Texto: Aline Aline Espinosa Gutiérrez, Apro-Cimac noticas / Foto: portada, Página Abierta; interior, Yucatanalamano.com. En la portada, Jeysol Selene Amaya Sánchez (de azul, al centro) sobreviviente de intento de feminicidio acompañada por integrantes del Observatorio de Violencia Social y Género en Campeche (OVSyG).
Ciudad de México, 23 de julio de 2018. En medio de una sala del Observatorio de Violencia Social y Género en Campeche (OVSyG), Jeysol Amaya Sánchez, sobreviviente de violencia feminicida, está sentada junto a su hija y su actual pareja.
Viste una blusa rayada de manga larga y pantalón de mezclilla que cubren los signos de violencia de la noche del 30 de enero de 2015, cuando su entonces pareja, Rodrigo Paredes, trató de asesinarla a cuchillazos, luego de que ella lo amenazó con dejarlo tras la violencia cotidiana que vivía.
Fueron 37 cuchilladas las que su cuerpo enfrentó a manos de su pareja. La primera –recuerda– la sintió detrás de su espalda. En ese momento la confusión la invadió: “entré en shock, no sabía si lo que sucedía era un sueño o la realidad”. La segunda vez que asestó el cuchillo contra su cuerpo, comprendió que aquel hombre que hasta entonces había sido su pareja, quería asesinarla.
Aunque sabía que la única posibilidad de sobrevivir era salir corriendo de ese lugar, la pérdida de sangre y fuerzas la hizo permanecer en el suelo, donde siguió esquivando con sus manos las cuchilladas de Rodrigo.
“Yo sólo lo veía venir con los cuchillos, en el momento en que me levantó el cuello, me cortó y metió sus dedos para estrangularme, pensé que no volvería a ver a mis hijos. Comenzó a patearme, después tomó una roca y me golpeaba en las heridas”, narra en entrevista.
En esa lucha por defender su vida, Jeysol pudo detener algunos de los cuchillazos con sus manos lo que provocó que perdiera la movilidad de su mano derecha. Su agresor continuó atacándola en los mismos lugares donde ya estaba herida. Ella entendió que ya no podría defenderse y “se hizo la muerta”.
“Cuando él me cree muerta, para asegurarse, toma la piedra de la puerta del baño y me pega en la cabeza, patea mi cuerpo y me dijo: ‘vamos a morir juntos’. Se acostó al lado mío y se cortó las venas de las muñecas”, dice.
Esas heridas fueron la razón de que el testimonio de Jeysol fuera desestimado, ya que su agresor argumentó que “ella lo había cortado cuando él intentaba detenerla para que no se autolesionara”, de acuerdo con lo que él declaró ante las autoridades.
Después de estar medio año en el hospital, la víctima por fin pudo declarar y hacer su denuncia en 2016. Esperaba la protección de las leyes, pero no fue así.
Durante todo el proceso penal, las autoridades le negaron asesoría legal y la integración de nuevos peritajes que comprobaran que ella fue atacada por Rodrigo. Tampoco le permitieron integrar otras pruebas como las declaraciones de los vecinos testigos de los hechos, ni las huellas de los cuchillos y los dictámenes del hospital que constataron la violencia en su contra.
Todo ello, bajo el argumento que “si él [Rodrigo] hubiera querido matarla, no se habría detenido”, dijo Amaya Sánchez.
“Han pasado tres años y medio y aún no veo justicia. Mi agresor goza de la figura de presunción de inconsciencia. No me sentiré segura hasta que él esté preso, pues me ha amenazado a mí y a mi familia de muerte”, cuenta.
Opciones
Jeysol piensa que, si no se hubiera defendido, tal vez no tendría heridas que limitan el movimiento de su cuerpo y la vida de sus hijos no estaría afectada. Luego, recapacita. Dice que en este sistema de justicia machista que piensa que las mujeres que se defienden lo hacen por venganza, la única opción que hubiera tenido sería la cárcel.
Y es que, en México, las mujeres que se defienden de sus agresores tienen dos opciones: o se defienden, lo que en muchos casos puede derivar en la muerte de su atacante y que ellas vayan a la cárcel, o bien, quedarse indefensas y ser víctimas o sobrevivientes de feminicidio, como Jeysol.
Actualmente, se desconoce el número de mujeres encarceladas por defender su vida cuando se encontraban en una situación de violencia extrema.
Lo que sí se sabe es que, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia, en 2015, de cada 100 mujeres procesadas o imputadas que se registraron por causas penales, cerca de 21 están sujetas a proceso por robo y poco menos de 15, por delitos de lesiones; es decir, por causar una o varias heridas a una persona.
En comparación con los hombres, de cada 100 en la misma situación jurídica, poco menos de 26 están sujetos a proceso por robo y nueve por lesiones. En este delito, la proporción de mujeres es superior a la de hombres en 5.4%.
El precio por defenderse
Las mujeres que se encuentran en esta situación enfrentan a un sistema de justicia que no investiga los contextos de violencia que viven, no cree en su palabra, las revictimiza y, sobre todo, no reconoce su derecho a defenderse, como le ocurrió a Reyna, originaria de Belice, quien, al defenderse, hirió de muerte a su agresor, por lo que pasó un año en prisión.
Todo inició cuando ella se negó a darle a su pareja el dinero ganado con su trabajo ese día. Él tomó un cuchillo, la aventó a una hamaca y forcejeó con ella. Cuando se defendió, Reyna lo hirió. De inmediato llamó a una ambulancia, pero ésta tardó media hora en llegar. Él murió. Ella fue detenida por miembros de la policía del Estado.
En realidad, Reyna no se llama así, pero como carece de acta de nacimiento, ese nombre se lo asignó el Ministerio Público, cuenta en entrevista la abogada que llevó el caso, Natalia Paola Punab de la O.
Sin saber leer o hablar español de manera fluida para dar una declaración, Reyna fue torturada, golpeada y privada de su libertad durante 48 horas. En 2016 fue sentenciada a 25 años de prisión por el delito de homicidio doloso contra su expareja, Marco Antonio Sáenz Velázquez, en el Centro de Reinserción Social de Chetumal.
Aunque su defensa pública alegó desde un principio la legítima defensa, el juez dijo que “eso no existía”. Entonces, desestimó la evidencia, no aplicó la perspectiva de género y la encarceló al dictaminar que “justo ese día su vida no corría peligro”, agrega la defensora.
Entre otras irregularidades jurídicas, Reyna no tuvo un intérprete y la autoridad no notificó a la embajada de Belice sobre su detención.
Por ello y ante el deficiente trabajo de la Procuraduría de Justicia de Campeche, en abril de 2016, la Red Peninsular de Mujeres en Campeche y el Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres) apelaron la sentencia. Siete meses después, se pudo comprobar que la inculpada era inocente y evidenciar que no era una “asesina”, sino una víctima.
Punab de la O destacó que el caso de Reyna sirvió para modificar la actuación de las autoridades en Quintana Roo en los casos de legítima defensa. Ejemplificó que, en 2017, una mujer de 27 años fue liberada en 24 horas al comprobar que era víctima de violencia y que asesinó a su agresor en defensa propia.
En el penal de Campeche hay aproximadamente mil 400 personas en situación de reclusión, de los cuales, se estima que 60 son mujeres. De éstas, 40 están en proceso y sólo 20 han sido sentenciadas a más de 20 años por cuestiones de trata de personas, narcotráfico, aborto y homicidios calificados.
En el penal de Quintana Roo, explica la abogada, existen alrededor de tres casos de mujeres que, igual que Reyna, apelaron que los delitos sean reclasificados de homicidio a legítima defensa.
