El ex alcalde de Iguala, señalado por estar involucrado en la desaparición de los 43 normalistas, seguirá en la cárcel y se le repondrá el último proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero
Ciudad de México, 8 de diciembre de 2020. Un tribunal federal ordenó resolver nuevamente si debe continuar o no el último juicio que mantiene en la cárcel a José Luis Abarca, por la compra de 31 inmuebles con dinero ilícito, dado que en el proceso no le informaron la identidad de dos testigos protegidos que declaran en su contra.
El Cuarto Tribunal Colegiado Penal de Toluca ordenó reponer el procedimiento y definir de nueva cuenta la situación jurídica del ex alcalde de Iguala, señalado por estar involucrado en la desaparición de los 43 normalistas, en el último proceso penal que tiene abierto por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El órgano jurisdiccional resolvió en su sentencia que el Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México debe dejar sin efecto la formal prisión y volver a dictaminar la situación jurídica, pero esta vez informándole a Abarca la identidad de los testigos con nombres clave “X” y “Mateo”.
El testigo “X” es Eynar Rodrigo Lozano Mendoza, y “Mateo” es Sergio Villarreal Barragán “El Grande”, operador de la organización criminal de los Beltrán Leyva que fue extraditado a Estados Unidos y hoy también es testigo colaborador del Departamento de Justicia de ese país.
Si bien este fallo abre la posibilidad de que el juzgado reconsidere el caso de Abarca, es poco probable que recupere su libertad, ya que el amparo sólo se pronuncia sobre una cuestión de formalidad que será reparado en la audiencia de declaración preparatoria.
Es decir, este amparo no constituye un pronunciamiento sobre el fondo o contenido de la acusación de la Fiscalía General de la República; además, existe el antecedente de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca, quien en agosto pasado también ganó un amparo en los mismos términos contra este proceso y le volvieron a dictar la formal prisión.
En este último proceso, se acusa al matrimonio Abarca Pineda, así como Rosalía Abarca Velázquez, hermana del ex edil, y su marido Cirilo Lara Brito, de pertenecer a la organización criminal de Guerreros Unidos y lavar dinero en la compra de 31 inmuebles.
Desde el 6 de octubre de 2017 un juez federal ordenó la aprehensión de los cuatro imputados por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, así como de defraudación fiscal en el caso de los dos últimos.
La FGR afirma en este expediente que en el 2011 el ex alcalde y su esposa compraron dos inmuebles con valor de 749 mil 88 pesos; del 2006 al 2014, compraron otros 24 por un monto de 6 millones 528 mil 976.91 pesos, y 5 inmuebles por un millón 52 mil 814 pesos.
Los 31 inmuebles tienen un valor total de 8 millones 330 mil 878.91 pesos, aunque el precio corresponde al registrado en el catastro, por lo general menor al comercial.
Abarca y Pineda fueron detenidos por la Policía Federal el 4 de noviembre de 2014 en una casa de una Colonia popular de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.
El ex alcalde fue internado en el Penal del Altiplano y Pineda en el Federal Femenil de Amacuzac, Morelos.
Texto: Redacción / Abel Barajas / Agencia Reforma / Foto: Archivo
