Vecinos de Zitlala, Tlacotepec y Chichihualco exigen compensación por sus propiedades, informa el Centro Morelos. “Había familias que sembraban hasta 20 hectáreas”, afirman Crescencio Pacheco y Manuel Olivares.
Ciudad de México, 21 de marzo de 2019. Al menos 70 familias de Zitlala, Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y Leonardo Bravo (Chichihualco) han interpuesto una demanda para que el gobierno del estado de Guerrero les restituya sus bienes perdidos a causa de la violencia del crimen organizado, informó el director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y representante legal de las familias desplazadas de esos tres municipios, Manuel Olivares.
“No hay una cuantificación de las propiedades perdidas”, dijo el abogado en una conferencia de prensa este miércoles frente a Palacio Nacional, junto a las decenas de familias que acampan a unos cuantos metros de la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.
“Nosotros estamos pidiendo la reubicación, en un principio, porque hay personas que perdieron su patrimonio entero y había familias que sembraban hasta 20 hectáreas, más. De las tierras no tenemos ni siquiera una cifra total para dimensionar lo perdido, pero 70 familias han interpuesto esta demanda debido a que existió mucho saqueo: perdieron refrigeradores, televisiones, estufas, mobiliario”.
De acuerdo con la Ley 487 para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Guerrero, el estado debe garantizar el salvaguardo de las propiedades y posesiones de las personas que han sufrido desplazamiento forzado, de no ser posible se debe de contemplar la restitución o la compensación de sus tierras, vivienda y propiedades, además de su seguridad y actividades económicas.
Luego de un mes de plantón junto a Palacio Nacional las familias instaladas dijeron que no hay avances en la negociación con el gobierno federal, a pesar de que la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación diseña la operación Regreso a Casa, para que los desplazados puedan volver a sus territorios.
“Lo que nos han ofrecido es un cuarto de hotel”, dijo en su turno Crescencio Pacheco, vocero de los desplazados.
“No se dan cuenta de que un cuarto de hotel no es suficiente porque no sabemos cuánto va a durar su estrategia, cuándo podemos volver a nuestra casa. Hay familias aquí con más de tres hijos y dormir en un hotel, en colchonetas, tampoco son condiciones. Estamos pidiendo dinero para despensa, para poder comer de acuerdo a nuestras costumbres y tradiciones, no queremos comida preparada por el Ejército”.
Exigen interlocutores con poder de decisión
Posteriormente tanto Crescencio Pacheco como Manuel Olivares reiteraron en un comunicado las peticiones de las familias desplazadas: una vivienda digna, apoyo económico, seguridad, despensa de acuerdo a costumbres y necesidades de las personas.
La noche del martes se tenía programada una reunión con Neftalí Granados, el enlace con Gobernación y Félix Santana, director general de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos de la Segob.
El encuentro fue cancelado de último minuto por lo que ahora los desplazados desestiman el trabajo de la subsecretaría a cargo de Alejandro Encinas.
“Estas personas no saben cómo resolver nuestro problema, no tienen capacidad ni sensibilidad”, señaló Pacheco.
“Exigimos una audiencia con interlocutores que tengan un nivel y capacidad de resolver esta problemática: con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y con el mismo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, el cual no ha vuelto a recibirnos desde el 18 de febrero”, finalizó.
Texto y foto: Carlos Acuña, El Sur Cdmx
