Ciudad de México, 6 de febrero de 2024. La defensa de los ocho militares presuntamente implicados en el caso Ayotzinapa anunció que denunciará penalmente a los funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) que integraron la nueva investigación que hoy tiene presos a sus clientes, porque está basada en testigos protegidos que declaran falsedades.
Alejandro Roblero Carretero y César Omar González Hernández, defensores de los soldados, acusaron a la Fiscalía de no presentar hoy a los testigos colaboradores “Carla” y “Neto” a declarar ante una juez para no exponerlos a un interrogatorio previo a definir la situación jurídica de los acusados.
“Lo que sí vamos a hacer y vamos a anunciarlo desde hoy es, al igual que en su momento presentamos denuncias de carácter penal en contra del ex subsecretario (Alejandro) Encinas, en esta nueva etapa del caso vamos a presentar denuncias penales esta semana en contra de los servidores públicos, los que se encargaron de integrar esta lamentable investigación, todos los que se vieron involucrados en el trámite de esto, los vamos a denunciar penalmente”, dijo González en rueda de prensa.
“También vamos a denunciar a estos testigos protegidos que tienen mucho miedo, que son miembros de la delincuencia organizada, también los vamos a denunciar por falsedad y delitos contra la administración de justicia. Y al igual que al ex subsecretario Encinas, algún día, como dice Alejandro (Roblero), no sé si hoy, mañana o en dos años, o en cuánto, los militares van a estar fuera y absueltos y van a estar en la cárcel los que armaron todo este mugrero”.
Los abogados calificaron a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, de ser el “brazo armado” del presidente Andrés López Obrador, pues bastó que la dependencia a su cargo lo pidiera para que se tramitaran las nuevas órdenes de aprehensión.
“(El presidente) está muy mal en meterse en una investigación de carácter penal en la que nada tiene que hacer y al parecer su secretaria de Gobernación se convirtió en su brazo armado para lograr conseguir las órdenes de aprehensión”, dijo Alejandro Robledo.
Expusieron que en junio del año pasado el juzgado de distrito negó la orden de aprehensión contra los militares por el delito de delincuencia organizada y ahora la libran por el mismo delito y hechos desestimados en aquel momento.
Al mismo tiempo, recordaron que el ex titular de las Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gomez Trejo, dijo en una entrevista periodística que él no emplearía los testimonios de Carla y Neto porque no eran fiables.
Sin embargo, ahora la UEILCA los retoma y basa la nueva acusación contra los militares en sus dichos.
“Esto aquí y en China se llaman chicanadas, yo creo que todos como mexicanos ya estamos cansados de tantas chicanadas y tanto marranero”, dijo Robledo.
Los soldados abandonaron el Campo Militar Número 1 el lunes de la semana pasada y el mismo día la Fiscalía llamó a declarar a los dos testigos protegidos para elaborar el nuevo pliego de consignación con el cual tres días después fueron encarcelados de nueva cuenta.
La defensa pidió citar hoy a las 9:00 de la mañana a Carla y Neto en el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca para interrogarlos antes de que se determine si les dictan o no la formal prisión a los militares.
Sin embargo, el fiscal Stalin Rodríguez no presentó a los testigos y la Fiscalía le informó a la juez Raquel Duarte Cedillo que uno de ellos no fue localizado en el domicilio proporcionado y el otro estaba enfermo.
“Hace apenas dos semanas, el 22 y 23 de enero, ambos testigos declararon ante la Fiscalía en contra de personal militar y hoy gente del ministerio público no logró llevar al juzgado a sus testigos estrella, con esto, esta causa se sostiene de falsas imputaciones dirigidas en contra del ejército y de ser ciertas las acusaciones los hubieran presentado”, dijo González.
Por su parte, Robledo agregó:
“Este tipo de cochinadas que están haciendo no tienen nada que ver ni con el Estado de Derecho ni con el Poder Judicial, por eso reiteramos que confiamos en el Poder Judicial y por eso también nosotros no ocupamos estar mandándole cartitas a la ministra presidenta (Norma) Piña, como lo hace la Secretaría de Gobernación. Esto no se trata de cartitas, esto se trata de acudir al juzgado a demostrar la inocencia de nuestro representados y la Fiscalía a acreditar sus acusaciones”.
A más tardar este miércoles, la juez Duarte Cedillo resolverá si les dicta la formal prisión a los 8 militares por el delito de delincuencia organizada. De ser así, continuarán presos en el Campo Militar Número 1 y acumularán un segundo proceso, ya que el año pasado fueron sujetos a procedimiento por el delito de desaparición forzada.
Texto: Agencia Reforma / Foto: Archivo-Jessica Torres Barrera
