El gobernador apunta en el texto enviado al Congreso que ha tomado “acciones decididas para reforzar el clima de estabilidad que goza la entidad”. Destaca que hay una reducción significativa en la incidencia delictiva de alto impacto en el primer semestre de 2019 comparado con el mismo periodo de 2018. Presenta seis ejes rectores de su gestión estatal.
Chilpancingo, Guerrero, 15 de octubre de 2019. El jueves, el gobernador Héctor Astudillo Flores acudirá ante el Poder Legislativo a presentar un mensaje por su cuarto año de gobierno, y de acuerdo con el documento que ya entregó a los diputados, defenderá las reformas al artículo 14 constitucional en materia de derechos y cultura indígena, que la 61 legislatura le aprobó, y contra las que los diputados de Morena promovieron acciones de inconstitucionalidad.
En el informe del estado que guarda la administración del gobierno estatal, durante el cuarto año de su mandato, se apunta que ha tomado “acciones decididas para reforzar el clima de estabilidad que goza la entidad”, y destaca que hay una reducción significativa en la incidencia delictiva de alto impacto, entre el primer semestre de 2019 y el mismo período de 2018.
A unos días del 24 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), que se celebra el 15 de octubre, el gobernador dará lectura a su informe en el Congreso del Estado, en el que aprovecha para defender la reforma al artículo 14 constitucional, las modificaciones y adiciones a la Ley 701, así como la expedición de la nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado.
En su informe, Astudillo Flores afirma que las modificaciones que aprobó la 61 legislatura, de mayoría priista, y su gobierno, “garantizan los derechos de los pueblos y se preservan sus costumbres”.
Recuerda en su informe que, los diputados de Morena, la bancada mayoritaria, que obviamente estará en en la sesión del próximo jueves, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad y en el municipio de Malinaltepec, una controversia constitucional.
En el documento por su cuarto año de gobierno, Astudillo Flores informa que se ha dado seguimiento procesal a estas acciones y controversias.
A pesar de que con su iniciativa de reforma la “policía comunitaria” desaparece del texto constitucional y se remite esa figura a las leyes, el gobernador apunta que “es nuestra convicción fortalecer las policías comunitarias, en tanto éstas son consecuencia del acuerdo de las propias comunidades indígenas y afromexicanas, quienes nombran a sus integrantes de entre sus vecinos y son aprobados en asambleas, evitando de esta manera la presencia de personas ajenas a la propia comunidad”.
En el informe de la administración del gobierno estatal durante el cuarto año de su mandato, se apunta que ha tomado “acciones decididas para reforzar el clima de estabilidad que goza la entidad”.
Se informa de indicadores de mejoramiento del bienestar, principalmente “en la asignatura más compleja: la seguridad pública”. Según el informe hay una reducción significativa en la incidencia delictiva de alto impacto, comparada entre el primer semestre de 2019 y el mismo período de 2018.
Ejemplificó con la disminución de 31 por ciento en el número de carpetas de investigaciones por homicidios dolosos, y el incremento de 83 por ciento en las detenciones de personas vinculadas al delito de secuestro. Además, señala avances en lo que definió como el “fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad y de justicia”, pues eso permite que se avance “en forma sostenida, si bien aún no estamos satisfechos con sus resultados”.
Su informe lo presentó dividido en seis ejes: Guerrero seguro y de leyes bajo el marco de los derechos humanos; próspero socialmente comprometido; con desarrollo integral, regional y municipal; con gobierno abierto y transparente; estrategias transversales.
Del primer eje, afirmó que se rige por el objetivo 16 de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas: “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”.
En el cuarto año de su gobierno, informó que hubo mil 646 movilizaciones en las siete regiones, de las cuales se atendieron 510 de manera directa, y del total, el 25 por ciento, correspondieron a tomas de casetas en la Autopista del Sol, con un tiempo promedio de 2 horas y 4 minutos, por cada una, de las cuales se encauzaron a diferentes instancias 432 movimientos político-sociales, 11 “para su atención oportuna”.
En Chilpancingo hubo 618 movilizaciones y en Acapulco 264, que son el 54 por ciento del total, y fueron principalmente por cuestiones educativas, sociales y laborales.
Pero en su informe, el gobernador destacó que de marzo a agosto, “debido a la entrega retrasada y disminuida” del Programa Federal de Fertilizante, los productores y campesinos se manifestaron “de manera extraordinaria”, mediante bloqueos carreteros, toma de bodegas y retención de funcionarios, en exigencia de la entrega.
Protestas que durante el periodo de junio a agosto “se exacerbaron de inconformidad” y se registraron 74 bloqueos a vías de comunicación, 20 bodegas saqueadas, 15 tráileres retenidos y 22 acciones para retener a 92 funcionarios.
También en seguridad destaca que, mediante el Plan de Seguridad Nacional creado el 2 de diciembre de 2018, el gobierno federal dispuso instalar Mesas de Coordinación Regional para la Construcción de la Paz, presididas por los gobernadores de los estados o sus representantes, la cual apuntó que sesionan diariamente una mesa estatal y siete mesas regionales.
Agregó que se ha integrado una red de comunicación interna, “mediante la cual se comparte información y se propicia la reacción inmediata y coordinada”.
De los conflictos agrarios, se informa que “el gobierno del estado ha contenido” el problema coadyuvando con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en su atención, y tienen localizados 50 conflictos colectivos, de los cuales 15 se consideran de alto riesgo.
Las recomendaciones
Se detalla en el informe, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió nueve recomendaciones a dependencias del ejecutivo estatal, de las cuales, siete fueron aceptadas y están en vía de cumplimiento, y dos en proceso de aceptación.
Mientras que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado emitió 51 recomendaciones, de las cuales una apeló a más de una autoridad; 14 a la Fiscalía General del Estado; 11 a la Secretaría de Salud; 10 al Tribunal de lo Contencioso Administrativo; cinco a la Secretaría de Educación; cuatro a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y dos a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Además, se emitió una recomendación para cada una de las siguientes dependencias: Secretaría de la Mujer, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (la que fue dirigida tanto a Semaren como a la Dirección General del Zoológico de Chilpancingo, Zoochilpan), Dirección General de Desarrollo de Personal, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense.
De las 51 recomendaciones, 24 fueron aceptadas y están parcialmente cumplidas; 12 no fueron aceptadas y 16 se encuentran sin respuesta.
En el documento se informa en tres párrafos que hay un “tema de especial atención”, y se refiere al seguimiento que se da a la recomendación 15VG/2018, emitida en noviembre de 2018 por la CNDH al ejecutivo estatal, respecto a la investigación de violaciones graves a los derechos humanos con motivo de los hechos ocurridos en Iguala, los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
Se apunta que se emitieron 25 puntos resolutivos, en cuyo cumplimiento intervienen la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial; Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Educación Guerrero, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Dirección General de Transportes; además, se informa que se han remitido periódicamente a la CNDH constancias de seguimiento a los resolutivos.
De la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), informó que del 1 de enero al 11 de agosto de 2019, la Secretaría de Seguridad Pública sólo “registra ocho feminicidios”, lo que colocaal estado, de acuerdo con el informe, en el lugar 18 nacional, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y los municipios más afectados han sido Acapulco, Chilpancingo y Chilapa.
En el informe se habla de foros, ferias, estrategias, capacitación y difusión, encaminadas a reducir o erradicar la violencia contra las mujeres, pero no se detalla en cuántos casos la fiscalía logró sentencias por el delito de feminicidio.
Del desplazamiento a consecuencia de amenazas o actos violentos, por parte de grupos tanto delictivos como civiles armados, se detalla que en Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo, varios enfrentamientos entre grupos armados desplazaron a 270 personas, que llegaron a Chichihualco el 12 de noviembre de 2018, que el l 6 noviembre llegaron a la cabecera municipal de Copalillo 62 personas desplazadas de Tlaltempanapa, Municipio de Zitlala, que fueron expulsados por el comisario municipal, apoyado por un grupo denominado autodefensa.
El gobernador en su informe apunta que su gobierno “ha propuesto una ruta de atención”, no obstante considera que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el órgano competente para otorgar ayuda para la alimentación y el alojamiento a las familias, pues su desplazamiento fue producto de conductas delictivas del orden federal.
En procuración de justicia, Astudillo Flores afirma que se han “logrado avances significativos en la consolidación de un Guerrero seguro y regido por el cumplimiento de las leyes, que garantiza la seguridad pública a los guerrerenses”.
Se detalla que se han realizado 457 autos de vinculación a proceso; se solicitaron 211 órdenes de aprehensión y fueron libradas 247; también se han emitido 145 sentencias condenatorias.
Se señala que se han recibido 2 mil cinco solicitudes para la resolución de delitos, en los que solicitan reparación del daño. Se lograron mil 98 acuerdos reparatorios, lo que representa 55 por ciento de las que fueron recibidas.
Asegura que se ha obtenido la cantidad de 24.4 millones de pesos por concepto de reparación de daño a las víctimas.
En cuanto al sistema de justicia penal tradicional, se informa que se le ha dado atención y seguimiento al abatimiento del rezago de averiguaciones previas que se tenían iniciadas, que se consiguió incrementar el número de consignaciones a un total de 3 mil 483, que en comparación con el mismo periodo del año pasado, representa un incremento de mil 199 por ciento.
También se informa que a través de “un trabajo de análisis riguroso”, se han prescrito 34 mil 999 averiguaciones, correspondientes al periodo de 1990 a 2005, por delitos menores.
Ademas, se realizó la detención de mil 40 personas por los delitos de homicidio, secuestro y violación, entre otros; de las cuales, 624 se han efectuado mediante orden de aprehensión y 416 se han ejecutado en flagrancia, lo que representa un incremento de 83.3 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2018.
Se han asegurado mil 415 vehículos con reporte de robo y 100 armas de fuego; se desarticularon 10 bandas criminales dedicadas al secuestro y 28 personas víctimas de este delito fueron rescatadas. Por ese delito fueron iniciadas 38 carpetas y judicializadas 40 carpetas de investigación, y se han obtenido 14 sentencias.
Por delitos sexuales y violencia familiar, se iniciaron un total de 3 mil 75 carpetas de investigación, de las cuales, 83 han sido iniciadas con detenido, que se han judicializado 176 carpetas y se obtuvieron 37 sentencias. La unidad de trata de personas ha iniciado 19 carpetas de investigación por este delito, las cuales se encuentran en proceso de análisis e investigación.
Para el combate al delito de narcomenudeo se iniciaron 416 carpetas de investigación, 228 con detenido y 47 carpetas han sido judicializadas.
Para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, se han iniciado 181 carpetas de investigación y se localizó a 98 personas. Se inició de manera formal la implementación del protocolo Alba, mediante el cual han sido localizadas 25 mujeres.
A través del protocolo Alerta Amaber, que tiene el propósito de realizar la búsqueda y localización de menores y adolescentes desaparecidos o extraviados, se han emitido 103 alertas, lo que representa el 83.4 por ciento.
Texto: Rosalba Ramírez García / Foto: Jessica Torres Barrera
