Los maestros se niegan a reanudar labores ante la inseguridad y amenazas, y los padres no quieren enviar a sus hijos a estudiar, afirma el presidente del Colectivo Siempre Vivos, José Díaz. Considera que no hay condiciones para reanudar las clases el próximo lunes, como anunció la SEG. El líder de Los Ardillos, Celso Ortega tiene bajo su total dominio el municipio, y su hermano el político perredista Bernardo protege a su familia, señala. Hay más de 600 planteles educativos cerrados en la región y 60 mil estudiantes sin ir a las aulas, dice el Centro Morelos. El servicio de camionetas de pasajeros a Chilpancingo se suspendió totalmente en septiembre y octubre, tras el asesinato de choferes, y no se ha regularizado
Nota: Zacarías Cervantes
Foto: José Luis de la Cruz
Chilpancingo, Guerrero.- La imparable violencia por la disputa del territorio entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos afecta directamente ya a toda la población de Chilapa, donde no hay actividades escolares y se ha interrumpido el servicio de transporte público.
Ante la inseguridad y amenazas del crimen organizado a maestros, se mantienen cerradas las escuelas desde hace seis semanas en los municipios de Chilapa, Ahuacuotzingo y Zitlala, mientras que el servicio de camionetas en la ruta Chilapa-Chilpancingo se interrumpió en septiembre y octubre tras una ola de asesinatos de choferes, y no se ha normalizado.
En este contexto de violencia la Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) envió un enésimo oficio, el 1.0.1/2017/2808, de fecha 28 de octubre, a los maestros de la región Montaña Baja en el que les notifica que la “suspensión temporal de clases” que se autorizó para la revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas se termina el próximo lunes 6 de noviembre.
Sin embargo, el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro, aseguró que la suspensión de clases que lleva ya seis semanas no es por la “revisión de las condiciones estructurales” de las escuelas, sino porque los maestros se niegan a ir a sus centros de trabajo ante el riesgo de violencia, e igual los padres de familia no quieren enviar a sus hijos.
Díaz Navarro, quien es maestro jubilado, dijo que debido a la violencia no hay condiciones para que los maestros regresen a sus centros de trabajo el próximo lunes.
Por su parte, el vocero de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, en declaraciones publicadas ayer en este diario dijo que no existe una operación de seguridad específica para atender la demanda de profesores que suspendieron clases en Chilapa. Sin embargo, consideró posible que este lunes se reanuden las labores en los planteles educativos.
“Estoy convencido de que existen acciones por pare de la SEG que buscan generar las condiciones de seguridad para que las escuelas puedan abrir este próximo lunes”, indicó.
El oficio dirigido al “sector educativo de la región Montaña Baja”, firmado por el director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEG, José Abraham Godínez Maldonado, establece que los trabajos de revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas de esa región “lleva un avance significativo, y que en fechas próximas estaremos en posibilidades de concluir”.
Con fecha del 28 de octubre el funcionario notificó a los maestros de esa región que, “con la finalidad de continuar garantizando la seguridad e integridad de quienes conforman nuestro sector en las instituciones y centros de trabajo que aún no han sido visitados, se hace de su conocimiento que se extiende la suspensión temporal de clases hasta el 6 de noviembre, por lo que durante estos días quedarán sin efecto los retardos y faltas del personal docente y administrativo de las escuelas en el supuesto ya mencionado”.
Antes de este documento la autoridad de la SEG había enviado otros tres oficios en los que ha prorrogado la normalización de las clases en esos tres municipios. En ellos se ha esgrimido la misma causa: la revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas.
Pero Díaz Navarro dijo que el problema por el que las escuelas están cerradas desde hace seis semanas no es el sismo, “definitivamente el problema es por la inseguridad pero están agarrando como excusa que es por el sismo”, afirmó el maestro jubilado.
Aseguró que las escuelas de esta zona de la Montaña Baja quedaron “totalmente a salvo” de los daños del sismo, y denunció que “aquí lo que está presente es la mano de la delincuencia, son las amenazas a los maestros, a la sociedad, a todo Chilapa”.
El presidente del Colectivo Siempre Vivos señaló concretamente que quien “está metiendo la mano es (el líder del grupo criminal Los Ardillos) Celso Ortega Jiménez, quien está amenazando y ya tiene bajo su total dominio a todo el municipio de Chilapa, es él el que está metiendo las manos para adueñarse del transporte y ahora se está adueñando hasta de las vidas de los habitantes del municipio de Chilapa, de las escuelas, y no hay quien lo pare, y aquí hay complicidad de (su hermano el político perredista) Bernardo Ortega Jiménez quien está protegiendo a su familia”.
Los municipios de la Montaña Baja se vieron afectados por la violencia desde el 15 de septiembre cuando los sitios de transporte público de las empresas Morelos y Transportes de la Montaña, que cubren la ruta Chilapa-Chilpancingo, suspendieron temporalmente su servicio debido a la violencia que azota al municipio.
Los choferes de las Urvan se negaron a prestar el servicio luego de que la tarde del día anterior cerca de la comunidad del Ahuejote, municipio de Tixtla, un chofer del sitio Morelos fue asesinado por hombres armados. Antes, el 1º de septiembre, tres choferes de ambas empresas fueron ejecutados en la comunidad de Zoquiapa, municipio de Tixtla. Desde entonces continúan las ejecuciones de los transportistas y el servicio no se ha regularizado.
Mientras tanto, las escuelas comenzaron a cerrar a partir de los primeros días de octubre, cuando varias camionetas con hombres armados comenzaron a recorrer las calles de Chilapa y de comunidades vecinas. La situación se agravó el 12 de octubre. Desde la mañana los vecinos de las áreas del centro de la cabecera municipal reportaron a hombres armados, encapuchados y a bordo de camionetas que circulaban por varias calles, lo que provocó el pánico que vació la plaza cívica y obligó a la suspensión de clases.
En la tarde el gobierno estatal por medio de su vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia aclaró que recorrió la cabecera municipal personal de seguridad.
Sin embargo las amenazas de un grupo del crimen organizado a los maestros para que suspendieran clases continuaron y entonces la SEG, a través del director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEG, José Abraham Godínez Maldonado, comenzó a enviar oficios al personal de las escuelas de la Montaña Baja autorizando la “suspensión temporal” y anunciando que “quedarán sin efecto los retardos y faltas del personal docente y administrativo de las escuelas”. Las prórrogas a esta suspensión se han dado en tres ocasiones y la última fue mediante oficio del 28 de octubre ampliando la suspensión de clases hasta este próximo 6 de noviembre.
La zozobra de los maestros, choferes y vecinos de estos tres municipios es justificada. En los últimos dos años han estado sometidos a una violencia que no cesa, como consecuencia de la guerra entre dos grupos del crimen organizado que se disputan el territorio. Los tres niveles de gobierno han reconocido que estos grupos son Los Ardillos y Los Rojos.
Ejecutados por la narcoviolencia
La guerra entre estos dos grupos, según un recuento del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, dejó desde 2016 a septiembre de 2017, 282 víctimas sólo en Chilapa, de las cuales 22 fueron mujeres.
El registro de hechos violentos en este año son, en enero 15 ejecutados y dos desmembrados, en febrero 14 ejecutados y un desmembrado. Mientras tanto en marzo la criminalidad aumentó considerablemente y el organismo registró 15 ejecutados, dos desmembrados, 12 calcinados y un decapitado. En abril 13 ejecutados, dos desmembrados y dos decapitados, en mayo cinco ejecutados, cuatro desmembrados, tres calcinados, 15 decapitados y un herido.
En junio se contabilizaron 24 ejecutados, un decapitado, un lapidado y dos heridos, en julio 15 ejecutados, cinco desmembrados, tres decapitados y ocho heridos. En agosto seis ejecutados, tres desmembrados, un ahorcado, un decapitado y se halló una cabeza, en septiembre ocho ejecutados, un herido y el hallazgo de bolsas con restos humanos y no se confirmó a cuantos cadáveres correspondieron estos restos.
Mientras tanto el recuento desde el 2016 es de ocho secuestrados, 26 heridos, 41 desaparecidos y 205 asesinados, de los cuales 23 fueron decapitados, 68 ejecutados con arma de fuego, seis calcinados, 16 desmembrados, y 33 murieron en enfrentamientos.
Asimismo se hallaron cuatro osamentas y 56 restos de cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas.
Además de la cabecera municipal, las acciones violentas se han presentado en Acalco, Acatlán, Acazacatla, Ahuihuiyuco, Ajacayán, Atzacoaloya, Ayahualco, Corral de Piedra, El Limón, El Paraíso, Lodo Grande, Los Magueyes, Nejapa, Tepehuizco, Tetitlán de la Lima, Tlalxingan, Xochimilco y Zizicazapa.
Mientras tanto un recuento de El Sur publicado en la edición del 2 de noviembre, destaca que de las 194 personas asesinadas en Guerrero en el mes de octubre ocurrieron en Chilapa 25 de ellas, cifra solamente superada por Acapulco en donde ocurrieron 71 asesinatos y en Zitlala fueron cinco.
Para el Centro Morelos las estrategias de las autoridades responsables de garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad, en esta zona son rezagadas, “y sólo abonan a la simulación, pues a pesar de que se encuentran repletos de policías estatales, y militares, la criminalidad se incrementa. Todos los días hay cuerpos trasladados al Servicio Médico Forense asesinados”, dijo en un diagnóstico de la violencia en la zona.
“Chilapa se distingue por ser uno de los municipios más militarizados y con el mayor número de policías, pero también con el mayor índice de criminalidad, actualmente, a nueve meses del presente año hay alrededor de 220 asesinados y más de 100 desaparecidos que no se explican si no se toma en cuenta la corrupción y complicidad de gobernantes y autoridades de los tres niveles con los diferentes grupos que se disputan el control del territorio”, dijo en su escrito el organismo.
Destacó que para nadie es un secreto la crisis que se ha vivido en el sector del transporte público, el cual después de sufrir el asesinato de varios choferes y el incendio de diversas unidades, han suspendido por varios días y en distintos momentos el servicio, ocasionando graves daños económicos para las familias de los usuarios como de los choferes”.
Añadió que algo más grave aún, es que el accionar de los grupos de la delincuencia organizada “han provocado por medio de amenazas que más de 600 planteles educativos de la Montaña Baja se encuentran cerrados desde el 20 de septiembre (un día después del sismo) y que alrededor de 60 mil estudiantes no hayan tenido clases”.
El organismo subrayó que la SEG sigue manejando la “justificación ya absurda” del sismo del 19 de septiembre “insultando con ello la inteligencia de la ciudadanía”.
