Señala María Luisa Garfias Marín que la denuncia de la víctima, Gloria Alejandra, debió ser clasificada por el MP como tentativa de feminicidio.
Chilpancingo, Guerrero, 2 de marzo de 2020. La feminista María Luisa Garfias Marín denunció negligencia, irresponsabilidad y hasta complicidad desde el primer momento de la denuncia, del Ministerio Público en el proceso contra el trabajador de la Contraloría Interna del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC), condenado por violencia de género el viernes.
En consulta telefónica, señaló que la denuncia de la víctima, Gloria Alejandra, debió ser clasificada como tentativa de feminicidio, y desde el inicio la investigación en la agencia del Ministerio Público especializado en delitos sexuales, fue lesiones, porque dijeron que no había vínculo matrimonial. Aseguró que así hay otros casos.
Explicó que después el delito se reclasificó como por tentativa de homicidio en una agencia del MP del fuero común, cuando se solicitó que fuera por tentativa de feminicidio, y finalmente por el delito de violencia de género.
Advirtió que la juez que dictaminó la sentencia confirmó que la agresión puso en riesgo la vida de la víctima, pues en determinado momento, el agresor pudo haberle causado la muerte.
La activista consideró que se debe investigar y fincar responsabilidades a los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado por negligencia, que no representó de manera efectiva a la víctima, “parecía que querían beneficiar al agresor”.
Incluso, señaló que el fiscal no se presentó en la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, el viernes, envió a otro que se excusó por no conocer el asunto, y aunque pidieron otro aplazamiento, la audiencia se pospuso sólo una hora para dar tiempo a que enviaran a otro fiscal más preparado. Si embargo, no se aportaron elementos en el caso, el expediente se sustentó en el testimonio de Gloria Alejandra.
Insistió en que el caso dirimido en el nuevo sistema penal acusatorio, “fue resuelto después de 23 meses en medio de irregularidades comedidas adrede, por complicidad; ellos son los que representan a la víctima, y con estas conductas al único que favorecen es al agresor.
La víctima señaló que la madrugada del 8 de abril de 2018, el agresor trató de ahorcarla en varias ocasiones con una sábana, mientras la amenazaba de muerte, después de haber salido juntos. La golpeó cada vez que reaccionaba cuando ella se desmayaba.
La sanción fue de 6 años y medio de prisión, la pena media señalada en el Código Penal del estado. Será leída el 5 de marzo en otra audiencia, y a partir de entonces será ejecutada.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Archivo El Sur
