Chilpancingo, Guerrero, a 18 de febrero de 2026.- Abogados que litigan asuntos agrarios y autoridades agrarias, se manifestaron en conferencia de prensa en contra del “desmantelamiento” de las oficinas que atienden al campo.
Informaron que, con el pretexto de la política de austeridad del gobierno federal, las oficinas de la Procuraduría Agraria (PA) fueron desalojadas la semana pasada, por falta de presupuesto para la renta, y el personal fue “arrumbado” en una bodega que antes era del Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco).
Además, informaron que ya les notificaron que las oficinas del Registro Nacional (RAN) serán cambiadas a Acapulco, pero advirtieron que lo van a impedir con la toma de las instalaciones.
Asistieron a la conferencia de prensa, que se levó a cabo en la oficinas de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, los abogados Noé Cesareo Sánchez, Bernardo Rayo Mendoza, Francisco Rayo Mendoza, Cipriano Montalvo Basurto, así como el ejidatario de Xalitla y dirigente nahua del alto Balsas, Pedro de Jesús Alejandro, y el comisariado ejidal de Chichihualco, José Sánchez Casarrubias.
El abogado Bernardo Rayo Mendoza informó que hay preocupación entre los abogados que mantienen contacto diario con los núcleos agrarios de Guerrero, porque una de las dependencias federales que ya está siendo desmantelada es la PA.
Informó que el personal fue desalojado del edificio de tres pisos que albergaba sus oficinas en la calle Cuauhtémoc, esquina con Corregidora, en el barrio San Mateo de Chilpancingo, por falta del pago de la renta del inmueble.
Informó que el personal, junto con el mobiliario, fueron “arronzados” en una bodega que antes era de Firco, al sur de la capital, a un costado de la delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
“Es lamentable que una institución, que fue creada para asesorar a los campesinos, la hayan desmantelado y sus oficinas estén ahora en una bodega donde la atención a los campesinos ya no es la misma”.
Dijo que, además de que le recortaron el presupuesto para el pago de oficinas, también les recortaron los recursos para los recorridos de los visitadores y ahora ya no es como antes, que salían a apoyar a los núcleos agrarios en sus elecciones o asambleas y brindarles asesoría.
El abogado dijo que ahora, si realizan ese trabajo, los campesinos tienen que pagar a los visitadores sus gastos de traslado.
“Los representantes de los núcleos agrarios nos han externado que, de parte de esa dependencia, ya no se está haciendo prácticamente nada”.
Informó que otra institución que correrá la misma suerte, en los próximos días, es el Registro Agrario Nacional (RAN), dependencia que también tendrá que desalojar el edificio de tres pisos ubicado a un costado del Palacio Municipal, en el zócalo de la capital. El personal y mobiliario será cambiado a Acapulco, donde un ejido les va a prestar un inmueble, también por falta de presupuesto para la renta de sus oficinas.
Explicó que esta es una de las oficinas más importantes para los campesinos, porque en ella realizan los actos registrales, “imagínense, ahora los campesinos, por ejemplo, los de Tierra Caliente o de Malinaltepec, en la región Montaña, tendrán que trasladarse hasta Acapulco para realizar sus trámites”.
Informó que los campesinos a veces tienen que hacer fila desde las 6 o 7 de la mañana para alcanzar ficha en esa dependencia. Por tanto, para estar pendientes desde esa hora tendrán que viajar un día antes, lo que implica que además de que gastarán en sus pasajes y comidas, también en hospedaje.
Otro de los abogados, Noé Cesareo Sánchez, llamó a los senadores y diputados federales, diputados locales y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para que se pronuncien en contra de estas medidas de austeridad, que están atentando contra la administración de la justicia en el campo.
“Este es un llamado respetuoso, enérgico y preciso, para que volteen a ver todas las autoridades al campo y que las instituciones encargadas de la administración de justicia sean fortalecidas en vez de su desmantelamiento”.
El ejidatario de Xalitla, municipio de Tepecoacuilco, y dirigente nahua del alto Balsas, Pedro de Jesús Alejandro, informó que el año pasado se extinguió también el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Iguala y la carga de trabajo se la transfirieron al de Chilpancingo, hasta donde se deben trasladar los campesinos de Tierra Caliente y zona Norte.
Recordó que hace cinco años los pueblos de esa zona realizaron bloqueos en contra de la extinción de ese tribunal, que pretendían mandar a Ciudad Altamirano o Acapulco, pero debido a las protestas, el año pasado sólo cambiaron sus funciones al de Chilpancingo.
“Estas decisiones afectan a los campesinos, a los ejidatarios”, denunció.
Agregó que, por ejemplo, desde hace siete años no se resuelve un asunto que tenían en ese tribunal los ejidatarios de Xalitla, por la carga de trabajo en esa instancia, y ahora que se transfirió a Chilpancingo, se le cargó más el trabajo al personal.
“Ahora nos notifican que la PA fue desalojada y que al RAN lo van a remover a Acapulco. Eso nos afectará mucho porque si a Iguala se nos hacía complicado ir, ahora que manden al RAN a Acapulco, pues va a estar peor. Los conflictos agrarios ya no se van a resolver por la vía legal”.
En la conferencia de prensa los abogados y representantes agrarios advirtieron que van a impedir que las oficinas del RAN se muevan a Acapulco, y que van a tomar el edificio que ocupa en la actualidad, para impedirlo.
Zacarías Cervantes
