Presenta Tlachinollan la segunda etapa de la campaña “Mar de agravios, Montaña de quebrantos”. Señala que las instituciones encargadas están permeadas por la corrupción, y que cuando las víctimas denuncian las acusan de diversos delitos
Tlapa, Guerrero, 6 de agosto de 2021. La campaña “Mar de agravios, Montaña de quebrantos” continúa para evidenciar los problemas que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia pues tras ser víctimas, las instituciones de procuración de justicia permeadas por la corrupción las acusan de diversos delitos.
La campaña fue presentada en su segunda etapa por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan a través de su página oficial de Facebook donde participaron el director, Abel Barrera Hernández, los abogados, Vidulfo Rosales Sierra, Neil Arias Vitinio y dos víctimas Agustina Flores Solano y Angélica Moreno.
En la presentación Barrera Hernández comentó que la justicia sigue teniendo precio en la Montaña, en donde no hay dinero y ahora con la pandemia apenas se tiene para sobrevivir y es difícil romper el muro de la impunidad.
Lamentó que desde el Ministerio Publicó se filtre la información de casos para hacer escarnio de las víctimas al publicarse en algunos medios de comunicación violentando los derechos.
Y para sostener sus comentarios la abogada Neil Arias detalló que tienen documentados 25 feminicidios cometidos en la Montaña; 30 casos de delitos de violencia sexual en menores de 18 años; 180 de violencia familiar; 100 de violencia económica que tiene que ver con la manutención de los hijos donde también la pandemia afecta.
Y de enero 2021 a agosto, el registro de 80 víctimas de violencia familiar, donde 30 tienen que ver con guarda y custodia; 20 de violencia sexual; cinco feminicidios.
Primera sentencia por feminicidio en la Montaña
La abogada contó que el pasado 29 de junio, luego de más de seis años se le dictó prisión a uno de los involucrados en el feminicidio de Florencia Sánchez Joaquín, de la comunidad de Loma Tuza, municipio de Acatepec, perpetrado el 24 de agosto de 2014, lo que significó una esperanza para su mamá y los hijos de 3 y 5 años que dejó.
Remarcó que al acusado se le dieron 27 años de prisión, en el primer caso que se juzga como feminicidio en el sistema tradicional donde hay registro de 72 casos.
Y en el nuevo sistema penal acusatorio hay dos casos uno en condena y otro en proceso.
Aunque dijo que el involucrado apeló, a pesar de las lesiones hechas, la orfandad de los hijos y es ahí donde la justicia adquiere otra dimensión, ahora criminalizando a las víctimas por denunciar los agravios fabricándoles delitos.
Planteó a la Fiscalía la necesidad de equipos multidisciplinarios para atender los procesos con perspectiva de género, pertinencia cultural con traductores que permita peritajes confiables para que se vincule a proceso a los agresores ya que los jueces no dan valor a las víctimas.
Ejemplificó que en violencia familiar no se otorgan las medidas de protección, son costosos para las víctimas porque los del Ministerio Público negocian con los agresores dándoles facilidades.
Mencionó que el juez de lo familiar en Tlapa, Julio Obregón Flores, según testimonios y expedientes, en situación de violencia cuando las mujeres se separan de esas agresiones, la forma de seguirlas lastimando es que el agresor o sus padres emprenden procesos para quitarles la guarda y custodia siendo los beneficiados “de manera oficiosa se ve que el juez favorece a los agresores o los abuelos, quienes piden y les dan ese derecho sin investigar y no sólo eso les impiden ver a sus hijos o las acusan”.
Testimonios
La na savi Angélica Moreno de la comunidad de Yucunduta, municipio de Metlatónoc contó en su lengua que su esposo la violentaba y tras dos años de no saber nada de él volvió y cuando lo hizo fue para que con sus suegros la corrieran de la casa y ahora la acusan de robo.
El juez le dio la razón a su esposo, pese al maltrato que ella documentó, que su esposo es drogadicto y no se hace cargo de sus hijos y que sus hijos no se quieren ir con sus abuelos.
La nahua Agustina Flores Solano, de San Nicolas Zoyatlán, municipio de Xalpatláhuac, contó que su esposo la golpeaba y sus suegros la corrieron de la casa por lo que se vino a Tlapa a trabajar para mantener a sus hijos, pero no contaba con que sus suegros se los quitarían y luego de no verlos desde el pasado mes de marzo, hace unos días se encontró a su hijo que al verla la abrazó y la suegra la acusó de querer robarlo, por eso estuvo presa 36 horas.
Las mujeres pidieron a las autoridades que se pongan de su lado, porque no lo hacen porque ellas no tienen dinero y sólo quieren estar con sus hijos.
Las carpetas de investigación de las víctimas no avanzan, pero sí las de los agresores
Vidulfo Rosales Sierra lamentó que no se avance en los casos, aunque se haga uso de las audiencias virtuales, las cuales se difieren y postergan como la de Angélica que tiene tres carpetas de investigación en su contra y le dieron al agresor la guarda y custodia de los hijos que no cuida.
A Agustina los jueces no le han dado ni la convivencia con sus hijos, pero sí le pusieron medidas de restricción si intenta buscarlos
Esmeralda denunció violación, y ahora el agresor la señala a ella y a las autoridades comunitarias que lo detuvieron de privación de la libertad personal.
Rosales Sierra llamó a prevenir la violencia contra mujeres, que se agilicen las investigaciones y se garantice el acceso a la justicia revisando el contexto porque luego de salir a denunciar se enfrentan a procesos injustos de víctimas a procesadas.
Y sobre los alcances de la campaña mencionaron que tuvieron reuniones con la Conavin y se busca una mesa de diálogo con la Fiscalía del estado para que se atienda la dilación de las investigaciones, hagan peritajes profesionales, se designe más personal y no se sigan justificando con la pandemia para obstaculizar la justicia.
Pidió que en el Ministerio Público se coordinen para que analicen los casos de manera conjunta y no se abran carpetas sin tomar en cuenta lo que existe.
Rosales Sierra dijo que tuvieron una reunión con la gobernadora electa sobre el problema de la violencia hacia las mujeres y tendrán otra el 11 de agosto para una agenda mínima para direccionar el tema.
Al cierre Barrera Hernández dijo que pese a las dos alertas en Guerrero la atención a las víctimas no se ha traducido en acciones preventivas porque no se respetan los compromisos; y que el juez de lo familiar en Tlapa les quita recursos a los perpetradores de los delitos para que se actué contra víctimas “hay corrupción en la Fiscalía se han señalado, se negocian los casos, tienen precio”.
Dijo que espera que en lo que queda del gobierno de Héctor Astudillo se continúe la lucha contra la impunidad y los reciba el fiscal ante la corrupción institucionalizada y en los foros del nuevo gobierno se hable de cómo proteger los derechos de las mujeres en general y en específico de las indígenas.
Y que la campaña seguirá con videos e historias de las víctimas para que llegue a los espacios públicos y las instituciones que deben atenderlas.
Texto: Carmen González Benicio
