
Acapulco, Guerrero, a 2 de mayo de 2025.- La falta de resguardo de la Guardia Nacional que pidió el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, refleja un “desconocimiento total” de su contexto y de su perfil por parte del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló el integrante del Consejo Consultivo de ese organismo, Víctor Hugo López Rodríguez.
El martes fue inaugurada la 143 Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Mecanismo en la Segob, donde los integrantes del Consejo Consultivo demandaron medidas “urgentes” de seguridad para las familias de Suástegui Muñoz, y de su hermano desaparecido, Vicente Iván.
Vía telefónica, López Rodríguez, también secretario técnico de la Red TDT, criticó que el Mecanismo se justificó ante su Consejo Consultivo diciendo que al no existir una demanda por las amenazas a Suástegui, “pudieran ser hechos que no están relacionados con su labor, o sea, un tema que nos parece absurdo totalmente”.
Con base en la información del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, López Rodríguez comentó las dos amenazas recientes a Suástegui: en agosto pasado, una en El Fraile, los Bienes Comunales de Cacahuatepec donde hubo una amenaza de muerte; y la segunda en playa Icacos, donde una persona llegó un día a ocupar su espacio por instrucciones de su “jefe” y Suástegui Muñoz se retiró.
Acotó: “es importante decir por lo que nosotros conocemos que muchos de los beneficiarios, periodistas o personas defensoras, llega un momento que normalizan los incidentes de inseguridad y de riesgo que afrontan porque no hay ninguna confianza en las autoridades de justicia”.
Desde entonces, el vocero del Cecop solicitó resguardo de la Guardia Nacional en su centro de trabajo y en las asambleas, pero se la negaron y en la última reunión anual de evaluación de riesgo en febrero pasado, el Mecanismo le ofreció sólo el acompañamiento de la Guardia Nacional en traslados en tramos carreteros con una solicitud de cinco días de anticipación.
El integrante del Consejo Consultivo indicó que esta propuesta sí forma parte del reglamento de medidas, “pero nos parece también importante, y esto refleja un desconocimiento total del contexto y refleja un desconocimiento del actor, de los actores, por parte del Mecanismo, porque Marco Antonio Suástegui, con el perfil tan alto que tenía como persona defensora, una persona visiblemente atacada, amenazada, el trato que tiene o tuvo con él fue de manera ordinaria”.
“El Mecanismo federal y sus funcionarios, deberían de conocer el contexto y los actores que están protegiendo porque de pronto eso, no conocen el contexto real y el perfil de los actores que son beneficiarios de medidas de protección”.
En su reunión anual en febrero pasado, Suástegui explicó que que no puso denuncias de las amenazas porque no confiaba en las autoridades de la Fiscalía estatal, “él decía, no voy a levantar una denuncia más porque además, toda la información que yo coloco en la Fiscalía estatal, es inmediatamente filtrada al crimen organizado”.
El integrante del Consejo Consultivo indicó que el Mecanismo debe tener un “enfoque diferencial” que identifique las diferencias entre defensores comunitarios que viven en su territorio que defienden y los defensores que viven en ciudades.
Además de López Rodríguez, el Consejo Consultivo está integrado por Andrés Arturo Solís, Araceli Salcedo, Claudia Anguiano, José Raymundo Sandoval, Luis Alberto Zamora, Sara Méndez, Verónica Espinosa y Silvia Chica Rinckoar, que es la presidenta.
La 143 Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección se llevó a cabo el martes en la Segob en Cdmx, donde asistieron representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Senado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Guardia Nacional.
López Rodríguez comentó que el lunes hubo una reunión preparatoria en la que los integrantes del Consejo Consultivo mencionaron el caso de Suástegui “porque sí nos parece sumamente grave que la voz de las personas peticionarias, los beneficiarios del Mecanismo que están señalando que tienen niveles de riesgo que ponen en riesgo su vida y su integridad, no sean considerados”.
“O no sean tomados en cuenta o no sean valorados por los funcionarios que tienen a su cargo realizar el análisis de riesgo y proponer el plan de protección”.
Incluso, agregó López Rodríguez, “como nos ha sucedido con otros casos, no se consideren que estos riesgos y estas amenazas estén asociados a su labor como personas defensoras, generalmente lo que ellos argumentan es que son amenazas o son incidentes o son agresiones derivadas de otras situaciones: laborales, familiares”.
“Es decir, siempre desestiman que efectivamente se ha derivado de su labor como una persona defensora, activa, organizadora, que tiene toda la calidad moral y la legitimidad de solicitar las medidas que considera necesarias para salvaguardar su vida”.
Los consejeros solicitaron que el Mecanismo de Protección condene públicamente el asesinato, pero se escudaron diciendo que funcionarios federales, como el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, ya lo hicieron en días anteriores.
Texto: Ramón Gracida Gómez/ Foto: Jesús Trigo


