Maribel Gutiérrez
Rancho Las Marías, Acapulco
Primera parte
El proyecto de la presa la Parota, de la Comisión Federal de Electrcidad trajo la violencia a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, y ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que no se va construir, van 17 años de división en los pueblos entre los opositores y los que están a favor de la presa, que dejó 20 muertos, 10 de cada lado.
“La herida está abieta, sigue sangrando, las agresiones causaron un daño irreversible, la gente está muy polarizada, hay mucho encono, odio, rencor, dijo en entrevista el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz.
En enero de 2003 comenzaron las obras de la hidroeléctrica que iba a desplazar a 25 mil habitantes de comunidades en la ribera del Papagayo.
En respuesta surgió el movimiento con acciones directas para impedir los trabajos, primero con un plantón en la carretera de terracería que lleva al lugar donde se pretendía hacer la cortina de la presa, siete meses después se integró formalmente el Cecop; la nueva organización instaló siete plantones donde principalmente las mujeres vigilaron durante cinco años, de día y de noche, las carreteras de acceso al área de la presa para impedir que pasara maquinaria y personal de la CFE.
Las obras de la hidroeléctrica se pararon, pero se mantuvo la intención de los sucesivos gobiernos de hacerla.
La división está en todo. En asambleas ejidales y comunales, en elecciones de comisarios y comisariados, las contiendas fueron entre los que estaban a favor de la presa y los opositores. Todas las dependencias gubernamentales actuaron a favor de la CFE. Los empresarios que explotan los recursos pétreos del río Papagayo están a favor de la presa.
También los gobernantes en turno: los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; los gobernadores René Juárez Cisneros, Zeferino Torreblanca Galindo, Ángel Aguirre Rivero y Héctor Astudillo; y los alcaldes Alberto López Rosas, Luis Walton Aburto, Evodio Velázquez. En todo momento los tres niveles de gobierno enviaron policías para reprimir el movimiento opositor a la presa; la excepción son el alcalde Félix Salgado Macedonio y la actual alcaldesa Adela Román Ocampo.
Con la división se transfirió la violencia a otros conflictos.
Ya sin el proyecto de la CFE, Suástegui declara que existe la amenaza de la entrada del narcotráfico a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, y dice que va de la mano de la Policía del Estado, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que entró para buscar desplazar al Cecop, y grupos de sicarios que entraron para generar violencia. Señala que estos grupos están coludidos con las empresas gravilleras, que explotan los recursos pétreos del río, y son utilizados para reprimir al Cecop.
Del lado contrario a la presa, un cambio desde 2014, es la creación de la Policía Comunitaria de Cacahuatepec, que forma parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) que tiene su Casa de Justicia matriz en San Luis Acatlán, que se rige legalmente por usos y costumbres indígenas.
Suástegui explica porqué es prioritario el proyecto de seguridad y justicia con la Policía Comunitaria. “De nada sirve que hayamos ganado una batalla a los gobiernos neoliberales y que venga el crimen organizado y se apodere de nuestras tierras. Ni la Guardia Ncional puede darnos protección, sólo la Policía Comunitaria de Cacahuatepec puede cuidar al pueblo”.
Tres peticiones a AMLO
La situación en que llega la declaración del presidente López Obrador es compleja y difícil, dice el vocero. Considera que las palabras del presidente en su conferencia de prensa del 17 de enero son “un respiro”, “una tregua”.
Ahora, los opositores buscarán una audiencia con el presidente, para plantearle tres demandas: que dé la certeza jurídica de que la presa La Parota no va, la seguridad mediante el reconocimiento de la Policía Comunitaria de Cacahuatepec (constituida actualmente por 100 elementos), y un programa de desarrollo para la región.
López Obrador dijo en su conferencia de prensa mañanera, en respuesta a un reportero que le preguntó si el gobierno va retomar el proyecto de la hidroeléctrica La Parota, después de que el 9 de agosto entró un convoy de La Marina a las tierras del vocero, Marco Antonio Suástegui:
“Miren, no se puede hacer ninguna obra en contra de la voluntad de la gente. Lo de La Parota tiene oposición y no se va a construir esa presa”.
Los opositores a la presa estuvieron 17 años esperando esa declaración.
Cambios
Del proyecto de la CFE quedan todavía en esta región, la carretera que va a los pueblos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec por la orilla del río Papagayo, que antes era un camino real de andadura para el paso de bestias con cargas de maíz y los productos del campo, se abrió una carretera amplia y pavimentada que conecta la federal de Acapulco por San Isidro Gllinero al sitio donde se pretendía hacer la cortina de la presa.
También quedó en La Concepción una casa muestra de las viviendas que la CFE ofrecía a los desplazados por el embalse y ahora es el cuartel de la Policía del Estado, están aún las instalaciones de un campamento para los trabajadores, ingenieros, técnicos que laborarían en la construcción de la presa, con dormitorios, talleres, comedores, a la orilla del río, quedan las ruinas de un helipuerto, y abandonadas obras inconclusas como túneles en los cerros que se iban utilizar para desviar el agua del río.
El Chistorete
De la gente extraña que llegó del lado de los que quieren la presa, de los gravilleros, y de la Policía del Estado está un militar retirado que encabeza un grupo de sicarios y en diciembre de 2017 fue detenido por la Policía Comunitaria de Cacahuatepec y en un interrgatorio confesó que fue enviado para matar a Marco Antonio Sástegui. En los últimos días, campesinas lo han visto nuevamente por el monte, cerca de las parcelas, y temen que regrese con sus planes.
En el interrogatorio, le preguntaron quién lo contrató y respondió que el asesor del gobernador César Flores Maldonado, el líder de la UPOEG Bruno Plácido Valerio y el empresario gravillero Humberto Marín.
Ese ex militar, apodado el chistorete, aparecía con uniforme del Ejérito camuflado, con armas de alto poder, y acompañado por un numeroso grupo de sicarios, que acampaban en terrenos cerca de las parcelas de Suástegui.
“Estuvo aquí el hombre, en mis parcelas, en el pastizal, camuflageado, entraron con él 50 sicarios, estuvo a punto de dispararme con 15 gatilleros, pero poco a poco se fueron saliendo por el monte. Porque le ofrecieron 200 mil pesos por matarme, le dieron al principio 100 mil, y el 50 por ciento se lo iban a dar cuando terminara el trabajo, pero la Policía Comunitaria de Cacahuatepec lo detuvo y fue cuando vinieron al rescate”.
El día de la masacre de La Concepción, el 7 de enero de 2018, cuando en un enfrentamiento murieron seis vecinos del grupo que está a favor de la presa y dos de los opositores, y después tres policías comunitarios fueron ejecutados por policías del estado que ya los tenían sometidos, el chistorete estaba detenido en la Policía Comunitaria de Cacahuatepec.
En medio de la masacre, los policías del estado y el jefe de la Policía Ministerial, Esteban Maldonado, entraron preguntando por el militar, porque venían a rescatarlo.
El vocero muestra cuatro credenciales de el chistorete, originales, en las que usa dos nombres. En una de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aparece como militar en situación de retiro Liborio López Alejandro, en una credencial otorgada por el Registro Agrario Nacional está con el mismo nombre, con el cargo de presidente del Consejo de Vigilancia del poblado Cacahuatepec, y también con ese nombre tiene con su foto una tarjeta de la tienda SAMS.
En una terjeta de débito de Banjercito aparece como Guillermo Marín López, el mismo nombre tiene en su credencial del INE, con domicilio en Acapulco.
Los gravilleros
“Nos damos cuenta de que la lucha no es sólo por nuestra tierra, que es por el territorio: la tierra, el río, el agua, el aire, las plantas, animales, el espacio aéreo, la biodiversidad, escuelas, la cultura, casas, clínicas, todo”, dice el vocero.
“Ahí vemos que el río Papagayo está siendo explotado por los gravilleros caciques, que son narcogravilleros, narco empresarios, que todavía siguen. Hoy hay un grupo paramilitar llamado UPOEG que está trayendo más inversionistas dándole proteción a cambio de una cantidad fuerte de dinero”.
“Los gravileros tienen 40 años asentdos en el río Papagayo, primero en Bellavista Papagayo, donde estaban los Terrazas, los Olea y ahora Javier Cadena Almanza, y de ahí Armando Valle, José Valle, y llega Humberto Marín que tenía 15 años explotando el río”.
“Vemos que la lucha no sólo es contra la presa sino contra todo esto que viene acabando con el río Papagayo.
Y tiene que ver con la presa, porque los graviileros estaban esperando meter sus camiones, su maquinaria, sus equipos en las obras de la presa y de las carreteras”.
“El 90 por ciento de las órdenes de aprehensión que tenemos los del Cecop son por acusaciones de los gravilleros. El gobierno supo capitalizar el conflicto que tenemos con los gravilleros para criminalizarnos”.
Narcotráfico
Suástegui asegura que tiene documentado que el narcotráfico entró ya al territorio de Cacahuatepec. Dice que en terrenos a la afueras de la Concepción estaban traficando con droga, ahí llegaban la UPOEG y César Flores Maldonado que es el representante del gobernador, que compró predios en esa área. Y esas actividades las permite la Policía del Estado que permanentemente está en La Concepción, en la casa muestra que hizo la CFE, y no hace nada por detenerlas.
También, señala, ya hay actividades que indican que se pretende usar el río Papagayo para el tráfico de drogas desde el mar al centro del estado.
Segunda parte de la entrevista
