Arturo Miranda responsabiliza al gobernador Héctor Astudillo de la desaparición de los dos dirigentes de la OPIM, “y exige se investigue a su operador César Flores Maldonado y su brazo armado la UPOEG”.
Chilpancingo, 16 de febrero de 2019. El investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y dirigente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), Arturo Miranda Ramírez demandó que se investigue al operador del gobernador Héctor Astudillo en la región Costa Chica, César Flores Maldonado, “y a sus paramilitares a su servicio de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)”.
Mientras tanto la Coordinación de Egresados de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa demandó la “urgente” actuación de las autoridades para su localización y presentación con vida, así como la intervención de organismos internacionales de derechos humanos para que sean vigilantes del seguimiento de las investigaciones, además que se investigue “la tardía actuación” de las autoridades.
En un comunicado Miranda Ramírez denunció que desde que Flores Maldonado, “se infiltró” en la vida de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y su Policía Comunitaria (CRAC-PC) para fomentar la división interna, apoyaba las amenazas de muerte en contra de aquellos dirigentes partidarios de mantener a esa organización alejada de los mandatos de los gobiernos en turno”.
Agrega que, por ejemplo, intentó someter a la CRAC-PC mediante el soborno y amenazas a Eliseo Villar quien intentó desaparecer a dirigentes de esa organización que se oponían a la subordinación al gobierno.
“Ahora el gobernador Astudillo intenta hacer lo mismo con el actual dirigente a través de su operador en la región, César Flores Maldonado, al promover la destrucción de las estructuras de la CRAC-PC que nació como una organización independiente al servicio de los pueblos indígenas”, expuso.
Dijo que los gobiernos priistas siempre se han obstinado en la desaparición de esa institución comunitaria, “porque les estorba esa organización indígena para seguir imponiendo el terror del pasado con miras a explotar sus ricos yacimientos de oro y otros minerales codiciados”.
Para Miranda Ramírez, “el odio” que derraman los priistas en contra de la CRAC-PC quedó demostrado con la iniciativa del gobernador Astudillo ante el Congreso Local, “confiando en que la Cámara anterior por estar dominada por diputados de ese partido aprobarían ese atentado contra los derechos de los indígenas contenidos en la Ley 701, que le otorgaba legalidad constitucional a la existencia de esa organización”.
Otro ejemplo de la intervención de Flores Maldonado, dijo, fue la matanza de campesinos afiliados al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), el encarcelamiento arbitrario de sus principales dirigentes y la impunidad que el gobierno local “les brinda a los criminales de la UPOEG para que golpeen a las organizaciones independientes y a sus dirigentes, con lo que queda demostrado que le sirven de paramilitares al gobierno de Astudillo para que le hagan el juego sucio, como ha sido siempre la política de los gobiernos priistas”.
Miranda Ramírez dijo que “gracias a los millones de pesos y a las amenazas de grupos de la llamada delincuencia organizada”, hoy el municipio de San Luis Acatlán, cuna del maestro guerrillero Genaro Vásquez Rojas, es gobernado por el PRI, “cuyo Ayuntamiento se ha convertido en el centro de operaciones delincuenciales de Flores Maldonado y sus cuadros priistas en la región, desde donde reiteradamente amenazan a dirigentes de la CRAC-PC que les estorban con desaparecerlos y asesinarlos”.
Añadió que la desaparición de Obtilia e Hilario, “se enmarca en el contexto donde opera Flores Maldonado y la UPOEG por mandato de Astudillo”.
En este contexto dijo que la ACNR, “responsabiliza al gobernador Héctor Astudillo Flores de la desaparición de Obtilia e Hilario y exige se investigue a su operador César Flores Maldonado y su brazo armado la UPOEG por la desaparición de los compañeros”.
Además lo responsabiliza de cualquier atentado que pueda sufrir a su integridad física Valentín Hernández Chapa, a quien la Fiscalía presentó inicialmente ante los medios de comunicación como el desaparecido y no a Hilario, “confusión que bien puede tener su origen en que la intención era desaparecer al compañero Valentín y no a Hilario”, dijo.
Demanda la Coordinación de Egresados de Ayotzinapa la intervención de organismos intencionales para que sean vigilantes del seguimiento de las investigaciones
Por su parte la Coordinación de Egresados de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa manifestó su preocupación por la desaparición de Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, y pidió la “urgente actuación de las autoridades para su localización y presentación con vida”.
La agrupación también demandó la intervención de organismos internacionales de derechos humanos para que sean vigilantes del seguimiento de las investigaciones.
La agrupación dijo en un pronunciamiento que “precisamente al celebrarse hoy (ayer 15 de febrero) el Día de la Mujer Mexicana es necesario valorar la lucha que ésta ha encabezado por la defensa de sus derechos consagrados en la Constitución Política”.
Exige el cese al hostigamiento contra defensores de derechos humanos, “pero sobre todo los que trabajan en comunidades indígenas”.
Insiste en que se investigue “la tardía actuación” de las autoridades al darse este lamentable suceso, y el por qué no contaba en ese momento con las medidas cautelares que tiene decretada por organismos internacionales, “máxime cuando había recibido amenazas de muerte previo a la desaparición”.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: El Sur
