Chilpancingo, Guerrero, a 27 de junio de 2024.- Defensores públicos del gobierno del estado denunciaron la suspensión de sus pagos sin razón justificada por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Pidieron la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda porque los trabajadores del Instituto de la Defensoría Pública dependen de la Secretaría General de Gobierno.
Informaron que además siete trabajadores fueron obligados a dejar sus trabajos y fueron cesados.
Al medio día en conferencia de prensa en el centro de la ciudad, el defensor público José Fuentes Urbano denunció que el TSJ ha cometido actos de intimidación y amedrentamiento laboral.
“Se ha emprendido una persecución en contra de todos los compañeros que están al servicio del Instituto de la Defensoría Pública, y no es posible que el presidente del Tribunal esté actuando al margen de la ley”.
Recordó que la anomalía viene desde la reforma a la Constitución local de 2014, porque el decreto 453 nunca se ha materializado.
La declaratoria marca en el Diario Oficial que los defensores seguirán dependiendo del gobierno del estado a través de la Secretaría General de Gobierno.
“No es posible que ahora el presidente del TSJ este acosándonos con el Consejo de la Judicatura, cuando ellos no tienen nada que ver con esta situación. Nosotros seguimos dependiendo del poder Ejecutivo porque no ha habido ningún cambio ni se ha hecho nada”, reclamó.
José Fuentes está adscrito al juzgado civil y familiar del Distrito Judicial de Tabares y cuenta con 30 años y 4 meses de servicio, pero desde mayo su salario fue suspendido.
En la conferencia también estuvo José Eleazar Farias de la Cruz, defensor público del poder ejecutivo del gobierno del estado de Guerrero, adscrito a la Secretaría General de Gobierno. A Farias de la Cruz le suspendieron sus pagos desde octubre pasado.
Dijo que la denuncia es en contra del TSJ y el Consejo de la Judicatura por sus arbitrariedades en el Instituto de la Defensoría Pública del gobierno del estado.
Aseguró que él y otros de sus compañeros han sido perseguidos por la presidencia del TSJ.
“Somos más de 90 defensores públicos que estamos en esta situación, con miedo por el acoso laboral que sufrimos constantemente”, informó.
El acoso que han denunciado explicó, es que no los dejan laborar de forma adecuada en el distrito judicial adscritos.
“Nos mandaban a un coordinador de defensores públicos nombrado por el poder Judicial para que nos mandara a audiencias a lugares lejanos”.
El defensor José Farías dijo que a él lo expulsaron de su distrito judicial de Zihuatanejo, sin llevar un documento escrito para el desalojo.
“Simplemente llegó personal del Consejo de la Judicatura, entre ellos el defensor general nombrado por ellos y no por la gobernadora. Llegaron a cambiar chapas y a desalojarme”.
A raíz de esto se encuentra en una incertidumbre laboral sin cobrar ni realizar su trabajo.
“A su servidor le ha sido suspendido el pago salarial desde octubre del 2023 a consecuencia de actos arbitrarios y sin fundamento”.
Dijo que si bien el Decreto en la Constitución establece que los defensores pasarían al poder Judicial, no se ha realizado en los términos que fue publicado en el Diario Oficial del estado en 2014.
“Todos y cada uno de los materiales humanos y tecnológicos, el pago salarial y la situación del defensor público del estado de Guerrero no se llevó a cabo, quedó inconcluso”.
Hay un desprecio por la legalidad y la justicia, dice Rubén Cayetano
El abogado litigante y ex diputado federal Rubén Cayetano García acompañó a los defensores.
Consideró que la persecución contra los trabajadores del Instituto de la Defensoría Pública es una prueba de que en Guerrero hay un desprecio por la legalidad y por la justicia.
Relató la creación de la Defensoría de Oficio desde 1998 y su paso en 2012 al Instituto de la Defensa Pública, que sigue dependiendo del gobierno estatal.
Dijo que a pesar de la reforma en 2014, el Instituto de la Defensoría lo sigue ejerciendo la Secretaría de Gobierno, que es la que paga a los defensores públicos.
“A casi una década de la entrada en vigor de dichas disposiciones constitucionales hay una ilegalidad grave en el ejercicio del presupuesto, que trae como consecuencia que la transferencia de este instituto del gobierno de guerrero al poder Judicial, no ha sido cumplimentada”.
En los hechos, agregó, el poder Judicial del estado se ha tomado atribuciones de mando, cambio de adscripción, persecución y acoso laboral en contra de los defensores públicos, a pesar de que en términos laborales no es la parte patronal.
Agregó que ni los ex gobernadores Ángel Aguirre, Rogelio Ortega, Héctor Astudillo, ni ahora Evelyn Salgado Pineda han cumplido la correcta transferencia del Instituto de la Defensoría Pública.
“Eso les exhibe como gobernantes que lo único que les interesa es tener el control y aplicación del presupuesto, aunque eso signifique que los defensores públicos sean violados en sus derechos humanos laborales”.
Recordó que la defensoría pública debe ser una institución noble porque debe atender a los más pobres que no pueden pagar un abogado.
“Debe tener autonomía plena, es decir, que no dependa del poder Judicial porque se vuelve juez y parte, para evitar el conflicto de interés que es uno de los lastres de la procuración, impartición y administración de justicia.
Este desaseo legal e institucional, dijo, es el que ha provocado que a dos defensores públicos José Eleazar Farías de la Cruz y José Fuentes Urbano se les hayan suspendido sus pagos desde la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Guerrero, pero por órdenes de la Judicatura y del Poder Judicial, sin ser la parte patronal.
Expuso que tampoco los legisladores locales han cumplido su responsabilidad porque son quienes tienen la facultad de aprobar el presupuesto.
Los defensores de oficio solicitaron una reunión con la gobernadora y que también la encargada de despacho de la Secretaría de Gobierno, Anacleta López Vega, los escuche porque, dijeron, entiende el conflicto y puede hacer entrar en razón a la gobernadora.
Texto: Luis Daniel Nava / Foto: Jéssica Torres Barrera
