El Sur / Ciudad de México, 20 de febrero de 2021. La iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR) presentada en octubre de 2020 por el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, e impulsada por la propia Fiscalía provocó las críticas de defensores de derechos humanos e instancias gubernamentales como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob), que coincidieron en que la propuesta representaba un retroceso en materia de procuración de justicia.
De hecho, uno de los elementos más polémicos de la propuesta del legislador era la eliminación total de la FGR como miembro del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB).
En un país donde hay 79 mil 700 personas desaparecidas frente a sólo 35 sentencias condenatorias por desaparición forzada o de desaparición cometida por particulares, esta medida habría tenido serias implicaciones al violentar el derecho de toda persona a ser buscada por la FGR.
Un nuevo borrador de dictamen, que incluyó varias de las preocupaciones externadas por organizaciones civiles, fue presentado por Monreal el viernes 12 de febrero al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, en una reunión virtual en la que el legislador afirmó que se habían hecho “cambios profundos” a partir del intercambio de opiniones entre la Fiscalía y un grupo plural de senadores.
Una las modificaciones más relevantes, fue quitar la propuesta de que la FGR no tuviera responsabilidad en la investigación de los delitos de desaparición forzada, violencia de género y delitos contra periodistas.
Sin embargo, se confirmó la decisión de eliminar a la FGR como miembro del Sistema Nacional de Búsqueda, a pesar de la dura condena por parte de la CNB que, en un comunicado oficial emitido en diciembre pasado, la consideró como una “negación a los derechos de verdad, justicia y reparación”.
En su nueva formulación, la iniciativa propone una fórmula alternativa para mantener la participación de la Fiscalía en el SNB. La última redacción –sobre la que todavía no se ha logrado un consenso definitivo– plantea que quien presida ese sistema “podrá invitar a las sesiones respectivas a representantes de la Fiscalía y de las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas, en su carácter de órganos constitucionales autónomos”. Así, la FGR tendría voz, pero no voto.
Sustraer a la FGR del Sistema Nacional de Búsqueda afectará la coordinación interinstitucional en los procesos de búsqueda. Esta instancia de gobierno no solamente administra grandes bases de datos forenses útiles para la identificación humana, sino que cuenta con herramientas legales más eficaces para determinados tipos de búsqueda, entre ellas la solicitud de órdenes de cateo para ingresar a propiedad privada o la recolección de datos de compañías telefónicas, como la localización geográfica de celulares.
Más comisiones especiales tipo el GIEI para el caso Ayotzinapa
El nuevo borrador de la LOFGR también readmite la conformación de las comisiones especiales –inspiradas en el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que colabora en las investigaciones del caso Ayotzinapa–, anteriormente descartadas.
Estas comisiones gozarían de autonomía técnica y de gestión, siempre y cuando la FGR determine que son necesarias para indagar determinados delitos.
Respecto a la importancia de estas comisiones especiales, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, explica en entrevista con El Sur que constituyen la mejor manera de dar garantías reales a las investigaciones, especialmente cuando implican a funcionarios del Estado que ocupan altos cargos.
“Los expertos independientes –puntualiza– serían los que acompañaran a la fiscalía para fortalecer las investigaciones y le dieran legitimidad, además de ser los ojos de la ciudadanía y de las víctimas”.
Otro aspecto que los especialistas han criticado es que la iniciativa prevé restablecer la Fiscalía de Delincuencia Organizada, una figura parecida a la actual SEIDO. De esta manera se seguiría enfocando la investigación en los casos específicos, en lugar de entender la estructura de los fenómenos criminales.
“Existe una criminalidad compleja que no teníamos hace muchos años. Lo que tiene envuelto al país en la violencia no es un caso: lo que tenemos es un fenómeno criminal que pasa por desapariciones, ejecuciones, corrupción”, destaca Delgadillo.
En contextos violentos como los de Guerrero o Tamaulipas, continúa, es necesario visualizar el panorama completo para entender por qué ocurrieron tantas desapariciones en un cierto periodo. Para ello hay que analizar tanto las características políticas como las condiciones sociales de regiones específicas, aparte de considerar el papel de actores claves, como los retenes militares, por ejemplo.
En una carta dirigida al gobierno mexicano y firmada por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas y tres relatores de Naciones Unidas el pasado 21 de enero, figura entre los puntos críticos de la propuesta de nueva LOFGR el hecho de que la Fiscalía no dispondría de los mecanismos adecuados para enfrentar la investigación de fenómenos delictivos complejos.
“Queríamos romper con esa idea del ministerio público que te resuelve varios casos de masacres: es imposible que lo haga una sola cabeza. Se requiere de un equipo multidisciplinario con distintos saberes. Esto la (nueva) ley lo deja de manera facultativa y es un problema porque se sigue pensando en la criminalidad del caso por caso”, remarca Delgadillo.
Entre omisiones y una ley que es letra muerta
La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR) fue aprobada hace poco más de dos años, el 14 de diciembre de 2018. Fruto del trabajo conjunto entre gobierno y sociedad civil, esta ley se pensó como una herramienta para acompañar la transición de la antigua Procuraduría General de la República (PGR) a la actual FGR.
Sin embargo, en los hechos, la ley –aún vigente– nunca se aplicó. También por eso la iniciativa original presentada por Monreal encendió las alarmas entre organizaciones civiles.
A inicios de diciembre pasado, el colectivo Fiscalía que Sirva –que reúne alrededor de 200 asociaciones y expertos– presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un análisis de las omisiones que han caracterizado a la LOFGR en sus dos años de vida.
Entre otros cambios, dicha ley planteaba la depuración del personal de la vieja PGR, lo cual nunca sucedió. Además, contemplaba la creación de mecanismos de evaluación del personal y fortalecimiento de la carrera fiscal por medio del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera; esto tampoco se concretó.
“Cuando el proyecto de ley llegó al Senado se cambiaron cosas que no nos parecieron, pero digamos que en un 75 por ciento tenía lo que nosotros pensamos que debía de tener la ley”, reconoce Delagdillo.
La situación se volvió problemática, dice la integrante del colectivo Fiscalía que Sirva, con la designación de Alejandro Gertz Manero como fiscal general, pues se hizo sin seguir ningún tipo de procedimiento.
“El nombramiento del Senado fue un perfecto simulacro. No creemos que llegó la persona con la trayectoria necesaria para poder liderar la transformación de la FGR”, añade.
De acuerdo con la LOFGR aún vigente, se tenía que haber formulado un Plan de Persecución Penal: un documento por medio del cual la FGR define su estrategia de acción y establece una jerarquía de los delitos que debe investigar.
“Este plan tenía que consultarse con la ciudadanía y tampoco se hizo –continúa Delgadillo–. El fiscal general sacó el plan en lo oscurito y lo mandó al Senado. Pero no es transparente todavía, a pesar de que ese plan debería servir como control para la actuación del fiscal”.
El citado plan –que en el último borrador de la iniciativa de ley es sustituido por un plan estratégico de procuración de justicia– debería haber sido compartido con el Consejo Ciudadano de la FGR, una figura clave encargada de emitir recomendaciones públicas sobre la transición de la FGR al órgano autónomo y sobre su desempeño. Sin embargo, el Consejo nunca llegó a funcionar.
Perla Carolina Gris Legorreta, investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, resalta que la exclusión de la ciudadanía de la toma de decisiones relevantes sobre el funcionamiento de la FGR constituye “un agravio importante” al ejercicio de la procuración de justicia.
“Eliminar los mecanismos de participación ciudadana dentro de la Fiscalía daña la transparencia y la rendición de cuentas desde y hacia la ciudadanía de las autoridades encargadas de la procuración de justicia”, dice a El Sur.
El Consejo Ciudadano no es de importancia menor, insiste Gris Legorreta. Al ser un elemento sustantivo en la transición de la vieja PGR hacia la FGR, su ausencia ha contribuido al retraso de este proceso.
En el nuevo borrador de ley se decidió mantener el Consejo Ciudadano. Pero ello sólo sucedió por una demanda específica del representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El diseño original presentado por Monreal había optado por desaparecerlo.
Se prevé que antes de que termine febrero se discuta y apruebe en el Senado la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la FGR.
Texto: Caterina Morbiato / Foto: Archivo
