Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2025.- Familiares y organizaciones civiles denunciaron que siguen sin cumplirse las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), en el caso del asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido ocurrido el 19 de octubre de 2001 en su despacho de la colonia Roma en la Ciudad de México.
En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) en esta ciudad, Soledad Sánchez, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), indicó que la Coidh ordenó 14 medidas de reparación del daño, de las cuales cinco son de reparación individual a la familia de Digna Ochoa y nueve son de “cambios estructurales” para la no repetición de los hechos.
Sánchez señaló que a casi cuatro años de que la Corte condenó al Estado mexicano y estableció medidas por el asesinato de la abogada, ocho de las medidas se encuentran en incumplimiento y solo una de ellas está en cumplimiento pero parcial, además de que los plazos pactados están vencidos.
Jesús Ochoa y Plácido, hermano de Digna Ochoa, que fue abogada de los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, recordó en la conferencia que la Corte ordenó al Estado mexicano que investigue exhaustivamente sobre su asesinato y a los funcionarios que pudieron obstaculizar la indagatoria para dar con los culpables.
“Nosotros le pedimos a las autoridades la investigación, porque prácticamente está igual que cuando comenzamos. No hay ningún avance creíble, hay mucha omisión, vaya no hay ningún avance”, subrayó.
Sobre los funcionarios que deberían ser investigados, Jesús Ochoa pidió que se investigue al entonces procurador de Justicia del Distrito Federal, Renato Sales Heredia, al que señaló como el creador de la hipótesis del “suicidio simulado” de Digna Ochoa.
“Que se investigue a la licenciada Margarita Guerra y Tejada (encargada de la investigación por el jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador) y posteriormente también se investigue a José Antonio Pérez Bravo, también se investigue a Bernardo Bátiz Vázquez (procurador), también se investigue a Miguel Ángel Mancera Espinosa (jefe de Gobierno), ellos fueron los responsables de la investigación en su momento”, dijo.
Agregó que lo único que pide la familia Ochoa es justicia y demandó que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación no sea solamente benefactor en materia de obras o programas sociales, sino también para la justicia.
La abogada del Cejil expuso que sólo una de las medidas ya fue ejecutada, que es el acto de reconocimiento y responsabilidad internacional y la petición de disculpas del Estado mexicano hacia la familia de la defensora, en octubre de 2022.
Por su parte, Saulo Loya de Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) resaltó que Digna Ochoa fue una “defensora espectacular” que sigue inspirando a abogados, periodistas y activistas.
Loya mencionó que pese a que las medidas no tienen algún costo económico, resultan insuficientes y agregó que se tiene documentado que desde 2016 han sido asesinados 177 personas defensoras y 86 periodistas.
Además, los datos de la organización detallan 28 casos de intentos de homicidio, 14 contra periodistas, dos contra trabajadoras de medios y 12 contra personas defensoras. En el mismo lapso han sido desaparecidas 25 personas periodistas, un trabajador de medios y 37 defensoras, de las cuales 40 recuperaron su libertad y 23 siguen desaparecidos.
La representante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección, Silvia Chica mencionó que si bien se tiene un protocolo de atención para periodistas, hace falta uno para personas activistas y defensoras.
Digna Ochoa fue defensora de los presos de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatalán y de Coyuca de Catalán que en su momento fueron perseguidos y dos de sus dirigentes detenidos y torturados por elementos del Ejército.
Antes de su asesinato en 2001, visitó comunidades de la sierra del estado dominadas por caciques con nexos con el narcotráfico y le pidieron ayuda para su defensa jurídica.
En octubre de 2022, el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, ofreció una disculpa pública a Digna Ochoa y Plácido y a sus familiares porque el Estado mexicano no garantizó su seguridad e integridad personal, además que reconoció la responsabilidad del Estado en la violación de derechos humanos.
Texto: Juan Luis Altamirano / Foto: El Sur
