En esta sesión, la enviada del DIF estatal pidió la colaboración para localizar a los huérfanos de la mujer que mataron este lunes en Chilpancingo, por defender a su hija de una violación
Chilpancingo, Guerrero, 17 de diciembre de 2025. Representantes de la sociedad civil denunciaron las deficiencias en el sistema de impartición de justicia y las desarticulación de las instancias responsables de atender a los huérfanos de feminicidios, en una sesión ordinaria de la Comisión para el Seguimiento de la Atención de Homicidio cometido en Agravio de Mujeres, que preside el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En esta sesión, de una de las ocho comisiones que conforman el Sistema Estatal para Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la enviada del DIF estatal pidió la colaboración de las organizaciones para localizar a los huérfanos de la mujer que mataron este lunes en Chilpancingo, por defender a su hija de una violación.
Debido a que en el primer momento de atención no registraron los datos de localización de los niños, ya habían sido entregados a algún familiar.
La directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia la Mujeres (Agcvim), Marina Reyna Aguilar, subrayó que era responsabilidad del Ministerio Público que recibió el caso, llamar a las instancias que dan atención y acompañamiento a las víctimas: el DIF y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Guerrero (CEAV), que siempre rinden informes sin muestras de coordinación para atenciones integrales.
La presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres Rurales, Erika Salinas Valadez, ratificó que la fiscalía es la piedra en zapato en el acceso de la justicia y se debería aplicar la ley recién reformada, a funcionarios que no hacen su labor para que se termine la simulación.
Consideró que sólo hay avances cuando hacen denuncias públicas, “cuando nos ponemos en digna rabia”.
Presidió la sesión en el auditorio del TSJ, la magistrada Norma Leticia Méndez Abarca y en la secretaría técnica, la coordinadora la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, Berenice Jáuregui Alarcón, para la presentación de avances del Programa Especial para Atender Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres, de octubre de 2021 a 2025, en cuanto a las acciones de seguimiento y atención de víctimas de feminicidio.
De la Fiscalía General del Estado reportaron 60 carpetas de feminicidio diferentes agencias, en el periodo del 15 de octubre de 2022 a 2025; 12 mil 830 carpetas en la Fiscalía de Delitos Sexuales y Violencia Familiar; 260 en la Fiscalía Especialidad de Desaparición Forzada, y 18 mil 878 servicios y pruebas periciales para mujeres de tipo forense, psicología, criminalista retrato hablado, intérprete, valoración de bienes, servicios accidentes, fotografía tanatología e identificación humana, entre otros.
Además, informaron de la capacitación de 25 servidores públicos para que integraran una unidad de atención especializada, que será parte del cumplimiento de las medidas de la Alerta de Violencia de Género.
Para nutrir el Banco Nacional de Datos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) informaron que realizan reuniones mensuales donde revisan el trabajo de 3 mil 110 enlaces institucionales, que hacen la captura de la información y de seguimiento de los servicios, incluidas órdenes de protección, de los cuales 20 mil 916 han sido capacitados.
Reyna Aguilar pidió que también se informen en la siguiente sesión de las carpetas abiertas por lesiones calificadas, que es cómo clasifica la fiscalía las tentativas de feminicidio, porque tienen una pena mayor.
Con la representante de la Comisión de Derechos Humanos exigieron que todos los asesinatos de mujeres se clasifiquen como feminicidios para la investigación con perspectiva de género, para el que hay acuerdos y convenios desde 2017.
Las activistas también pidieron a la fiscalía información sobre el proyecto del tercer Centro de Justicia para las Mujeres que iba a construir en Iguala, “hubo adelantos y anuncios, y si no se hace, se llama simulación”, enfatizó Reyna Aguilar.
Por su parte, la encargada de la Unidad de Género de la Fiscalía explicó las complicaciones que hubo durante la transición de titular de la FGE; de la salida de Sandra Luz Vldovinos Salmeron y el nombramiento de Zipacná Jesús Torres Ojeda.
Reconoció que en un primer momento no fue un asunto prioritario, pero ahora es diferente y el Cabildo de Iguala aceptó ampliar el plazo establecido en una cláusula de la donación, para comenzar las obras antes de junio de 2025, o devolver el terreno al municipio.
El DIF Guerrero informó que de octubre de 2021 a este año impulsaron los nombramiento de 85 procuradores municipales de los derechos de niñas y adolescentes, que ha dado servicios a 3 mil 986 beneficiados, y 250 atendidos en el albergue estatal.
Ahí, Reyna Aguilar denunció la falta de coordinación de la FGE, los DIF estatal y municipales, y el CEAV, que ya se establece en un protocolo para niños niñas y adolescentes en caso de orfandad.
Aclaró que las activistas pueden acompañar algunos casos en Chilpancingo, pero son muchos más en las regiones sin atención integral.
“Reconozco el trabajo que se está haciendo pero está desarticulado, se necesita del mapeo integral de las necesidades”, insistió.
A una solicitud de los números telefónicos de los procuradores municipales, el DIF reveló que la mayoría habían sido extorsionados y cambiaron sus números personales, compartidos en un grupo de Whatsapp.
Del CEAV, Jorge García informó que aumentaron a 33 el número de asesores jurídicos en la dependencia y que se creó una oficina de atención directa en la región Montaña, así como la entrega a 3 mil 500 personas de canastas básicas.
Las activistas denunciaron que la FGE registra en las carpetas de investigación la presencia de asesores jurídicos del CEAV ausentes en las diligencias y sólo entregan a las víctimas el número telefónico para que les llamen, para que no los esperen dos o tres horas, justifican.
Señalaron que la fiscalía no debería permitir esta irregularidad, pero la auspicia.
Afirmaron que los asesores jurídicos de la CEAV tampoco contestan la llamada de las víctimas, incluso, los conocen hasta que llega la fecha de la audiencia.
La Codehum pidió replantear el papel de los asesores, que no están realizando, y que vulneran los derechos de las víctimas.
De la Secretaría de la Mujer, informaron que en de 2022 a la fecha sólo entregaron 45 apoyos económicos en una convocatoria de 2023, a hijos e hijas víctimas de feminicidio del programa de inversión estatal directa por un millón 200 mil pesos distribuidos de 25, 30 y 35 mil pesos. Reconocieron que es poco y no tuvo continuidad, porque la secretaría no recibe el presupuesto aprobado en el Congreso local.
Lourdes Chávez/ Foto: Jessica Torres Barrera
