La abogada que lleva los casos de género y violencia de la organización critica que pese a la creación de protocolos, éstos no son atendidos como debe ser
Tlapa, Guerrero, 29 de julio de 2022. En la región Montaña, de enero a la fecha se han documentado ocho feminicidios, en el registro que tiene el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, aunque en las carpetas de investigación del Ministerio Público son iniciadas como homicidios.
La abogada de Tlachinollan que lleva los casos de género y violencia, Neil Arias Vitinio, lamentó el aumento de feminicidios y criticó que pese a la creación de protocolos por las instituciones, éstos no son atendidos como deben ser y los casos de feminicidio son iniciados como homicidios.
A eso se suma que las investigaciones periciales o ministeriales no son efectivas, porque desde que ocurren los hechos hay omisión de los intervinientes para rescatar los indicios, no procesan las pruebas elementales o contaminan el lugar de los hechos.
Además, en las líneas de investigación no se piden de inmediato los números telefónicos o comunicación previas al hecho, ni se procesan las pruebas usadas, como machetes, navajas o la vestimenta de las víctimas.
Los informes policiales o ministeriales son deficientes o con errores, porque no están calificados.
Arias Vitinio agregó que a eso se suma que no hay perspectiva de género para los casos ni pertinencia cultural cuando matan a mujeres indígenas, para que sean atendidas en su lengua.
Menores en la indefensión en Tlalquetzalapa
Para la abogada, los feminicidios dejan graves secuelas en los hijos, sobre todo los menores de edad, como en el caso de Kenia que padecía violencia por su esposo y que finalmente, de acuerdo con los testigos, la asesinó el pasado 26 de julio en la casa de su hermana mayor, Avelina, a quien también mató por pedirle que saliera de su casa. Ahí quedaron siete huérfanos.
Neil Arias argumentó que Tlachinollan lleva nueve procesos legales por feminicidios, donde encontraron que no hay un protocolo de atención para niños huérfanos que han sido afectados psicológicamente, donde sus vidas se truncan porque dejan la escuela o “se quedan en la indefensión, porque el Estado no garantiza sus derechos”.
También bien los menores son arrebatados o entregados a la familia de los feminicidas, porque le tienen miedo al agresor, que anda libre y en cualquier momento regresa para atentar contra la familia. La prueba es que ya cometió un asesinato.
Agregó que eso pasa porque no hay avances en las carpetas de investigación con la detención de los agresores, que cometen más hechos de violencia, porque no son castigados.
Remarcó: “De los nueve casos que llevamos por feminicidio, hay cinco órdenes de aprehensión no ejecutadas, por lo que no hay detenidos, y de los otros cuatro no hay avances. Estos son de 2014 a 2017.
Compartió que hace unos meses fue detenido un responsable de homicidio, que asesinó a su esposa con una escopeta en la colonia Las Mesas, de Tlapa.
El feminicidio y sus dificultades
En los feminicidios de las mujeres nahuas Kenia y Avelina, la abogada adelantó que tenía entendido que las autoridades del Ministerio Público acudieron a la comunidad y que por ser delito grave, la carpeta de investigación la iniciarían por oficio, aunque seguramente lo asentarán por homicidio, no por feminicidio.
Esto, pese a que el Sistema Nacional de Seguridad estableció desde 2018, una circular en que en todos los casos de muerte violenta de mujeres se tiene que aplicar el protocolo de feminicidio y el Ministerio Público está obligado a descartar si es o no, “el problema es que el Ministerio Público siempre inicia las carpetas por homicidio, no aplica el protocolo por feminicidio”.
Luego, se lleva un proceso largo y costoso, ejemplificando con que los cuerpos de Kenia y Avelina no fueron llevados al Semefo en Chilpancingo, para la necropsia, porque los gastos los asumiría la familia, más los gastos del sepelio, pero aquí no había adultos y quien se puso al frente tampoco lo consideró importante, porque para ellos ya hay un responsable de los crímenes.
Sin embargo, para la justicia debe haber testimonios y testigos de qué, cómo y dónde pasaron las cosas. Si se dice que Avelina y Kenia fueron asesinadas a balazos, se debe comprobar qué tipo de armas y calibres se usaron. En el seguimiento al caso, en algún momento se pedirá al juez de control una autorización para la exhumación y necropsia de los dos cuerpos, lo que va implicar un trabajo mayor.
“Eso las familias no lo saben y más cuando están atravesando el dolor. Pero es algo elemental, que les deben decir. Es necesario que se haga la necropsia, como una prueba para buscar la justicia y debe acreditarse con un dictamen cómo murieron”.
Agregó que por eso es importante que haya un Semefo en la región Montaña, para que las familias tengan acceso a la justicia.
Texto: Carmen González Benicio
