Chilpancingo, Guerrero, a 2 de agosto de 2025.- La instrucción de la Presidencia de la República para atender la solicitud de una investigación sobre el robo de medicamentos y la responsabilidad del IMSS en el crimen de la directora de Microzona de la región de la Costa Grande, Adela Rivas Obé, fue dar curso a la denuncia con seriedad y agotar todas las vías de investigación disponibles, explicó su familia.
Advirtió que cualquier omisión del IMSS en ese sentido constituye un desacato implícito al ordenamiento presidencial, un acto de encubrimiento, revictimización y negligencia institucional.
Lo anterior, en respuesta a una exigencia del titular del Órgano Interno de Control Oficina Regional (OIC) Número 8 del IMSS, Jaime Cruz Lucatero, de entregar en cinco días hábiles la evidencia para sustentar su investigación sobre actos de corrupción en el instituto en 2016, de derivaron en un crimen.
En la respuesta de la familia al OIC, enviada por correo electrónico, señala que el requerimiento de los auditores delata “una forma inadmisible de desplazamiento de deberes institucionales y una grave violación al principio de debida diligencia en materia de desaparición forzada y feminicidio”.
Incluso, perpetúa un patrón de impunidad estructural del IMSS, “que sigue sin asumir su responsabilidad activa en los hechos”.
Ratificó que la doctora Rivas Obé fue desaparecida y luego encontrada sin vida mientras realizaba una investigación de robo de medicamentos controlados en la clínica del IMSS en el municipio de la Unión, expresamente asignadas por su superiora jerárquica, la doctora María Teresa Díaz Martínez.
Desde el momento de su desaparición el 22 de septiembre de 2016 el IMSS debió generar, presentar, custodiar y verificar los documentos.
“La doctora Rivas Obé llevaba más de 25 años de servicio ininterrumpido, y el hallazgo de su cuerpo sin vida confirma que el crimen fue perpetrado en un contexto de violencia institucional, directamente vinculado a la labor que le fue encomendada por el propio IMSS”, subrayó.
A casi nueve años de los hechos urgió a que el IMSS active todos los mecanismos de investigación interna, coordinación interinstitucional, preservación de evidencias y rendición de cuentas que le son exigibles como entidad del Estado.
Para empezar, indicó que solicite a la Fiscalía General de la República el expediente penal que documenta la desaparición y posterior asesinato de la doctora Adela Rivas Obé.
Mencionó que existe una sentencia en firme por el delito de homicidio calificado en agravio de la doctora Adela Rivas Obé, directamente vinculados con la investigación del robo de medicamentos controlados que la doctora realizaba por instrucción expresa del IMSS, a través de su superiora jerárquica.
Pide al auditor Jaime Cruz Lucatero, como a los auditores Francisco Galeana López y Manuel González Martínez que informen si ya solicitaron a la FGE o la FGR, los expedientes y que dan cuenta del contexto penal del caso de la doctora Adela Rivas Obé.
Advirtió que el IMSS no puede evadir ni fragmentar sus actuaciones administrativas, cuando la “relación de causalidad entre el encargo institucional y el crimen cometido constituye un elemento central”.
El 17 de junio la familia pidió formalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una investigación sobre el robo de medicamentos y la responsabilidad institucional del IMSS en este crimen, que iba a ser investigado por el OIC.
En las diligencias, la familia advirtió que la inexistencia de gestiones del IMSS, lo que representaría a no sólo una omisión administrativa, sino una falta grave al deber de legalidad, al principio de buena fe institucional y al principio de debida diligencia, aplicable en todos los casos de graves violaciones a derechos humanos.
La familia requirió, a más tardar el 9 de agosto, toda aquella documentación interna que haya sido generada por el IMSS entre el 22 de septiembre de 2016 y la fecha actual, relacionada con el caso.
Es decir, la instrucción institucional asignada a la doctora Rivas Obé en la unidad 27 de Petacalco, toda auditoría interna o investigación sobre el robo de medicamentos controlados en dicha unidad, las acciones internas emprendidas por el Instituto tras su desaparición y posterior hallazgo sin vida, y la documentación relativa a cambios de personal, nombramientos, designaciones, remociones, bajas voluntarias o separaciones del cargo en la clínica en cuestión.
En particular, pidió los registros administrativos de Edgar Arturo Cuéllar Bravo, encargado del área de farmacia en la unidad, que fue sentenciado a 38 años por el feminicidio de la doctora Rivas Obé.
Así como la postura del IMSS a la postura del entonces delegado estatal, José Luis Ávila Sánchez, de que no existía robo alguno de medicamentos dentro del IMSS, y que fue destituido un mes después.
“Hoy, reproducir esa narrativa fragmentada -como si se tratara de un procedimiento administrativo aislado- no sólo perpetúa la impunidad: reafirma la decisión del IMSS de encubrir este delito”.
Advirtió que la dilación o evasión en la entrega de la información será interpretada como una forma deliberada de encubrimiento institucional.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Archivo
