Y es que la Legislatura actual se negó a reformar el Código Penal del estado de Guerrero para retirar el requisito de presentar una demanda penal para tener un aborto en los servicios públicos de salud, cuando el embarazo es producto de una violación, conforme con la norma de salud  para la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, la NOM 046.