 15 mil a los subordinados de José Adame, coordinador de esa corporación, y 10 mil a los agentes que patrullaban Iguala.
Texto: Agencia Reforma / Foto: Archivo-Jessica Torres Barrera
