El facilitador en Olinalá, Cualac y Ahuacuotzingo, Cenobio Flores informa que serán despedidos 128 trabajadores operativos por los vicios y desatenciones que provocó el titular de la Sagadegro Alejandro Zepeda. Necesita ampliarse a la Montaña donde hay más pobreza y la migración sigue siendo alta, pero difícilmente tienen 2.5 hectáreas de tierra, títulos de propiedad, incluso actas de nacimiento, dice. Subraya que 66.5 por ciento de la población está en pobreza, y 26.9 en pobreza extrema, “dejar de apoyar a 12 mil 206 campesinos, es francamente irracional y falta de compromiso con el sector campesino e indígena del estado”
Chilpancingo, Guerrero, 9 de enero de 2025. El facilitador del programa Sembrando Vida en Olinalá, Cualac y Ahuacuotzingo, Cenobio Flores García advirtió que serán expulsados del programa 7 mil campesinos y despedidos 128 trabajadores operativos, por los vicios y desatenciones que provocó la injerencia del secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del gobierno del estado (Sagadegro), Alejandro Zepeda Castorena.
En conferencia de prensa mencionó que Zepeda Castorena antes de ocupar la Sagadegro era coordinador del programa federal, y al asumir la Secretaría dejó a “sus incondicionales a cargo”, no por su capacidad, sino para continuar el uso político del programa para intereses personales: Felipe de Jesús Sosa Gazga, Omar Salinas Lorenzo y Mario Morlet.
Denunció que “actualmente el programa se encuentra sin dirección técnica, operativa, sin apoyos adicionales, sin coordinación institucional con programas similares como producción para el bienestar, Segalmex, tiendas de bienestar, antes Diconsa, Comisión Nacional del Agua (Conagua) de Agua Potable o el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI)”.
Aunque los técnicos y facilitadores comunitarios están promoviendo dirigir la ampliación del programa Sembrando vida en 2025 hacia la región indígena, donde la migración sigue siendo alta, aclaró que no se puede porque los campesinos de la montaña difícilmente tienen 2.5 hectáreas de tierra, títulos de propiedad, incluso ni actas de nacimientos.
Con estas condiciones, señaló que los coordinadores estatales, por instrucción de Zepeda Castorena, pretenden llevar la ampliación a la región Tierra Caliente.
No obstante que en la Montaña miles de indígenas, agrupados en ejidos y bienes comunales, no fueron considerados en el programa de inicio.
“Pero a los coordinadores no les importa cuántos campesinos se quedan sin el apoyo, tampoco les importa que no tengan agua para el riego de los árboles, viveros y hortalizas, caminos saca cosechas, ni carreteras buenas para sacar a vender sus productos, ellos quieren escalar en el poder a base del sacrificio de los técnicos y de los campesinos”, recriminó.
Explicó que en el programa, tanto técnicos como facilitadores fueron contratados para residir en los municipios en donde están los sembradores, porque ahí están las parcelas sembradas de árboles maderables y frutales, el maíz, las fábricas de abonos orgánicos, viveros en donde se germina la planta y toda la infraestructura para realizar reuniones y capacitaciones.
Pero facilitadores y técnicos que ingresaron en 2022 y 2023, amigos, esposos o parejas de los coordinadores del programa estatal y de Alejandro Zepeda, dan asesoría y capacitación vía Whatsapp desde las oficinas en Chilpancingo.
Aseguró que estos facilitadores y técnicos que no realizaron exámenes de ingreso tampoco han cumplido las metas, “lo que provocaron son un cúmulo de vicios y desatención del programa”.
Pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que se termine la relación de complicidad de Alejandro Zepeda y sus incondicionales, que buscan entregar “recursos frescos” mediante los sistemas producto como el café y el mezcal, a organizaciones como la CNC “que han sido un barril sin fondo”, llevando los apoyos a la región Norte.
Pide parar los despidos
Solicitó a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes que detenga la expulsión de 7 mil campesinos del programa, y el despido de 114 técnicos y 14 facilitadores que con los productores, dieron los resultados que la presidenta Sheinbaum presentó en la Cumbre de líderes del G20, a mediados de noviembre pasado en Río de Janeiro.
Destacó la siembra de 89 millones 700 mil árboles frutales y maderables, la operación de mil 500 biofábricas, mil 500 viveros y la reforestación de 97 mil 500 hectáreas, 39 mil empleos en 2023.
Llamó a que la ampliación del programa se aplique en las regiones indígenas, donde está operando actualmente. Expuso que los campesinos tienen derecho a un apoyo permanente para trabajar la tierra.
Insistió en que al funcionario estatal y a los coordinadores del programa no les preocupa comercializar el nopal, el guaje, el chile seco, la miel, el cacahuate, las hortalizas, la moringa, la semilla de calabaza, el maíz, el frijol, el limón o el nanche, “ellos siguen enfocados en rescatar a los caciques de esos sistemas producto”.
Afirmó que están usando los recursos del programa y a los campesinos para sus proyecciones políticas, coludidos con directores del programa en la Ciudad de México, donde hay rotaciones permanentes, y a donde regresaron “neoliberales salinistas que inventan procedimientos y normas, sin argumentos en favor de los campesinos”.
Afirmó que en Guerrero, Zepeda se jacta de dirigir el programa federal y presenta como propios los logros de los campesinos a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, cuando la Sagadegro no aporta ni un peso de complemento.
Serán 12 mil fuera del padrón, vuelven a la pobreza extrema
Flores García informó que de 2020 a 2022 se integraron al padrón del programa 39 mil campesinos; en 2023, 5 mil 206 desertaron; más del 60 por ciento, 3 mil 142, por la migración, y mil 41 por problemas de tenencia de la tierra que sembraron en terrenos prestados o rentados, otros por defunciones o por incapacidad laboral.
Con el inicio del actual gobierno federal se implementó una valoración del programa, que en realidad era una evaluación del sembrador al técnico productivo y social, y por un comité de la Comunidad de Aprendizaje Campesino, sin indicadores claros, que no toman en cuenta el contexto local.
Es decir, suelos, relieves, climas, edad, género, lengua materna, disponibilidad de mano de obra de la familia o comunidad, sino más bien parcela espejo de un sembrador con todas las condiciones favorables y como resultado, plantas desarrolladas y en ensayo de producción.
Indicó que en ese proceso confuso y sin transparencia los campesinos hicieron lo posible por buscar computadoras e internet para señal wifi, pero dio como resultado la expulsión de 7 mil campesinos.
Con los que desertaron en 2023, indicó que serán 12 mil 206 campesinos fuera del programa en 2025. Quedando 26 mil 794 con posibilidades de reinscribirse.
Agregó que esto ocurre en todo el país, de 450 mil empadronados hasta 2023 quedarían 282 mil ya que serían expulsados 168 mil.
Subrayó que en Guerrero 66.5 por ciento de la población está en pobreza, y 26.9 en pobreza extrema, “dejar de apoyar a 12 mil 206 campesinos, es francamente irracional y falta de compromiso con el sector campesino e indígena del estado”.
Estimó que los 12 mil 206 campesinos expulsados del programa desde 2023 habían superado la pobreza extrema con el apoyo de los 6 mil 200 pesos mensuales, más las ventas de maíz, frijol, frutos y hortalizas, y sacarlos del programa es regresarlos a la pobreza extrema.
Texto: Lourdes Chávez
