Llama a que se elaboren leyes y se apliquen políticas para desmontarla. El miércoles 8 se reunirán padres de los 43 normalistas con el fiscal Gertz Manero, y el 9 con López Obrador para conocer avances de las investigaciones, informa el abogado.
Chilpancingo, Guerrero, 4 de enero de 2020. El abogado de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra coincidió con el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que el de Ayotzinapa es la ilustración de un caso extremo de colusión entre el Estado y el crimen organizado basada en la corrupción de funcionarios públicos y dijo que el gobierno de México debe de sentirse interpelado e implementar medidas legislativas, políticas públicas y administrativas para desmontarla.
Este jueves se informó que en su informe Corrupción y derechos humanos la CIDH expone que en estos casos de colusión, “la corrupción pasa a ser parte del actuar cotidiano, desviando completamente al Estado del cumplimiento de sus fines propios” y que los grupos delincuenciales capturan “instituciones y las ponen al servicio de sus intereses ilícitos”.
Se menciona que el caso de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa permite observar a qué extremos se puede llegar en la asociación entre agentes del Estado y el crimen organizado, con gravísimas consecuencias en materia de derechos humanos.
En declaraciones por teléfono, el abogado dijo que desafortunadamente la conclusión de la CIDH es contundente y que Ayotzinapa ilustra el grado de corrupción al que ha llegado el gobierno mexicano, “de cómo las instituciones de seguridad son penetradas y puestas al servicio de la delincuencia organizada para matar y desparecer, es el extremo de la corrupción”.
Expresó que es bueno que se visibilice el tema aunque esto no es privativo de Guerrero, “sino que es una situación generalizada que pasa en el país. Hay muchos municipios con esas características, muchas instituciones y los cuerpos de seguridad pública, es ahí el primer eslabón de la delincuencia, donde teje su redes al servicio de la delincuencia organizada haciendo actividades ilícitas y es una situación que no se ha reflexionado”.
Agregó que aquí las autoridades no han puesto énfasis en ese problema porque no se ha legislado para desmontar los grandes niveles de corrupción, que siguen existiendo en municipios y cuerpos de seguridad del país.
Otro caso en el municipio de Tlapa, “es ejemplo de lo que está sucediendo”, luego de la desaparición del dirigente del Frente Popular de la Montaña, Arnulfo Cerón por 40 días y cuyo cuerpo fue localizado en una fosa clandestina, mientras el presunto autor intelectual, el jefe del gabinete del Ayuntamiento, Marco Antonio García Morales, fue vinculado a proceso.
“Los cuerpos de seguridad en Tapla están al servicio de la delincuencia que operaba ahí localmente, pero que estaban haciendo daño con las mismas características de Iguala. Autoridades, pequeños empresarios locales metidos en la política y desde el poder político y económico protegen y se alinean con una red delincuencial que se utiliza, como el Ayuntamiento, como aparato de poder con los grupos delictivos y se dedican a matar, a desparecer, y es la máxima expresión, que bueno que mediante este informe se pone como ejemplo a México, porque visibiliza lo que pasa en el país”.
Llamó a las autoridades a una reflexión luego de la publicación del informe, “deben de sentirse interpelados y se deben de implementar medidas legislativas, políticas públicas y administrativas para desmontar este nivel de corrupción”.
Informó que el 8 de enero se reunirán los padres de los 43 normalistas con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el 9 con el presidente López Obrador para conocer avances de las investigaciones.
Texto: Jacob Morales Antonio / Foto: Foto: Jessica Torres Barrera-Archivo
