Ciudad de México, 31 de marzo de 2023. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que acompaña la investigación el caso Ayotzinapa acusó de nuevo que el Ejército mexicano se niega a dar información, que ha dado la orden interna de no entregarla, que funcionarios del Cisen siguen trabajando a pesar de tener órdenes de aprehensión y, en general, alertaron sobre un cierre en las investigaciones.
“Estamos denunciando lo que está sucediendo: es muy difícil para nosotros también entender que se están cerrando caminos y se están cerrando opciones”, afirmó la colombiana Ángela Buitrago, doctora en derecho.
“Hemos tenido acceso a documentos de una decisión interna (en la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena) de no proporcionar más información, hay un documento que tiene el GIEI que muestra eso y para nosotros no es aceptable”, añadió el médico español Carlos Martín Beristain.
Los dos expertos -del total de cuatro que trabajaban hasta octubre- , presentaron el quinto informe del Grupo sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la noche del 14 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. Ellos insistieron en que están en un “momento clave”, con presuntos responsables que no se tocan, como el Ejército, y ocultamientos de información.
Beristain acusó que, según un documento al que tuvieron acceso, el Estado Mayor de la Sedena ordenó dar una información “acordada” entre las dependencias investigadas por su presunta participación en el caso. “Nos parece delicado, porque lo que estamos pidiendo es una respuesta de cuál es la verdad sobre las cosas, no sobre cuáles son las verdades acordadas”, dijo.
“Se ha tratado de limitar el acceso del GIEI a algunos testigos y la realización de nuevas declaraciones y se corre sin lugar a dudas el riesgo de alargar los procesos y no usar la información que ya se ha acumulado”, añadió la colombiana.
En la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México revelaron un fragmento de uno de los oficios que el Ejército ha negado. Se trata del número CRFI/1316, enviado por el Comando Regional de Inteligencia de Iguala, Guerrero, la misma mañana del secuestro de los estudiantes con carácter de urgente.
“Se tuvo conocimiento sobre una conversación entre integrantes de la organización delictiva ‘Guerreros Unidos’, con presencia en la Ciudad de Iguala, Guerrero, donde mencionan”, indica el fragmento. Uno de los muchos oficios que podrían decir, incluso, dónde estaban los alumnos el 4 de octubre siguiente, pero que el Ejército los ha negado a pesar de que supuestamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, su Jefe Supremo, ha dado la orden de entregarlos.
“Esa orden se cumplió de manera parcial y de forma limitada y cuando hemos vuelto a insistir, la respuesta que nos ha sido dada es que no existe”, afirmó Beristain.
El español dijo que otros archivos militares han sido cambiados de lugar. “Conocemos ese lugar, hemos informado al Presidente y la respuesta que se nos ha dado es que no es cierto y que quienes estén diciendo esa información pues habría que investigarlo”, lanzó.
Buitrago y Beristain, quienes anunciaron una ampliación de su trabajo en el GIEI hasta junio, hablaron de seguimientos e investigaciones internas que hizo la Sedena, de hasta 90 documentos imprescindibles que han sido ubicados pero que se mantienen en secreto, de tres militares infiltrados en la Normal Rural cuyos reportes no se conocen, pero dijeron que la próxima semana se reunirán con López Obrador para intentar mover la investigación.
Funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), quienes dieron seguimiento a la manifestación de los estudiantes que terminó en su secuestro, aún son empleados federales, a pesar de que les fueron dictadas órdenes de aprehensión desde hace más de medio año, agregaron.
Buitrato y Beristain dijo que hay elementos para reactivar las 21 órdenes de aprehensión dictadas contra posibles culpables, incluidos 16 militares, y canceladas de manera inexplicable en septiembre.
“Sin lugar a dudas, se bajaron las órdenes de captura por una intervención de un tercero”, dijo afirmó Buitrago, sin atreverse a mencionar al responsable.
Los miembros del GIEI alertaron también de que se retrase más la investigación con el nuevo fiscal especial para el caso, Rosendo Gómez, un tabasqueño cercano a López Obrador, pero sin experiencia en esos temas y que fue nombrado tras la renuncia de Omar Gómez Trejo que llegó con la cancelación de las órdenes de aprehensión que él había fundamentado.
“Hemos visto el riesgo de que se reinicien las cosas cuando no conoces”, advirtió Beristain.
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Texto: Jorge Ricardo Nicolás / Agencia Reforma
