Metales pesados
Tryno Maldonado
La presente administración federal finalmente se vio obligada a reconocer en días pasados una profunda crisis de más de 95 mil personas desaparecidas –en una conservadora cifra oficial– y al menos 52 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes y en morgues del Estado. Las cámaras frigoríficas y planchas de las morgues de todo el país están desbordadas con cuerpos no identificados. Mientras que la crisis humanitaria de las familias que viven en carne propia el dolor interminable que implica la desaparición de un familiar no hace más que multiplicarse en un interminable drama de norte a sur sin ser atendido.
La investigación periodística Traficantes de ADN –publicada recientemente por Pie de Página y Aristegui Noticias, entre otros medios, y realizada durante un largo periodo de trabajo por las periodistas Paula Mónaco Felipe y Wendy Selene Pérez– da cuenta de uno de los fenómenos más crueles que han aparecido paralelamente a la crisis del Estado mexicano por su ineficacia frente al fenómeno de las desapariciones forzadas: el tráfico de bancos de datos oficiales de ADN por parte de empresas privadas para su usufructo.
Paula Mónaco Felipe ha estado toda su vida involucrada con la desaparición forzada: en su labor como activista desde el colectivo HIJOS México, en su faceta como periodista cercana a las luchas de las familias como las de Ayotzinapa, y en su propia historia personal marcada por la desaparición. Justo por ello su abordaje de las historias que se entretejen de primera mano y en primera persona de familiares víctimas del tráfico de bancos de ADN oficiales resulta ser más humano y desgarrador, más allá de las meras cifras insensibles a las que el Estado nos quisiera acostumbrar y a las que quisiera orillar todo el terror de su propia inoperancia y complicidad.
El laboratorio privado Central ADN, en el que se enfoca el reportaje en mención, fue creado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Su forma de operar consistía en acercarse a familiares de víctimas o colectivos asegurándoles que tenía acceso a los bancos de datos genéticos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR). Todo a cambio de sumas considerables de dinero. Era así que los familiares, en un acto de desesperación y frente a la ineficacia y burocratización del dolor de sus casos por el Estado mexicano, optaron no sólo por pagar a esta empresa pequeñas fortunas o de plano sus patrimonios. En la mayoría de los casos, proporcionaron muestras valiosas e irrecuperables de información genética de sus familiares desaparecidos, como en el caso del médico Édgar González Casillas, a quienes hombres armados se llevaron el 7 de julio de 2013, en Tesistán, Jalisco. La pieza dental, como narran las periodistas, fue entregada en 2018 por su hermana Amanda a una mujer que decía ser representante de Central ADN.
Esta representante de la empresa le aseguró a Amanda que la muela de su hermano desaparecido sería contrastada “con la mayor base de datos de identificación en México, una que utiliza el Sistema Índice Combinado de ADN (CODIS), el software que el Buró de Investigaciones Federales (FBI) estadunidense le donó al gobierno mexicano en 2009 como parte de la Iniciativa Mérida para combatir al crimen organizado. La base está bajo el resguardo de la Fiscalía General de la República (antes PGR) y en la actualidad concentra más de 69 mil 300 perfiles genéticos”.
Pero la premisa inicial del reportaje de Paula Mónaco Felipe y Wendy Selene Pérez cuestiona este hecho: ¿cómo es que una empresa privada puede tener acceso a datos tan delicados tanto en su manipulación como en su valor crucial dentro de una investigación?
Al día de hoy, durante la administración federal de la llamada Cuarta Tranformación, la Guardia Nacional conserva la base de datos genéticos de los más de 95 mil desaparecidos; y existe una más que comenzó a recabar la extinta PGR y que hoy permanece en manos de la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero. Es esta última monumental base de datos la que, como demuestran Mónaco y Pérez en su completa investigación, la que ha sido copiada y filtrada para lucrar con ella y con el dolor de miles de familias de todo el país que, ante la debilidad de un Estado en simbiosis con el crimen organizado, hace mucho que decidieron llevar a cabo la búsqueda de los suyos de la manera más valiente y digna.
