Ciudad de México, a 25 de julio de 2025.- El municipio de Acapulco denunció a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE), ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a la violación de una suspensión que le impide continuar con el proceso de sanción por el supuesto desvío de 898 millones de pesos.
Se presentó un recurso de queja con el expediente 4/2025-CA derivado del incidente suspensión de la controversia constitucional 174/2025, en el que el ministro Javier Láynez Potisek ordenó a la Auditoría detener la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2024 y la ejecución de los posibles actos derivados del procedimiento.
El gobierno encabezado por la presidenta Abelina López Rodríguez, indica que se violó la suspensión concedida el 25 de junio ya que el 26, un día después, “autoridades de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero se apersonaron en las instalaciones del Ayuntamiento de Acapulco con el objetivo de notificar a la presidenta municipal del proveído de admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa, dictado en el procedimiento de responsabilidad administrativa ASE-DGAJ-US-PRA-029/2025, lo cual, considera que transgrede los términos en que fue concedida la suspensión en el presente medio de control constitucional”, plantea el recurso de queja.
El gobierno municipal indica que aunque la controversia constitucional sigue en etapa de instrucción, se interpuso el recurso de queja que hace valer. Y agregó que el municipio ofreció como pruebas documentos que acompañan al oficio.
El ministro Láynez, el único miembro de la Comisión de Receso de la Corte, admitió la queja y ordenó el emplazamiento de la Auditoría y Congreso del Estado de Guerrero para informar al respecto y de no hacerlo podría imponerles una multa.
El pasado 27 de junio se informó de dos suspensiones provisionales otorgadas por la Corte que protegerían por tiempo indefinido a la alcaldesa de Acapulco: una del ministro Láynez contra la investigación de la Auditoría por la supuesta falta de comprobación de 898 millones de pesos, recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS): y otra de la ministra Yasmin Esquivel, por el caso del juicio de revocación de mandato.
Las suspensiones se otorgaron en respuesta a las controversias constitucionales promovidas por el Ayuntamiento de Acapulco, mismas que en caso de ser impugnadas serían resueltas por los nuevos miembros de la Corte que tomarán posesión en septiembre.
En su defensa, la alcaldesa argumenta que la única institución facultada para revisar cómo se aplican los fondos federales es la Auditoría Superior de la Federación.
Juan Luis Altamirano Uruñuela / Foto: Archivo
