AGENDA CIUDADANA
Lorenzo Meyer
Rotundo gesto: nuestra Águila Azteca
para Salvador Allende en el 50 aniversario de su asesinato.
Un nuevo eslogan para la 4 T podría ser: “Por el bien de todos, resolver el crimen de Ayotzinapa” pues sería apropiado que antes de dejar el cargo el presidente pudiera deconstruir esa herencia maldita que recibió del régimen anterior: Ayotzinapa.
La desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa más el asesinato de otras nueve personas y las heridas a otras 17 durante esa infame “noche de Iguala” del 26 al 27 de septiembre de 2014, se pretendió resolver rápidamente mediante la elaboración de una “verdad histórica” que fue un burdo intento de encubrimiento del último gobierno priista y que, por fallido, simplemente trasladó la responsabilidad del caso al primer gobierno de la 4T.
Deconstruir plenamente la falsa “verdad histórica” implica no sólo desmontarla sino generar la verdadera verdad para finalmente actuar en consecuencia contra los responsables. Esta vez el proceso no puede dejar cabos sueltos y sí ofrecer un relato creíble, coherente y sostenido con la mayor evidencia documental disponible, es decir, con la que ya se tiene más la que se supone –con fundadas sospechas– que aún se mantiene inaccesible en los archivos de las instituciones involucradas en los sucesos de 2014, particularmente en los del ejército.
La “noche de Iguala” sigue siendo un evento imposible de relegar no sólo por su brutalidad e injusticia absurdas sino también por sus implicaciones políticas. Lo ocurrido en nuestro país hace nueve años se mantiene como noticia viva nacional e internacional porque es un indicador y símbolo de una falla fundamental del Estado mexicano: si sus instituciones no pueden resolver un crimen de esa magnitud y con tantos involucrados es porque la corrupción que está en su raíz es sistémica.
Ejemplo del daño que la no solución del crimen contra los jóvenes normalistas de una de las regiones más pobres de México es el reportaje publicado en el New York Times (02/09/23) por Natalie Kitroeff y Ronen Bergman. Independientemente de si tal artículo obedece o no a una agenda política del diario, los hechos ahí consignados son contundentes porque tienen como sustento 23 mil documentos de conversaciones interferidas. Esa investigación más las muchas que le han antecedido dan pie a una serie de consideraciones a cuál más de negativas.
En primer lugar, que desde antes de que tuviera lugar la tragedia de Iguala el dominio de esta ciudad y su zona de influencia ya no lo tenían las autoridades formales sino el crimen organizado de los Guerreros Unidos (GU). Para 2014, GU controlaba totalmente la producción, el procesamiento y la exportación al mercado internacional –Estados Unidos– de los derivados del cultivo intensivo de la amapola en la zona. Según la documentación en poder del New York Times los GU de tiempo atrás tenían a su servicio a todas las autoridades locales y a todas las responsables en la región de las estructuras del gobierno estatal y, finalmente a quienes estaban al frente de las federales, entre ellas a los mandos de la guarnición del ejército, el 27° y 41° batallones de infantería.
Dadas las condiciones históricas de Guerrero la única organización armada capaz de enfrentar con éxito a la violencia ilegítima de GU, o de otras organizaciones, era el ejército. Pero el crimen organizado simplemente lo desarmó vía sobornos que incluso a los ojos de los criminales eran excesivos pero que estuvieron dispuestos a pagar pues contaban con los recursos gracias a sus ganancias en el mercado de Chicago.
En la práctica, GU era el centro real del poder, el soberano en Iguala, pues tenía la capacidad de tomar decisiones de vida o muerte por si y ante sí. Y vale notar que la cúspide de ese poder ni siquiera ya residía en Guerrero o en México sino en Chicago, donde se encontraban tanto el mercado para la droga como quienes tomaban decisiones inapelables como la de desaparecer a los estudiantes normalistas por creer, erróneamente, que los “ayotzinapos” eran la punta de lanza de una invasión a su territorio por otro grupo criminal.
En suma, en tanto lo acontecido en Iguala siga sin resolverse plenamente, se mantendrá vivo el justo reclamo de los padres de los jóvenes y también el caso seguirá siendo usado dentro y fuera del país como el ejemplo perfecto de la incapacidad del Estado mexicano de ser lo que en teoría debería ser: una estructura de poder legítima y en control efectivo de su territorio e instituciones.
