24 junio,2023 5:21 am

Demolición de una Biblioteca

Héctor Manuel Popoca Boone

(Drama en seis actos)

Miente, miente, miente; que algo dejas como falsa simiente.

 

I acto. Después de diversas embestidas que sufrió a manos de variopintos grupos de vándalos, el edificio del Congreso local que albergaba la biblioteca y que fueron causales de su acelerado deterioro y avería, ameritaron un dictamen técnico sobre los daños acumulados.

II acto. Valuada que fue la situación real que guardaba la estructura del edificio, por la Dirección General de Protección Civil del Estado, esta dictaminó la conveniencia de una rehabilitación del inmueble, más no su demolición. Cuestión que se le hizo de su conocimiento al exgobernador, Héctor Astudillo Flores, mismo que acordó conjuntamente con el otrora coordinador de la Junta de Coordinación Política del Congreso local (Jucopo) –en la 22 legislatura–, Alfredo Sánchez Esquivel (ASE), ¡demoler! todo el edificio y construir uno nuevo, multifuncional y a la vez resultara má$ atractiva la inversión de la demolición-construcción del inmueble.

III acto. Sorpresa grande fue que, en el seno de la Jucopo, se desconocía el acuerdo de llevar a cabo la demolición, en lugar de la rehabilitación del edificio. La autoría de esa decisión individual se le atribuyó, presuntamente, al diputado ASE. Intempestivamente y sin aviso alguno, los trabajos de la demolición apresurada, se iniciaron en el mes de diciembre del 2021 –durante la última semana que es la más inhábil del calendario laboral oficial anual–, cuestión que causó pasmo y revuelo en la opinión pública y en los grupos políticos locales. Diputados de la Jucopo y del Pleno se mostraron ajenos a esa acción ya que no fue tomada en acuerdo colegiado, por lo que se acordó formar una comisión investigadora sobre quienes fueron y cuales eran las razones esgrimidas para tal decisión; ya que no se ajustaba a la recomendación técnica emitida de que fuera una rehabilitación solamente.

IV acto. La Comisión investigadora trabajó “en forma secreta” y los resultados de la misma no los dieron a conocer a la opinión pública. La actual Jucopo todavía los mantiene en “suprema secrecía” que ni al pleno de diputados se las ha hecho de su conocimiento, menos al pueblo que dicen representar. Desde antes el otrora coordinador diputado, ASE se mostraba evasivo ante cualquier interrogatorio sobre el asunto.

V acto. Fue la Auditoría Superior de la Federación quien en su dictamen sobre la Cuenta Pública de Guerrero del año 2021; identifica irregularidades y hallazgos importantes que deben solventarse sobre el gasto público federal aplicado en la demolición del inmueble de referencia y no en su rehabilitación; además de los incumplimientos al debido proceso de licitación y adjudicación de la obra a la empresa contratista agraciada que, por lo demás, la hizo en forma extrañamente expedita, en los últimos quince días del año referido.

VI acto. Ante la presión de la ciudadanía e insistencia de los medios de prensa, el reelecto diputado “indígena”, ASE, del partido Morena, (23 legislatura), manifestó públicamente que la decisión de demoler el edificio y la construcción inmediata de uno nuevo, no la tomó en solitario, sino que “habría que preguntarle también al Gobernador, al secretario de Obras Públicas y al secretario de Finanzas del Estado.” Del aquél entonces.

VII acto. Por su parte y a sabiendas de tales irregularidades en dicha obra, la Gobernadora Constitucional, Evelyn Salgado Pineda, propuso para este año un presupuesto inicial de 20 millones de pesos, para reiniciar la construcción del nuevo edificio que albergará a la anterior biblioteca y otras oficinas más, previéndose que el monto total será 40 millones de pesos adicionales a los que ya se gastaron en la demolición. Dicha iniciativa de la gobernadora fue prontamente autorizada por los diputados de la actual 23 legislatura –dando pie a conjeturas de encubrimiento u ocultamiento del estado en que se encontraban los cimientos del edificio.

VIII y último acto. En los dictámenes tanto de la Contraloría del Estado como de la Auditoria Superior del Estado Estatal correspondientes al ejercicio de los recursos del 2021, no mencionan nada acerca de este escandaloso asunto de presunta corrupción e impunidad, realizado en alimón por aquellos que presidían los poderes Legislativo y Ejecutivo en Guerrero. Se cierra el telón con poca transparencia.

 

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