Ciudad de México, 4 de julio de 2022. Jesús Hernández Alcocer, el abogado ahora preso por asesinar a su esposa Yrma Lydya en el Suntory de la colonia del Valle, amenazó en 2020 a Guillermo Álvarez Cuevas con hacerle daño a él y su familia si no renunciaba en un plazo de 25 días a la dirección de la Cooperativa La Cruz Azul.
El ex directivo acusó que en julio de ese año, Hernández Alcocer le puso el ultimátum cuando su administración era objeto de presiones judiciales de parte de abogados tutelados por Julio Scherer Ibarra, ex Consejero Jurídico de la Presidencia, y apoyados por Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
“Jesús Hernández Alcocer me tenía amenazado en el mes de julio del año 2020, que tenía yo unos 25 días para poderme hacer a un lado o que sería yo afectado, y mi familia, y desde luego muchos otros cooperativistas”, dijo Álvarez en un mensaje grabado el pasado 30 de marzo desde la clandestinidad.
Según la grabación, a la que REFORMA tuvo acceso, Álvarez Cuevas no aceptó el amago y el 29 de julio de 2020, unos días después de que Hernández Alcocer le llevara el mensaje, un juez federal ordenó su aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero. En el expediente se incluyó a su sobrino y días después un juez local también instruyó capturar al hijo del ex directivo.
A la fecha, los tres continúan prófugos.
En su mensaje, el ex mando de la cementera refirió que la persecución de la que ha sido objeto tiene su origen en la asamblea celebrada el 29 de septiembre de 2018, en la que José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez fueron nombrados nuevos presidentes de los consejos de Administración y Vigilancia.
Álvarez y los suyos desconocieron la asamblea y, al combatirla legalmente, se encontraron con una contra ofensiva que le costó no sólo el cargo sino ser perseguido penalmente.
Defiende fideicomiso
Guillermo Álvarez Cuevas asegura que no hubo ilegalidad alguna en el caso por el que se ordenó su aprehensión y la de nueve de sus colaboradores por una posible administración fraudulenta de 2 mil 257 millones de pesos.
La directiva de sus opositores Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez denunció que Álvarez constituyó un fideicomiso para arrendarle a Afianzadora CBL Fiducia los bienes, la maquinaria y el equipo de la cementera, con una renta mensual de 667 mil 714 pesos.
Conforme la denuncia, el instrumento financiero fue utilizado para desfalcar a la cooperativa, pues la directiva de Álvarez no contaba con las facultades legales ni la autorización de los cooperativistas en asamblea para constituir el fideicomiso.
En respuesta, “Billy” Álvarez aseguró que se trató de un contrato que buscaba beneficiar a los socios jubilados.
“Se ha señalado que hemos sido partícipes en una afectación patrimonial por más de 2 mil 200 o 2 mil 500 millones de pesos, que es una cifra impensable, y se atribuye a mi persona y a otras personas haberlo hecho de una manera organizada.
“Quiero decirles que esto fue totalmente planeado, de acuerdo con estudios jurídicos que en su momento se llevaron a cabo y hay un contrato de por medio, el despacho del abogado Ángel Junquera Sepúlveda, que es quien ha llevado todo esto en su ejecución, para poder tener, desde luego, la creación y la operación de un fideicomiso en beneficio de los socios jubilados”, señaló Álvarez.
“Y quiero hacer hincapié en mi preocupación por la seguridad de mi familia, en lo personal, de mis compañeros socios y socias cooperativistas y también de mis abogados”.
En su relatoría, lamenta el estado actual de la cooperativa pues asegura que hace dos años la conformaban más de 15 empresas de diversos giros y a la fecha han sido liquidadas o extinguidas dos o tres de ellas, afectando a muchos trabajadores que se quedaron sin ingresos.
Agrega que también se han negado pagos de jubilación y que también se despidió a trabajadores que no estaban de acuerdo con la corriente política de los actuales directivos, y que ha sido mucho más la influencia jurídica y política en el conflicto interno de la cooperativa que siempre debió resolverse internamente en asambleas generales.
Texto: Vicente Flores Hernández / Agencia Reforma
