El fideicomiso destinado a las preparatorias populares es “apócrifo”, porque desconocen a sus integrantes y no existe claridad en su operatividad, denuncian maestros.
Chilpancingo, Guerrero, 6 de diciembre de 2019. Docentes de preparatorias populares, dependientes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), denunciaron que han sido víctimas de despidos injustificados y solicitaron al gobernador Héctor Astudillo Flores su oficialización, para tener un sueldo base y prestaciones de ley.
En conferencia de prensa en el edificio de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), los docentes dijeron que el fideicomiso destinado a las preparatorias populares es “apócrifo”, porque desconocen a sus integrantes y no existe claridad en su operatividad.
Recordaron que el fideicomiso fue firmado por las autoridades educativas estatales, el Congreso local y la UAG, por lo que consideraron que es necesario regularizar las bases salariales de los trabajadores.
La coordinadora de la preparatoria popular de Cacahuatepec, Julia Suárez Martínez, informó que unos 30 docentes han sido despedidos por no cumplir con el perfil académico; además, a dos escuelas se les ha suspendido el subsidio desde hace cinco meses.
Precisó que son dos escuelas de la Montaña baja, del municipio de Chilapa, y se ha ordenado la salida de todos los docentes por no cumplir con los perfiles académicos. Recalcó que la UAG, que encabeza Javier Saldaña Almazán, se había comprometido con los trabajadores, para prepararlos académicamente, pero ahora se niega a cumplir con el acuerdo.
Los trabajadores de las preparatorias populares responsabilizaron de esta situación al secretario de Educación, Arturo Salgado Urióstegui, porque al no tener la oficialización, no tienen prestaciones de ley ni un salario base.
Explicaron que son más de 12 mil maestros los que atienden a 104 escuelas, con un total de mil 500 alumnos de todo el estado.
Ante la falta de solución a sus demandas, los docentes advirtieron que el próximo lunes protestarán en esta capital, como medida de presión contra las autoridades educativas y para que el gobernador les otorgue de una vez la oficialización.
Texto y foto: María Avilez Rodríguez
