Sobrevivientes, familiares de víctimas y defensores de derechos humanos denuncian en un foro que el ex gobernador Rubén Figueroa sigue sin recibir castigo, mientras que la OCSS sigue sufriendo asesinatos, desapariciones, encarcelamiento y el desplazamiento de sus integrantes
Chilpancingo, Guerrero, 26 de junio de 2025. La reapertura de la investigación de la masacre del Vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, una mesa de diálogo de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo con la dirigencia de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), justicia a las víctimas y castigo a los responsables, fueron las propuestas del foro con motivo del 30 aniversario de esa masacre ocurrida el 28 de junio de 1995.
El foro Impunidad en las violaciones a los derechos humanos: testimonios de sobrevivientes y análisis del caso Aguas Blancas se realizó ayer en el Centro de Investigación y Postgrado en Estudios Socioterritoriales (CIPES) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), como parte de las actividades con motivo de los 30 años de la matanza de 17 campesinos por policías del estado.
En tres mesas, sobrevivientes, familiares de víctimas y defensores de derechos humanos denunciaron la impunidad en el caso, y que el principal responsable, el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer sigue sin recibir castigo, mientras que la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), 30 años después, sigue sufriendo los asesinatos, desapariciones, encarcelamiento y el desplazamiento de sus integrantes, denunció la dirigente Norma Mesino, una de las ponentes.
Los participantes en el foro también plantearon la necesidad de la reunificación y la activación del movimiento social, debido a que, denunciaron, los perpetradores de las masacres siguen gozando de la protección del actual gobierno.
El foro duró cinco horas; inició a las 10:30 de la mañana y terminó a las 15:30 horas.
En la mesa 1, Gilberto Aguirre Bahena y Antonio Barragán Carrasco (quien mandó un audio desde el penal de Atlacholoaya, Morelos, donde se encuentra preso), así como la activista Diana Itzel Hernández, hija del dirigente social asesinado Ranferi Hernández Acevedo, dieron sus testimonios; los dos primeros como sobrevivientes y la segunda como familiar de víctima de la masacre de Aguas Blancas.
En la mesa 2, el abogado y ex rector de la UAG, Enrique González Ruiz, quien mandó un documento al que le dieron lectura, y las investigadoras Evangelina Sánchez Serrano y Abril Téllez Flores hablaron de los 30 años de impunidad de la masacre de Aguas Blancas.
En la mesa 3, el abogado de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra, la viuda de la masacre de El Charco, Eustolia Castro Ramírez, la dirigente de la OCSS Norma Mesino y el director de Tlachinollan que llegó al final para emitir sus comentarios, disertaron sobre la situación actual de las violaciones a los derechos humanos en Guerrero.
Van 30 líderes sociales asesinados a partir de 1990
Rosales Sierra expuso que Guerrero está marcado por la sangre de las represiones sociales; realizó una reseña desde la masacre de 1960 en Chilpancingo, la de los copreros de 1967 en Acapulco, la del Vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, en 1995, la de El Charco, municipio de Ayutla, en 1998 y la de Iguala contra los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en el 2014.
Además informó que Tlachinollan tiene un registro de 30 líderes sociales asesinados a partir de 1990.
“Todos estos hechos se ejecutaron de manera selectiva y sin que hasta ahora se haya hecho justicia”, denunció el abogado.
Rosales Sierra dijo que a partir del 2018 cuando llegó la Cuarta Transformación, se creyó que habría una justicia transicional con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer justicia y terminar con la impunidad en todos los casos, “pero no pasó nada”.
Criticó que, por el contrario, el actual gobierno que se dice de izquierda se ha disociado del dolor que vive el pueblo de Guerrero, “y de esta sangre que corre desde los años sesentas hasta el 26 de septiembre del 2014, crímenes espantosos que se cometieron”.
“A la izquierda partidista le es indiferente todo esto, y no hubo una discusión de estos crímenes cuando llegó Andrés Manuel López Obrador”, reprochó.
En tanto que en lo local “no hay nada, aquí no se preocupan, andan en otros temas, creando refugios de perritos felices, frivolidades, la política del gobierno está alejada de estos temas, andan en otras cuestiones más superficiales”.
Este crimen “deja huellas profundas en nuestro ser social y es causante de dolor e intranquilidad”: González Ruiz
Antes, la viuda del diputado local perredista asesinado Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cázares había dado lectura al documento que envió el abogado y ex rector de la UAG, Enrique González Ruiz, en el que dijo que “queremos creer que las cosas cambiaron en México con la hazaña que hizo nuestro pueblo en 2018, por eso insistimos en demandar que se reabra el caso Aguas Blancas para poner fin a 30 años de impunidad de los autores de esta tragedia”.
Aclaró que el reclamo no es solamente para dar satisfacción a los familiares de las víctimas directas “de la masacre del PRI-gobierno”, y a la Organización que ha seguido en la mira de la represión por tres décadas.
Aclaró que con la verdad y la justicia, también se beneficiarán la sociedad guerrerense y nacional.
“Porque este crimen, como todos los de lesa humanidad, deja huellas profundas en nuestro ser social y es causante de dolor e intranquilidad en sectores de nuestra colectividad”.
Dijo que hoy los priístas están en desbandada, es cierto. “Pero lo nuevo no termina de cuajar y aún corremos riesgos de retrocesos fatales”.
Indicó que por eso es “fundamental” que se libere a Antonio Barragán Carrasco, uno de los sobrevivientes presos, que se reabra el caso de Aguas Blancas, que se reactiven las medidas cautelares para la dirigente Norma Mesino y que se establezca una mesa de trabajo para atender las restantes demandas de la OCSS.
Asistieron unas 50 personas y entre ellas se vieron el ex gobernador e investigador de la UAG, Rogelio Ortega Martínez, el ex integrante de la Comisión de la Verdad, Nicómedes Fuentes García, el ex dirigente perredista y dirigente de la Unión de Transportistas Democráticos, Apolinar Segueda Dorantes, el ex aspirante a la alcaldía de Chilpancingo por Morena Antonio Pérez, y el director del Cipes Pedro Vidal Tello.
“No nos queda más que seguir luchando en Guerrero”, dice Abel Barrera
A Abel Barrera le tocaba participar en la tercera mesa, pero por motivos de su agenda llegó al final, ya cuando había participado en su representación el abogado Rosales Sierra, sin embargo le cedieron la palabra y propuso que como sociedad guerrerense se tiene que impulsar un mecanismo “a partir de los reclamos justos de las organizaciones”, y en el que deben de participar Eustolia Castro Ramírez, viuda de la masacre de El Charco, ahí presente y Norma Mesino, dirigente de la OCSS y representante de las victimas de la masacre del Vado de Aguas Blancas.
Advirtió que esas heridas no se van a subsanar sin reactivar el movimiento social que ha construido nuevas maneras de democracia, sobre todo las que vienen desde abajo.
Para Barrera Hernández, la movilización es necesaria sobre todo porque hay factores de persistencia, “y los actores o perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos como el Ejército mexicano, siguen sin investigarse y, por lo tanto, esa continuidad de la impunidad sigue reproduciendo graves violaciones a los derechos humanos”.
Agregó: “No nos queda más que seguir luchando en Guerrero”.
Ello, dijo, a pesar de que el movimiento “tan compacto y tan robusto que hubo y existía, lo han fragmentado, debilitado y cooptado y, lamentablemente, esa movilización, esa fuerza que tenía desde la década de los setentas se ha ido desfondado”.
Sin embargo, arengó que eso no quiere decir que hay una sociedad derrotada, “la sociedad sigue resistiendo, sigue empujando, sigue construyendo, sigue luchando en la adversidad y las viudas siguen viendo en el horizonte la posibilidad de que haya justicia”.
Han sido asesinados 36 sobrevivientes de Aguas Blancas
La dirigente de la OCSS expuso que en los 30 años de impunidad de Aguas Blancas, 36 sobrevivientes han sido asesinados, a parte de las 17 víctimas del 28 de junio de 1995, y denunció que los perpetradores de ayer son protegidos por los gobiernos de hoy.
Norma Mesino denunció que en la masacre no sólo estuvo la mano del gobernador Rubén Figueroa, sino también la del Ejército pues no se explica la presencia de Arturo Acosta Chaparro “en esa masacre preparada desde el poder de arriba, desde el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, compadre del ex gobernador Figueroa”.
La dirigente de la OCSS exigió la reapertura de las investigaciones del caso Aguas Blancas pues dijo que no se puede cerrar porque es de lesa humanidad y no prescribe.
Denunció que cuando han pedido una mesa de diálogo con el gobierno federal para tratar el caso, les dicen que ya no pueden tocarlo porque la Comisión Interamericana les mandó un informe en el que les dicen que el expediente se cerró, “cuando eso es mentira”, dijo Mesino.
Las investigadoras Evangelina Sánchez Serrano y Abril Téllez Flores, presentaron una reseña de los movimientos sociales desde los años sesentas hasta la masacre de Aguas Blancas y El Charco.
En tanto que Gilberto Aguirre Bahena, Antonio Barragán Carrasco y Diana Hernández, presentaron sus testimonios del movimiento.
Diana Itzel Hernández habló de la represión y los ataques que sufrió su padre y su familia a partir de su exigencia de justicia en el caso Aguas Blancas que lo obligó a irse exiliado a Francia con toda su familia.
Dijo que, al final, la consigna del ex gobernador Rubén Fugueroa se cumplió; “exilió a mi familia y a cientos de guerrerenses que, sin tener culpa alguna, por exigir sus derechos muchos de ellos hoy ya no están y él sigue libre, en la impunidad, y eso sí duele porque no es cualquier cosa una masacre”.
Reprochó que muchos de los sobrevivientes fueron asesinados, encarcelados, exiliados, desaparecidos y desplazados “y hoy no tengamos un ápice de justicia”.
Contó que al regreso de Francia su padre fue amenazado por el ex gobernador, le dijo: “Yo tardo, pero nunca olvido”.
Dijo que esa consigna se cumplió “porque si bien hemos perdido a muchos compañeros en ejecuciones extrajudiciales de manera artera y cobarde, a nosotros nos fue peor, porque en un principio se evitó, al final se cumplió; a mi me quitaron a mi padre y a mi madre, me quitaron a mi abuelita, no les bastó con haberlos asesinado, los quemaron, ¿quién hace eso?, ¿con que razón?, solamente una persona enferma”, dijo.
Ranferi Hernández Acevedo fue asesinado junto a su familia el 14 de octubre de 2017 a la salida de Chilapa, en la carretera rumbo a Ahuacuotzingo, cerca del punto conocido como Los Ajos.
Su hija Diana dijo ayer que este año se cumplen ocho años de impunidad y que quienes los mataron dejaron la camioneta incendiada en esa carretera porque quisieron sembrar terror, “quisieron decir: aquí se acabó, pues nosotros decimos que no, seguimos resistiendo, no importa que estemos desplazados”.
Reprochó que de qué sirvió que con su padre haya empujado un proceso de justicia “y hoy en día nuestros gobiernos sean tan indolentes y no haya sensibilidad para escuchar y atender”.
Explicó que han venido de derechos humanos de la ONU “a tomar acuerdos y acuerdos y al final de los hechos no hay nada, esa es la parte mas cabrona. No se puede vivir tranquilo y en paz donde el Estado consiente la violencia, no se puede”, concluyó.
Zacarías Cervantes/ Foto: Jesús Eduardo Guerrero
