8 mayo,2018 2:51 pm

Denuncian padres de los 43 embate del Gobierno contra la ONU

Texto: Agencia Reforma y redacción El Sur / Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro
Ciudad de México, 8 de mayo de 2018. La representación de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos aseguró que el Gobierno de México se lanzó contra la ONU-DH por la publicación el pasado 15 de marzo del informe Doble injusticia. Informa sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del Caso Ayotzinapa, en el que reporta el uso de la tortura en la investigación del caso.
Al iniciar una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Aguirre, representante de los padres de los jóvenes desaparecidos en 2014, advirtió a los comisionados.
Ayer, el Gobierno mexicano reprochó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) el informe en el que afirma que 34 procesados por el llamado caso Iguala fueron torturados.
“Pese a la gravedad del informe, la respuesta del Estado ha sido lamentable. El Gobierno se limitó a decir que sólo respondería a esta Comisión y no a otros órganos internacionales, pero además ayer acusó al titular de la ONU-DH en México de haber excedido su mandato, en un embate contra el mecanismo sin precedente en 15 años de cooperación técnica entre la ONU y México”, expuso.
“Sólo los gobiernos autoritarios atacan a la ONU como ustedes lo están haciendo y eso los va a pasar mañana a ustedes si no defienden el informe que está preparando el mecanismo especial de seguimiento”.
En su intervención, Aguirre también expuso que el Gobierno federal tiene prisa por cerrar el caso.
“Durante este periodo son cuatro las señales que confirman nuestros peores temores en cuanto a que la única prioridad de esta Administración es cerrar el caso dado las altas probabilidades de quienes confeccionaron la llamada Verdad Histórica salgan pronto de sus posiciones de poder”, afirmó.
Estas cuatro señales, detalló, son la respuesta del Gobierno al Informe de la ONU-DH sobre la tortura, la filtración de mensajes de telefonía intercambiados por presuntos involucrados en los hechos registrados por autoridades de Estados Unidos, el fracaso de algunas acusaciones recientes y el rechazo social.
El representante explicó que gracias a la insistencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) y a pesar de la negligencia del Estado, el Gobierno finalmente tuvo acceso a mensajes que las autoridades estadunidenses detectaron de intercambio entre los delincuentes involucrados en los eventos del 25 y 26 de septiembre de 2014.
“Hasta ahora la calidad de respuesta ha sido decepcionante. Hemos pedido que se investiguen y, sin embargo, los mensajes se filtraron a la prensa”, criticó.
En su participación, dos padres de los estudiantes pidieron a la CIDH presentar su informe de seguimiento sobre el caso en México.
“Aquí estamos. Otro país, otro periodo de sesiones, 43 meses de que nuestros muchachos fueron desaparecidos. Otro 10 de mayo sin nuestros hijos”, expresó Joaquina García, madre de uno de los desaparecidos.
De parte del Estado mexicano, estuvo presente en la audiencia Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La polémica tiene lugar porque según lo reportado por el Gobierno de México, el informe antes mencionado no atiende a los dispuesto en el Acuerdo entre ambas partes acerca de la continuidad de sus actividades en México, del 22 de febrero de 2017, pues la decisión de la oficina de la ONU-DH, presidida por Jan Jarab, de publicar dicho informe fue unilateral e incumple la letra y el espíritu de dicho acuerdo; además de que se hizo caso omiso del llamado a la cooperación y la colaboración que el gobierno mexicano manifestó en diversas ocasiones, para facilitar el cauce institucional adecuado para el trabajo de la Oficina respecto de esta investigación.