Texto: Apro / Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 16 de septiembre de 2018. Como epidemia –hasta pandemia, pues ha trascendido las fronteras– se ha desatado una avalancha de plagios, apropiaciones ilegales o poco éticas, imitaciones y piratería contra el arte popular. Y nada ni nadie se salva.
Si hasta hace unos años eran claramente identificables los “árboles de la vida” de Metepec, los bordados de Tenango, los tejidos mayas, el barro negro de Oaxaca, las bateas de Michoacán, los rebosos de Santa María, las muñecas mazahuas o la talavera de Puebla, hoy la pregunta obligada antes de comprar es, ¿y no será chino?
Las copias llegan ahora hasta los lujosos aparadores de Liverpool, Palacio de Hierro, Pineda Covalin, Zara, Mango, Michael Kors, Kate Spade y a otros diseñadores mexicanos y extranjeros.
¿Hay forma de detener estas apropiaciones? Entrevistados por Proceso, el abogado José Manuel Hermosillo y el productor de música y especialista en derechos de autor Carlos Arturo Martínez Negrete (conocido también como Carlos Lima) aseguran que sí.
Lima, con el abogado José Dolores González Ortiz, llevó a los tribunales el caso de los bordadores de tenangos Adalberto Flores Gómez y Angélica Martínez, contra la compañía Nestlé México, que utilizó imágenes de los bordados multicolores en unas tazas para promover el chocolate Abuelita, como se publicó en varios medios en octubre de 2017.
La defensa de Adalberto Flores no ha sido sencilla, pero tuvo el acierto de registrar sus diseños y eso le permitió ir a juicio, pero no todos los artesanos lo hacen. Se añade que ni el Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor) ni el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) “están preocupados por hacer esa tarea y no hay una ley específica en defensa del arte popular, la actividad artesanal y el sector”, dice Hermosillo.
Con el propósito de apoyar a los artesanos, en julio 1974, durante el sexenio de Luis Echeverría, se creó el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart). Con la fundación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) se incorporó al subsector cultura y finalmente a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
“Está enfocada cien por ciento a la política social y es un error gravísimo porque es una actividad económica. Fonart era un fideicomiso y así estaba bien plasmado, pero los gobiernos la fueron sectorizando y ahorita está en la política de combate a la pobreza. Es lamentable que una actividad económica tenga ese tipo de visión. Carlos Lima y yo creemos que debe estar sectorizada a Economía.”
Los especialistas cuestionan también la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (Inapi), anunciado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en agosto pasado. Vislumbran que tendrá un perfil asistencialista sin ver el trasfondo real “que es nuestra riqueza cultural” y, por lo tanto, no está previendo los derechos culturales.
Piratería sin fin
Lima se ha dedicado a elaborar por su cuenta un mapa con un catálogo de riesgo, en el cual ha incluido al menos mil 600 productos originales, que podrían ser víctima de la piratería como los tenangos. Hay hasta productos naturales: chiles, semillas, nopal, aguacate, dulces artesanales, juguetes…
Con la ayuda de la escritora Lorena Crenier, colaboradora de este semanario, Proceso pudo reunir información de varios casos contra el arte popular publicados en varios medios. Como el del diseñador francés Christian Louboutin que pagaba 235 pesos a bordadoras mayas por crear bolsas de 28 mil pesos. La Fundación Haciendas del Mundo Maya, encabezada por Marilú Hernández, y cuyo presidente honorario es el exdirector de Banamex, Roberto Hernández, fue la intermediaria.
Uno de los más recientes, cometido por el diseñador estadunidense Michael Kors, fue sacar prendas que imitan las sudaderas confeccionadas con jerga que se venden en los mercados del país.
Se consignó en el diario La Jornada del 27 de octubre de 2017 que la Cámara de Diputados recibió la queja de los representantes legales de artesanos contra las compañías Nestlé México, la española Mango, la francesa Hermès, la estadunidense Nike y la tienda The Pottery Barn. Se dijo que la cantante Susana Harp también señaló en 2015 a la diseñadora Isabel Marant, por copiar bordados de los huipiles de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.
Además de la denuncia penal en la defensa de los bordadores de tenangos, se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la violación de derechos culturales. Además, el propio Lima se reunió con un equipo del Alto Comisionado en Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en México para informar del caso.
La defensa de los derechos culturales es una vía. Pero dicen que debe existir una ley para proteger todos los procesos productivos artesanales: derechos de autor, propiedad intelectual e industrial, la iconografía de las comunidades. Existe la legislación del IMPI, pero “no alcanza para el arte popular”. Señalan que el instituto argumenta que no puede plasmar en un documento el proceso productivo y “claro que puede y eso va a ocasionar que cuando una empresa como Pineda Covalin o Nestlé lleguen a registrar diseños, en el momento que ya exista una manifestación cultural, se los nieguen”.
En opinión de los defensores legales falta un registro bien documentado de las manifestaciones del arte popular, y de su valor tangible e intangible. Una especie de atlas, pero inscrito en el marco de una ley, para que cualquier empresa o persona sepa que no puede tomar diseños y clasificarlo como delito.
Además, debe ser una cadena productiva protegida por el sector económico. Contar con los índices de medición de cuánto aportan a esa área, pues por ahora “nadie los pela, porque no saben, pero pensemos en la desaparición de los alebrijes, ¿cuánto dinero dejaría de entrar?”.
–Una ley en México protegería a nivel nacional, pero muchas empresas que piratean son transnacionales, ¿qué hacer ahí?
Hermosillo dice que lo triste es que, a diferencia de las mexicanas, algunas empresas extranjeras, al ser requeridas, sí han enmendado. Afirman que si se protege en México “de manera automática” se puede acudir a instancias internacionales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Y lo importante es comenzar a crear una política pública de Estado interna que ayude en la defensa al exterior.
