Texto: DPA/ Foto: Cuartoscuro- Archivo
Miami, Florida, 21 de junio de 2018. La separación de miles de niños de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México fue frenada por el presidente Donald Trump, quien advirtió, sin embargo, que no dejará de perseguir por la vía criminal a quienes quieran entrar ilegalmente a su país.
El nuevo decreto pone fin a la división de las familias, permite que los niños y niñas se queden con sus padres detenidos y bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional y deja en el limbo a los que ya están lejos de sus progenitores.
Los más de 2 mil 300 pequeños, provenientes en su mayoría del violento Triángulo del Norte centroamericano (El Salvador, Honduras y Guatemala), que fueron apartados viven hoy una situación de incertidumbre debido a que todavía no se sabe la forma como reunificarán a las familias y cuánto tiempo tomará hacerlo.
“Las dudas sobre el nuevo encierro, porque esos niños van a seguir encerrados, son infinitas”, asegura a dpa Virginia Gutiérrez, una mexicana que llegó hace más de dos décadas a Estados Unidos como turista y se quedó. “No le creo nada a Trump”, insiste la mujer a las afueras del “Homestead Branch”, uno de los albergues adonde cientos de menores han llegado desde abril.
Para Gutiérrez, el decreto que da marcha atrás a la política de “cero tolerancia”, por la que fueron separados los niños de sus progenitores después de que estos recibieran cargos criminales y fueran enviados a cárceles, “no es más que otra estrategia de este señor (Trump)”.
El “Homestead Branch” está ubicado a unos 50 kilómetros al sur de Miami junto a una base de la Fuerza Aérea y reabrió sus puertas hace pocos meses tras el cierre en el Gobierno del presidente Barack Obama. Medios locales han calculado que el costo de su funcionamiento ronda los 300 millones de dólares anuales.
“Hasta no ver, no creer”, insiste conmovido Martin Levine, un abogado y activista de 62 años que desde hace días aguarda en la entrada del albergue temporal de menores inmigrantes del sur de Florida.
El Departamento de Sanidad y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), recibió bajo la política de “cero tolerancia” a los pequeños en albergues que se extienden por estados como Texas, Florida, Virginia, Nueva York y Carolina del Sur, adonde llegan en vuelos comerciales de aerolíneas como American Airlines y Unites, que son pagados por el Estado.
Las imágenes de niños en jaulas llorando y preguntando por sus padres en un centro temporal de Texas fueron determinantes en la polémica. Por esa razón, legisladores y ciudadanos de Florida decidieron presionar durante varios días a las afueras del “Homestead Branch” para saber las condiciones de los pequeños allí.
El hogar del sur de Florida, en donde hay cerca de 1.000 niños que fueron separados en la frontera o que cruzaron solos, está rodeado por una lona de color negro que impide ver su interior y tiene en su fachada muros de color arena. La seguridad en el lugar es extrema y el acceso de particulares, ni si quiera de voluntarios, está prohibido.
El HHS reveló fotografías y un video sin audio de su interior. En las imágenes salen los menores -que aparentan todos más de 12 años de edad-cubriendo sus rostros, comiendo, pintando, haciendo operaciones matemáticas, viendo televisión y jugando. Los avisos a lo largo de los pasillos son en español y la supervisión es similar a la que reina en cualquier centro carcelario.
Las caminatas en fila, el silencio, las habitaciones compartidas entre seis o más y la división de género son algunas de las reglas que se deben cumplir al interior.
“Estos niños tienen miedo, están solos, se sienten desamparados. Ellos no entienden las leyes de este país. Esto es inhumano y perverso”, opinó por su parte Nora Sandigo, directora de una fundación que lleva su nombre y que ha tenido contacto con al menos 70 pequeños del albergue de Homestead.
Después de la separación, la incertidumbre sobre el futuro sigue latente para los miles de pequeños y sus padres, aseguró la directora de la Comisión de Derechos Migratorios y Justicia para Mujeres Refugiadas, Michelle Brané.
“La orden ejecutiva que el presidente Trump firmó no es una solución. Primero, hay más de 2 mil ya separados de sus padres; y segundo, la medida encarcela a las familias completas”, señala Brané en un comunicado.
(En la imagen se muestra a un padre abrazando a su hija a su llegada a la frontera México-EU durante la caravana migrante en abril)
El nuevo decreto pone fin a la división de las familias, permite que los niños y niñas se queden con sus padres detenidos y bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional y deja en el limbo a los que ya están lejos de sus progenitores.
Los más de 2 mil 300 pequeños, provenientes en su mayoría del violento Triángulo del Norte centroamericano (El Salvador, Honduras y Guatemala), que fueron apartados viven hoy una situación de incertidumbre debido a que todavía no se sabe la forma como reunificarán a las familias y cuánto tiempo tomará hacerlo.
“Las dudas sobre el nuevo encierro, porque esos niños van a seguir encerrados, son infinitas”, asegura a dpa Virginia Gutiérrez, una mexicana que llegó hace más de dos décadas a Estados Unidos como turista y se quedó. “No le creo nada a Trump”, insiste la mujer a las afueras del “Homestead Branch”, uno de los albergues adonde cientos de menores han llegado desde abril.
Para Gutiérrez, el decreto que da marcha atrás a la política de “cero tolerancia”, por la que fueron separados los niños de sus progenitores después de que estos recibieran cargos criminales y fueran enviados a cárceles, “no es más que otra estrategia de este señor (Trump)”.
El “Homestead Branch” está ubicado a unos 50 kilómetros al sur de Miami junto a una base de la Fuerza Aérea y reabrió sus puertas hace pocos meses tras el cierre en el Gobierno del presidente Barack Obama. Medios locales han calculado que el costo de su funcionamiento ronda los 300 millones de dólares anuales.
“Hasta no ver, no creer”, insiste conmovido Martin Levine, un abogado y activista de 62 años que desde hace días aguarda en la entrada del albergue temporal de menores inmigrantes del sur de Florida.
El Departamento de Sanidad y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), recibió bajo la política de “cero tolerancia” a los pequeños en albergues que se extienden por estados como Texas, Florida, Virginia, Nueva York y Carolina del Sur, adonde llegan en vuelos comerciales de aerolíneas como American Airlines y Unites, que son pagados por el Estado.
Las imágenes de niños en jaulas llorando y preguntando por sus padres en un centro temporal de Texas fueron determinantes en la polémica. Por esa razón, legisladores y ciudadanos de Florida decidieron presionar durante varios días a las afueras del “Homestead Branch” para saber las condiciones de los pequeños allí.
El hogar del sur de Florida, en donde hay cerca de 1.000 niños que fueron separados en la frontera o que cruzaron solos, está rodeado por una lona de color negro que impide ver su interior y tiene en su fachada muros de color arena. La seguridad en el lugar es extrema y el acceso de particulares, ni si quiera de voluntarios, está prohibido.
El HHS reveló fotografías y un video sin audio de su interior. En las imágenes salen los menores -que aparentan todos más de 12 años de edad-cubriendo sus rostros, comiendo, pintando, haciendo operaciones matemáticas, viendo televisión y jugando. Los avisos a lo largo de los pasillos son en español y la supervisión es similar a la que reina en cualquier centro carcelario.
Las caminatas en fila, el silencio, las habitaciones compartidas entre seis o más y la división de género son algunas de las reglas que se deben cumplir al interior.
“Estos niños tienen miedo, están solos, se sienten desamparados. Ellos no entienden las leyes de este país. Esto es inhumano y perverso”, opinó por su parte Nora Sandigo, directora de una fundación que lleva su nombre y que ha tenido contacto con al menos 70 pequeños del albergue de Homestead.
Después de la separación, la incertidumbre sobre el futuro sigue latente para los miles de pequeños y sus padres, aseguró la directora de la Comisión de Derechos Migratorios y Justicia para Mujeres Refugiadas, Michelle Brané.
“La orden ejecutiva que el presidente Trump firmó no es una solución. Primero, hay más de 2 mil ya separados de sus padres; y segundo, la medida encarcela a las familias completas”, señala Brané en un comunicado.
(En la imagen se muestra a un padre abrazando a su hija a su llegada a la frontera México-EU durante la caravana migrante en abril)
