Ciudad de México, 10 de febrero de 2026.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) recibió una denuncia de jueces y magistrados federales mexicanos, que acusan que cinco reformas Constitucionales y legales impulsadas por Morena en 2024 y 2025, dificultarán el cumplimiento de sentencias dictadas por el órgano internacional.
El escrito, de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), fue presentado el pasado 2 de diciembre, en la modalidad de amicus curiae o “amigo de la Corte”, y la CoIDH lo tuvo por recibido el 2 de febrero, además de notificar al Gobierno de México, las víctimas de los casos en cuestión, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las reformas denunciadas incluyen nuevas limitaciones para que ciudadanos promuevan juicios de amparo y obtengan suspensiones, así como el mayor margen a las autoridades para incumplir sentencias de amparo; la militarización total de la Guardia Nacional (GN) y el visto bueno a la participación permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y la elección de todo el Poder Judicial por voto popular.
Por lo pronto, el escrito fue anexado a los expedientes que lleva la CoIDH para supervisar el cumplimiento de las sentencias que dictó contra México en los casos Radilla Pacheco, por una desaparición en la guerra sucia de los años 70, así como Rosendo Cantú y Fernández Ortega, por agresiones sexuales de militares.
La CoIDH lleva más de 15 años dando seguimiento a estas sentencias, pues no todas las medidas que ordenó al Estado mexicano han sido ejecutadas.
El Gobierno tiene que presentar informes periódicos sobre el cumplimiento.
Por ejemplo, la militarización de la seguridad pública, según la JUFED, sería un claro desacato a la orden de la CoIDH en los casos mencionados para restringir al máximo el fuero castrense y su convivencia con civiles.
Niega Corte medidas cautelares
La JUFED pidió medidas cautelares, pero la solicitud fue rechazada, pues se le recordó lo que establece el artículo 27 del Reglamento de la CoIDH, según el cual solo las víctimas pueden solicitar este tipo de órdenes provisionales, siempre y cuando estén directamente relacionadas con el caso.
Dichas medidas incluían ordenar a México que se abstenga de aplicar las reformas cuestionadas, convocar a una audiencia pública para escuchar argumentos, y declarar el incumplimiento del país por la reforma a la Ley de Amparo.
“Me permito informar que este tipo de medidas pueden ser solicitadas ante la CIDH”, respondió el Secretario de la Corte, Pablo Saavedra. La CIDH es el primer paso que deben pasar los denunciantes de violaciones a derechos humanos para que sus casos, eventualmente, se conviertan en un proceso contencioso en la CoIDH contra un gobierno.
La JUFED, que encabezó la resistencia contra la reforma judicial morenista, anunció desde el año pasado que presentaría a la CIDH un expediente sobre las irregularidades en la elección de junio de 2025, incluido el uso de acordeones para dirigir el voto de los ciudadanos hacia ciertos candidatos.
Desde enero de 2023, México no ha cumplido una sentencia de la CoIDH que le ordena eliminar la prisión preventiva oficiosa.
La anterior integración de la Suprema Corte de Justicia estudió, pero no votó, un proyecto para forzar a los jueces mexicanos acatar esta orden, mientras que la nueva Corte electa por voto popular tiene pendiente el caso.
Agencia Reforma
