Guerrero es el primer estado del país que no entrega evidencias sobre el cumplimiento de la Alerta que permite a las mujeres abortar en caso de violación, señalan. A pesar del cambio de gobierno estatal y de Congreso local, hay un “nulo compromiso” con la vida de las mujeres guerrerenses, pues se ponen “prejuicios religiosos por encima de los derechos humanos”
Chilpancingo, Guerrero, 9 de diciembre de 2021. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), denunció la falta de cumplimiento de los tres poderes del Estado de Guerrero a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio comparado, dictada a la entidad desde el 5 de junio de 2020 después de que el Estado no demostró avances en la protección de la vida, integridad y seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes guerrerenses.
El OCNF es una red nacional conformada por 43 organizaciones de la sociedad civil, con presencia en 23 estados. En un comunicado, recordaron que el plazo que dio la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) fue de 18 meses, para que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial implementaran las medidas que les correspondían a cada uno.
Las organizaciones pidieron a los tres poderes del estado y la Fiscalía cumplir con todas las recomendaciones y confiaron en que el gobierno de Evelyn Salgado Pineda “puede ser una ventana que se abra para que las mujeres guerrerenses vivan una vida en mayores condiciones de seguridad y en su salud sexual y reproductiva”.
En el comunicado recordaron que en la alerta se planteó que “los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado deberán reformar el artículo 159 del Código Penal del Estado, eliminando la fracción I, para que quede armonizado con la Ley General de Salud, Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las Mujeres”, recordaron en el comunicado sobre la eliminación de la condicionante de presentar una denuncia penal para poder acceder a la interrupción del embarazo producto de una violación.
También que entre las recomendaciones se estableció que “la Fiscalía General del Estado de Guerrero tendrá que fortalecer la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar para la Atención de Delitos Sexuales con el fin de contribuir a la mejor atención de mujeres víctimas de violencia sexual, en toda la entidad”.
Fueron 13 las medidas recomendadas a los poderes del estado, nueve de prevención, tres de seguridad y una de justicia. El OCNF consideró en su comunicado que estas pudieron ser cumplidas en menos tiempo de lo recomendado por la Segob.
“Si las autoridades hubieran tenido el compromiso y la responsabilidad de garantizar la salud sexual y reproductiva de las niñas, adolescentes y mujeres guerrerenses”, reprocharon.
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por Agravio Comparado fue realizada por organizaciones de la sociedad civil, el 8 de marzo de 2019, debido a la grave situación de discriminación contra las mujeres y la falta de acceso a servicios especializados de salud, que incluyen la interrupción legal del embarazo, y al incumplir el plazo de los primeros seis meses que se había otorgado al estado para evidenciar los avances en la protección de la vida, integridad y seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes guerrerenses, se declaró la segunda alerta por agravio comparado, y se le dio al estado un período de 18 meses para la implementación de las medidas.
Destacaron también que “lastimosamente, Guerrero es el primer estado a nivel nacional que no entrega evidencia alguna sobre el cumplimiento de la AVGM por agravio comparado”.
El OCNF lamentó que a pesar del cambio de gobierno estatal y del Congreso local en referencia a la legislatura pasada, evidenciaron “su nulo compromiso con la vida de las mujeres guerrerenses, anteponiendo incluso prejuicios religiosos por encima de los derechos humanos. A ello se suma que el mecanismo de AVG no prevé ninguna sanción ante el incumplimiento de las medidas decretadas, lo que agrava la situación de la salud reproductiva y sexual de las mujeres en Guerrero, dejándolas en la indefensión”.
Las defensoras de los derechos de las mujeres reconocieron que hay un nuevo contexto en el estado, por lo que hicieron un llamado “para que a la brevedad se tomen acciones contundentes para proteger y garantizar la salud sexual y reproductiva de las niñas, adolescentes”.
Exhortaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para que su gobierno “sea el impulsor del cumplimiento cabal de las 13 medidas dictadas por la SEGOB en beneficio de las mujeres, niñas y adolescentes guerrerenses. Que informe cómo dará cumplimiento a estas medidas”.
Mientras que al Poder Legislativo, lo llamaron a la 63 legislatura realice la reformar al “artículo 159 de Código Penal, en el apartado sobre aborto, acorde a la resolución emitida por la SCJN en la acción de inconstitucionalidad 148/2017, promovida por la Procuraduría General de la República, que señala que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres y persona gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales”.
También a la Fiscalía General del Estado le pidieron acciones para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia sexual, así como la atención adecuada para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a quienes han sido víctimas de este delito.
Y al Poder Judicial revisar los casos judiciales de mujeres privadas de la libertad imputadas por el delito de aborto y homicidio en razón de parentesco en todos los distritos del estado, “garantizando mediante procesos o recursos legales pertinentes su declaración de inocencia, excarcelación y la reparación del daño de conformidad con el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero 499 y la Ley General de Víctimas”.
Las organizaciones confiaron en que el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda “puede ser una ventana que se abra para que las mujeres guerrerenses vivan una vida en mayores condiciones de seguridad y en su salud sexual y reproductiva”.
Texto: Rosalba Ramírez García
