Chilpancingo, Guerrero, 8 de septiembre de 2021. Más de 100 ejidatarios de Chichihualco fueron excluidos del padrón y desconocidos sus derechos por un grupo “caciquil” que ha explotado los bienes del ejido y a los propios ejidatarios desde hace más de 25 años.
En conferencia de prensa ayer, afuera de las oficinas de la Procuraduría Agraria (PA) en Chilpancingo, un grupo de ejidatarios denunció, además, que están amenazados de muerte a raíz de que presentaron un recurso ante el Tribunal Unitario Agrario número 12 (TUA-12) de Chilpancingo para desconocerlos como representantes ejidales.
Por la tarde, los ejidatarios disidentes informaron que recibieron la notificación de que el TUA-12 resolvió a favor de los que mantienen “secuestrada” la mesa ejidal.
Por la mañana, en la conferencia de prensa, el ejidatario Pablo Ortiz Cuevas, denunció que los que “usurpan” la mesa ejidal, Alfonso Duque Marino, Faustino Visoso Duque, Cándido Ramírez Salvador y Florencio Morales Torres excluyeron a más de 100 ejidatarios, quienes presentaron una demanda ante el TUA-12 hace un mes.
Denunció que a raíz de esa demanda han estado siendo amenazados directamente por el “autoimpuesto” comisariado ejidal, Alfonso Duque Marino y su equipo, “nos manda decir que le bajemos de huevos, si no nos va a ir mal”.
Pidió la intervención de los gobiernos federal y estatal “para que tomen cartas en el asunto y no vaya a suceder una tragedia entre los mismos ejidatarios”.
Consideró que se trata de amenazas graves; “creemos que nosotros estamos exigiendo un derecho que la misma ley agraria nos otorga, porque aparecemos en el padrón, tenemos nuestros certificados agrarios, pero nuestros derechos han sido pisoteados por estas personas desde hace más de 25 años”, se quejó.
Ortiz Cuevas dijo que la actitud de quienes tienen tomada la comisaria ejidal es arbitraria y represiva en contra de los ejidatarios que no son de su grupo; “ellos, desde hace 25 años, son los que deciden quienes van a representar al Ejido para poder manejar al resto”.
Explicó que los ejidatarios que los apoyan los mantienen cautivos con amenazas y con “paliativos”.
Añadió que convocan a asambleas y ahí les entregan despensas y también los amenazan de que si no los apoyan les van a quitar la ayuda que reciben como ejidatarios, o que los van a excluir del padrón y como son gente humilde mejor se quedan calmados”.
Dijo no saben si cuentan con el apoyo del gobierno, “ignoramos quien los esté apoyando, o por qué se sienten con mucho poder para hacer y deshacer sin que nadie los pare”. Dijo que sólo saben que quien los asesora es el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias, Evencio Romero Sotelo.
Explicó que el problema con ellos comenzó cuando demandaron un cambio en el ejido y propusieron que se dejara “descansar” un tiempo la tierra, que ya no se siguieran cortando los árboles y que se terminara con las anomalías en contra de los ejidatarios.
Denunció que por ejemplo a unos les han roto sus constancias, con el argumento de que no sirven y que las únicas válidas son las que expiden ellos con un costo de 500 pesos.
“Si llega un ejidatario y les dice quiero abono y se acreditan como ejidatarios con una constancia que les entregó un comisariado anterior, le dicen que no sirve, que necesitan una vigente y para ello tienen que pagar 500 pesos, entones se la rompen y el ejidatario se ve obligado a solicitar una nueva”.
Demandó a las autoridades agrarias una investigación a fondo y auditoría a los integrantes de la mesa agraria, que se les responsabilice legalmente e inhabilite como representantes ejidales. “Son los que han estado manejando el ejido y explotando a los ejidatarios desde hace 25 años”, insistió.
Por su parte, Tomás Chávez denunció que el lunes los “supuestos” representantes ejidales pararon dos camionetas y una retroexcavadora con las que dos particulares estaban sacando arena, “porque no quisieron pagarles el permiso, pero no lo hicieron porque todavía no tenían nombramiento como representantes ejidales”, explicó.
Dijo que les recogieron la maquinaria y se la llevaron a una bodega del ejido, “y esto implica un robo”.
Agregó que también están cobrando el 10 por ciento a la gente que vende una parcela y están vendiendo terrenos y autorizando la apertura de tlacocoles y perjudicando el medio ambiente, “no se vale porque se supone que los representantes deben de cuidar el Ejido, pero ellos están destruyendo todo”.
Denunció que los representantes ejidales talaron durante más de 10 años con un permiso irregular de la Semarnat y nunca rindieron informes a los ejidatarios y que a pesar de que existe una denuncia la Profepa, Semarnat y la Semaren nunca fueron a supervisar los daños.
Aseguró que, por lo menos, cada año obtenían ganancias de 4 a 5 millones de pesos, porque cortaban de 4 a 5 mil metros cúbicos de madera, “cortaban hasta árboles tiernos y los mantos acuíferos ya se están secando porque se están acabando el bosque”.
Insistió que ante tales irregularidades están demandando la intervención de los gobiernos federal y estatal.
Otro de los ejidatarios, Claudio Duque Marino, hermano de Alfonso Duque, a quien denuncian, sostuvo que se están cometiendo muchas irregularidades en el ejido.
Agregó que a él, a pesar de que es hermano de quien se dice líder del ejido y está acreditado como ejidatario, no lo deja entrar a las asambleas, “lo primero que hace es amenazarnos para que nos salgamos y si no nos salimos amenaza con agredirnos con una navaja”.
Aseguró que a otro de sus hermanos, Anatolio, también lo corrió. “Él niega que seamos sus hermanos, dice que para él no somos nada mientras no estemos a su favor, nos acusa que no vemos las cosas buenas que está haciendo, por eso nos odia, nos tiene coraje, no nos puede ver en el ejido”.
Insistió que él no puede entrar a la Casa Ejidal por la oposición de su propio hermano, “quien siempre ha controlado al Ejido y a los ejidatarios, él pone los comisariados a su gusto y veces hasta al que él mismo pone lo corre”.
Por la tarde, uno de los ejidatarios disidentes informó por teléfono que el TUA-12 les notificó que la resolución de la demanda que presentaron salió a favor del grupo de ejidatarios impugnado, el mismo que ha estado controlando el Ejido desde hace 25 años.
Texto: Zacarías Cervantes/ Foto: Jessica Torres Barrera
