25 enero,2020 5:45 am

Deja alcaldesa Cochoapa tras amenazas de muerte; no se atendió demanda de protección

Ni la Secretaría de Gobernación ni el gobierno del estado respondieron a la petición de Edith López Rivera, informa el dirigente perredista Celestino Cesáreo Guzmán.

Chilpancingo, Guerrero, 25 de enero de 2020. La alcaldesa perredista de Cochoapa el Grande, Edith López Rivera, abandonó desde hace una semana el municipio que gobierna, a consecuencia de amenazas de muerte en su contra, sin que el gobierno federal, estatal, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) le hayan dado respuesta a su solicitud de protección. 

Edith López es alcaldesa sustituta del municipio indígena de Cochoapa el Grande, designada por el Congreso local tras la desaparición el 2 de septiembre de 2018 de su esposo, el alcalde electo Daniel Esteban González, hallado después de un año cerca del río Tlapaneco en Huamuxtitlán, e identificado un año cuatro meses después, el 8 de enero pasado. 

Tras la confirmación de que el cuerpo hallado pertenece a Daniel Esteban, el coordinador de los diputados del PRD en el Congreso del estado, Celestino Cesáreo Guzmán, denunció en tribuna que la alcaldesa y uno de sus cuñados corrían peligro, ya que encabezaron la demanda de presentación de Daniel Esteban y pidió protección “especial e inmediata para ambos”, pero no ha sido otorgada. 

En declaraciones telefónicas Celestino Cesáreo informó que “no ha habido respuesta alguna, no se le ha brindado protección especial a la presidenta”. 

El líder de la bancada perredista dijo que la alcaldesa le comentó ayer por teléfono que recientemente ha recibido amenazas de muerte “y que desesperadamente sigue buscando seguridad y no hay quien atienda esta petición”. 

Y adelantó que reiterarían la solicitud al gobierno federal “haber si hay respuesta”, porque comentó que “hace unos días” ya pidieron por escrito a la Secretaria de Gobernación (Segob) que le brindaran protección. 

Comentó que acordaron con la alcaldesa hacer nuevamente la solicitud, y esperan tener pronta respuesta, porque dijo que el peligro es inminente. 

“El gobierno federal turnó el asunto a Guerrero, y en el estado no habido respuesta” por parte de la Fiscalía General del Estado ni del gobierno estatal. 

Ante la falta de atención de la solicitud, Cesáreo Guzmán comentó que la presidenta municipal tuvo que tomar algunas medidas “de momento salirse de Cochoapa, está en Chilpancingo, está buscando protección, seguridad”. 

Pero dijo que, si no logra conseguir esta seguridad por parte del gobierno del estado o del federal, “ha pensado recurrir a la Policía Comunitaria, la CRAC o algún otro esquema de seguridad que ella pueda conseguir”. 

El diputado perredista comentó que la alcaldesa le ha manifestado su preocupación “porque ha recibido amenazas recientes, por las que tuvo que salir del municipio la semana pasada”. 

Cesáreo Guzmán reiteró el llamado al gobernador Héctor Astudillo Flores a que atienda la petición “de seguridad especial a la presidenta municipal de Cochoapa y se proteja su integridad”. 

El diputado compartió el acuse de recibido de un documento que la alcaldesa entregó a la titular de la Segob Olga Sánchez Cordero el pasado 9 de octubre, en el que detalla el caso de la desaparición de su esposo y la inconformidad que había con su triunfo por parte de sus adversarios políticos. 

También precisa que su esposo no tomó protesta y que su suplente renunció a su derecho de asumir el cargo, por lo que el 13 de noviembre de 2018 fue designada presidente municipal suplente por el Poder Legislativo local. 

“Sin embargo, desde que asumí el cargo he sido amenazada, y recientemente me amenazaron de muerte bajo el argumento de que si no dejo el cargo me atenga a las consecuencias”, se lee en el documento dirigido a Sánchez Cordero. 

A la funcionaria federal también le pidieron una reunión y su intervención en la investigación por la desaparición de su esposo, “al mismo tiempo solicitarle se me brinden las medidas cautelares para mi protección y se me incorpore al sistema de protección a defensores de derechos humanos, ya que temo sufrir algún daño a mi integridad física y la de mi familia”, pero dicho documento fue remitido a la FGE, al que no le dieron respuesta. 

Texto: Rosalba Ramírez / Foto: Archivo El Sur