Ciudad de México, 23 de septiembre de 2024.- Un grupo de padres de familia, quienes han sido alejados de sus hijos, alertaron por una red de extorsión que usa a menores de edad para obtener beneficios económicos y manipular las resoluciones judiciales.
Olivia Rubio, abogada penalista y representante de uno de los padres de los menores explicó que detectaron que las personas que intervienen en todas las carpetas de investigación, son las mismas, partiendo del despacho de donde están siendo atendidos dichos asuntos y que está a cargo de Ana Katiria Suárez.
“Lo que llama mucho la atención es que, los abogados de este despacho, siempre que hacen una denuncia solicitan el dictamen a un área de la Fiscalía que no necesariamente es la que debe de atender. En todos los casos de ese despacho solicitan la atención para el dictamen en materia de psicología sea en el Centro de Atención a Violencia Intrafamiliar (CAVI) y curiosamente esta atención siempre recae en dos de los peritos que trabajan ahí y siempre salen, aún sin datos, con afectación”, explicó.
La abogada denunció que primero les piden una suma muy alta por alimentos, aproximadamente entre un millón y millón y medio mensuales. Si se niegan, llega la denuncia penal, en la que acusan violencia contra ex esposa. Pero las acusaciones no paran ahí, usan a los niños para que se alegue violencia sexual y familiar.
En diversos asuntos iniciados por mujeres en contra de sus ex parejas, todas representadas por la abogada Suárez Castro y radicados en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se encontró la participación de diversos servidores públicos en la comisión de hechos con apariencia de delitos.
Los acusados denunciaron que la abogada pide a los menores mentir en declaraciones que tienen que ver con abuso sexual, físico y psicológico. Por tanto, hicieron un llamado a las autoridades judiciales y legislativas para que refuercen los mecanismos de protección en los procesos de divorcio y custodia, con el objetivo de prevenir la manipulación de los menores y garantizar que los casos sean resueltos de manera justa y equitativa.
Texto e imagen: Agencia Reforma
