Ciudad de México, 3 de julio de 2022. La desbandada académica en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ya no es una posibilidad en el horizonte, sino una dolorosa realidad cotidiana para quienes han pasado años de su vida trabajando en la prestigiosa institución educativa y de investigación.
En los últimos meses, más de una veintena de académicos de primer nivel han pedido licencia sin goce de sueldo; han buscado la jubilación temprana, o la que habían postergado por su vocación educativa: han decidido tomar su sabático, o definitivamente se han transferido a otras instituciones públicas y privadas en México y el extranjero.
Se trata, a decir de la planta docente, de un alejamiento forzado de las aulas del CIDE por una política de acoso gubernamental a la institución, orquestada desde el Ejecutivo, avalada por la Cámara de Diputados y el Senado, y ejecutada por el Conacyt, cuya titular es la bióloga María Elena Álvarez-Buylla.
“Hemos recibido solicitudes de sabático y licencias sin goce de sueldo como si no hubiera mañana”, explica Céline González Schont, quien habla a título personal como profesora asociada de la División de Estudios Políticos del Centro.
Junto con los académicos Alejandro Madrazo Lajous, Catherine Andrews y Grizel Salazar, la profesora González Schont, quien ya solicitó su sustitución como directora de evaluación académica del CIDE, es un caso emblemático de una “limpia” en la institución emprendida por su nuevo director, el economista José Romero Tellaeche.
Desde octubre de 2021 a la fecha, estos cuatro académicos fueron removidos de puestos directivos, en casos distintos, ya sea acusados de pérdida de confianza, de “rebeldía” -el término literal usado-, sujetos a acoso laboral, o simplemente destituidos sin explicación alguna.
Llegado a la institución desde El Colegio de México, en un proceso que ha sido ampliamente criticado por atropellar los estatutos del CIDE, y habiendo precipitado un paro estudiantil de 47 días que culminó en enero de este año, Romero Tellaeche dirige una institución crispada y que, mayormente, rechaza su nombramiento.
El director general también ha sido acusado de plagios académicos que resultaron en el retiro de un artículo suyo de la revista El Trimestre Económico.
“El problema de fondo no es la persona del Dr. José Antonio Romero, el problema de fondo es el programa que le encargaron, de colonizar y subvertir, pervertir totalmente la naturaleza del CIDE”, explica al respecto el historiador Jean Meyer, uno de los profesores emblemáticos del centro.
Este programa, responsable de la desbandada académica, tiene entre sus consecuencias más sonadas -y lamentadas por la comunidad del CIDE- la salida del economista Ugo Pipitone luego de 35 años de trabajo continuo.
Pipitone, un profesor querido y respetado en la institución, decidió no dar entrevistas al respecto, pero remite a una entrada en su blog para explicar los motivos de su partida.
“Acabo de dejar el CIDE y detrás de esta decisión hubo dos razones. La primera es que soy un anciano que hace tiempo ha cruzado la frontera de la edad de la jubilación”, comienza.
“La segunda -más importante para mí- es que una institución que demoró décadas para adquirir su prestigio (en México y fuera de él) ha comenzado a torcer su rumbo en nombre del voluntarismo ideológico de su nuevo director que se siente encargado de la misión redentora de una institución ‘conservadora’ y ‘neoliberal’. En nombre del pueblo, naturalmente. Nuestro país está plagado de redentores”, lamenta.
La salida de académicos ocurre en medio de un marasmo administrativo, con irregularidades reiteradas, y un ahogamiento financiero que ha causado, entre otras afectaciones, un adeudo de más de 17 millones de pesos al personal académico.
“Todo el que puede jubilarse también se está jubilando, como el profesor Pipitone, y yo sé de otras personas que se van a jubilar pronto”, alerta la internacionalista Lorena Ruano, secretaria general del Sindicato del Personal Académico del CIDE (SIPACIDE) hasta noviembre pasado.
“Es una pérdida de capital humano importante y es difícil reemplazarlos, sobre todo en un contexto en el cual no les pagamos”, denuncia.
Como parte de la red de 26 Centros Públicos de Investigación (CPIs) adscritos al Conacyt, el CIDE es un caso emblemático de las consecuencias de las políticas de la 4T sobre la ciencia que se realiza desde el Estado.
EL INICIO DE UNA OFENSIVA
La primera noticia de la cruzada contra la “ciencia neoliberal” de la bióloga María Elena Álvarez-Buylla llegó meses antes de que asumiera su cargo como directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
“Hay que cambiar de modelo, neoliberal, que ha dejado más contradicciones que avances y que ha impactado en la ciencia”, decía ya en septiembre del 2018, en una entrevista con REFORMA, ya propuesta por el entonces Presidente electo Andrés Manuel López Obrador para el puesto que hoy ocupa.
Este cambio de modelo, promovido desde el Ejecutivo, ha significado para los 26 Centros Públicos de Investigación (CPIs) del Conacyt un ahogamiento financiero y un entorpecimiento administrativo del que no han podido recuperarse.
“La primera indicación que tuvimos de que iba a haber una actitud hostil era el plan de trabajo que presentó la Dra. María Elena Álvarez-Buylla antes de ocupar el cargo, y la forma en la que procedió en la transición”, recuerda la historiadora Catherine Andrews, profesora investigadora titular del CIDE.
“Había indicativos en ese momento de que la actitud por parte de las autoridades que iban a llegar era de descalificación hacia los académicos, y venía con un plan, y sigue con un plan, en donde todo lo que se hizo antes, de acuerdo a su juicio, fue todo corrupción y ‘neoliberalismo’ que no tenía utilidad para el País; más o menos ese es su discurso”, expone.
La primera afectación para la planta docente del CIDE, no obstante, provino de una medida que afectó a todas las instituciones públicas del País, con la polémica primera versión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos aprobada en 2018.
Esta normativa, como pudo constatarse poco después con una cascada de amparos e impugnaciones, atropelló derechos laborales de los trabajadores del Estado.
“El más grave era que ya no pagaban seguro médico privado. Eso nos afectaba a nosotros y sí fue un agravio importante”, explica la internacionalista Lorena Ruano, profesora investigadora titular del CIDE.
“A algunos de nosotros, no sé por qué, incluso nos redujeron la gratificación por antigüedad en un 25 por ciento”, denuncia también.
Una serie de amparos por parte del personal académico logró suspensiones que, en algunos casos, lograron restablecer los derechos laborales.
No plenamente recuperados de este hecho, en 2019 se publicó la Ley Federal de Austeridad Republicana, nueva legislación palomeada por el Congreso sin prever las afectaciones que tendría para la ciencia hecha en México.
“Eso no iba dirigido a los CPIs, pero fueron medidas generales de la administración pública que afectaban a los centros públicos de investigación porque, como no tenemos autonomía como la UNAM, todo esto pues nos pegaba directo”, explica Ruano.
Medidas como recortes presupuestales y el congelamiento de plazas llevaron a la fundación del Sindicato del Personal Académico del CIDE (SIPACIDE), del cual la profesora fue Secretaria General.
“Ése fue un primer problemón, y ahí fue cuando fundo el Sindicato, para, justamente, defender estos derechos laborales adquiridos, que yo llevaba 17 años trabajando en el CIDE y que siempre había recibido”, detalla.
“Hicimos el sindicato, negociamos este contrato colectivo de trabajo y tratamos de recuperar lo más posible. No fue fácil, pero sí se recuperaron varias cosas y ya ése lo firmamos en noviembre de 2019”, apunta.
La pandemia de Covid-19 trajo después un profundo recorte del 75 por ciento del gasto operativo para todos los CPI, hecho que llevó a más de 100 profesores, investigadores y simpatizantes del CIDE, a pedir, a través de una carta, el restablecimiento de su presupuesto.
“Entendemos y suscribimos la necesidad de hacer frente a los estragos más nocivos de la pandemia actual, al mismo tiempo que coincidimos en la idea de aprovechar los recursos públicos, (pero) esta drástica reducción no tiene precedente en la historia de nuestro centro y nos obliga a reducir nuestras funciones al mínimo. Se trata de un golpe que compromete la operación más elemental del CIDE”, expresaron entonces, pero fueron desatendidos.
“Luego vino lo de los fideicomisos y eso sí se puso tremendo”, recuerda, todavía con pesar, Lorena Ruano.
LA BATALLA POR LOS FIDEICOMISOS
En el medio científico y académico, se le llamó, con razón, un “decretazo”.
Ocurrió en abril de 2020, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la extinción de una serie de fideicomisos de la Administración Pública Federal que incluía a los 26 correspondientes a cada uno de los Centros de Investigación Pública del Conacyt.
Estos fideicomisos resultaban tan necesarios, como plenamente auditables, para los CPI, que incluso una de las más férreas ejecutoras de la voluntad presidencial se unió, al menos inicialmente, en su defensa.
“Los CPI del Conacyt son #LaFuerzaDeLaCiencia. El Consejo respalda la conservación y protección de los fondos fiduciarios de sus 26 Centros Públicos de Investigación, indispensables para su operación y para el impulso de la soberanía científica y tecnológica de México”, publicó en su cuenta de Twitter la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, apenas un mes después del decretazo.
El respaldo de la funcionaria, a pesar de lo indispensables que eran estos instrumentos financieros para los centros bajo su cargo, duró muy poco.
“La Dra. Álvarez-Buylla nos dijo en un principio que iba a defender los fideicomisos y, a la hora de la hora, se hizo a un lado y no defendió en absoluto estos fideicomisos. Eso es una indicación clave de que la Dra. Álvarez-Buylla no está de lado de la comunidad científica, más bien, ella es una funcionaria y su trabajo es cumplir con los dictados del señor Presidente; eso nos quedó muy claro”, lamenta Catherine Andrews.
En una indefinición desgastante para todos los CPI, primero se dijo que los 26 fideicomisos se salvarían de la extinción, hasta que una iniciativa legislativa signada por la diputada Dolores Padierna y por el diputado Mario Delgado, entonces coordinador de la bancada de Morena y hoy presidente del partido, volvió a ponerlos en peligro.
Ante la indignación generalizada, el propio Delgado “congeló” la iniciativa, recibió a los titulares de los 26 CPI, entre los cuales se encontraba Sergio López Ayllón, entonces director del CIDE, y organizó un “parlamento abierto” con la comunidad científica que, a la postre, señalan quienes ahí participaron, resultó una simulación completa.
A inicios de octubre de 2020, incluso a pesar de todos los argumentos vertidos, la extinción de 109 fideicomisos, incluidos los de los 26 CPI, llegó a San Lázaro, y la comunidad científica marchó a la sede legislativa con una consigna: “¡Diputado, no seas sumiso! ¡Protege al fideicomiso!”.
En un último intento por parte de los académicos -y una última simulación de diálogo por parte de Morena-, Delgado recibió a quienes serían afectados por la extinción de fideicomisos, incluyendo a defensores de derechos humanos y a personalidades de la cultura.
De esa reunión salió un video, hoy emblemático, en el que la profesora Lorena Ruano, con franqueza, encara a Mario Delgado y le señala, una a una, las afectaciones que tendría para la ciencia la extinción de los fideicomisos.
“Tenemos pronunciamientos de los directores de los 26 centros, de los 12 sindicatos, de la UNAM, de la Academia de Ciencias, de universidades privadas: todo el sector científico está en contra de que desaparezcan los fideicomisos, que son la única manera que tenemos de hacer proyectos multianuales y también de conseguir financiamiento externo, que viene del Banco Mundial, que viene del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), que viene de la Unión Europea, para llevar a cabo investigaciones”, señaló entonces.
A un año y medio de que la Cámara de Diputados y el Senado -que sesionó en una sede alterna y amurallada- aprobaran la extinción de los 26 fideicomisos, Ruano evalúa cuáles de sus advertencias se hicieron realidad.
“Todas. Lo que le dije (a Mario Delgado) era conociendo la causa. No me lo saqué de la manga”, denuncia.
“Hay menos dinero para todo y dependemos del presupuesto corriente. Hay menos convocatorias para investigación, hay menos convocatorias para fondos, para becas en el extranjero, para becas nacionales”, explica.
En el discurso oficial, los fideicomisos eran una fuente de corrupción que administraba el dinero del “pueblo de México” para intereses particulares.
En la realidad, el fideicomiso del CIDE se usaba para administrar, de forma exclusiva, los recursos que la institución generaba por su propia cuenta, como los remanentes y pagos por proyectos encargados por el Gobierno Federal, gobiernos de los estados, ONGs y, en menor porcentaje, empresas particulares.
También, las colegiaturas por sus diplomados de educación continua abiertos al público en general, multas de la biblioteca, ingresos por la venta de alimentos y otros insumos que nada tenían que ver con recursos asignados desde el Presupuesto de Egresos de la Federación.
“Lo que quiero enfatizar es que ahí nunca ha habido recurso fiscal, ese dinero no es del ‘pueblo de México’ en ese sentido, es un dinero que nosotros generamos por nuestras actividades y siempre lo habíamos administrado ahí”, explica Catherine Andrews, ex Secretaria Académica del CIDE.
El cierre de este fideicomiso, en los hechos, tiene secuestrados 250 millones de pesos generados por el centro, a la espera de que la Unidad de Asuntos Jurídicos de Conacyt apruebe las reglas de operación para utilizar una nueva cuenta con el dinero.
Estas reglas fueron enviadas al Consejo desde el año pasado, todavía por el director anterior, Sergio López Ayllón, y luego fueron vueltas a redactar por el actual director, José Romero Tellaeche, pero todavía no han sido palomeadas para su implementación por la dependencia que dirige Álvarez-Buylla.
“El Conacyt tiene una hostilidad hacia nosotros porque, en lo absoluto, no ha hecho nada para facilitar la implementación de estas reglas”, denuncia Andrews.
“Mientras que es creíble que se atorara durante algunas semanas por la carga de trabajo, hasta meses, no es factible, ni creíble, que un año después seguimos sin reglas. Ya estamos ante un bloqueo político”, abunda.
Este bloqueo ha impedido al CIDE recibir nuevos proyectos con financiamiento externo, lo que ha llevado a la cancelación, entre otros, del importante Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe (CLEAR), parte de una iniciativa global de excelencia en la investigación de políticas públicas.
“Era un proyecto con el Banco Mundial y el Banco Mundial tenía que renovar el contrato con nosotros el año pasado, pero, sin las reglas, no pudo, entonces el Banco Mundial ya está licitando este proyecto para otros centros, ya no va a estar en el CIDE, entonces es un golpe indescriptiblemente fuerte para el centro”, dice Andrews.
Esto, a su vez, tiene en peligro al Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, que también funcionaba a través de proyectos con financiamiento externo, y que es una de las áreas más prestigiosas a nivel regional e internacional del CIDE.
De esa bolsa de recursos salían también fondos para el mantenimiento de la infraestructura del CIDE y, sobre todo, el dinero para el pago de estímulos a la docencia y publicación de los académicos, además del pago correspondiente por su trabajo en los proyectos de financiamiento externo.
Esta deuda con el personal, asegura Lorena Ruano, actualmente asciende a más de 17 millones de pesos.
“Esto es un problema grave, porque se debe un dineral a los trabajadores del CIDE y nuestro sueldo es relativamente bajo, con lo cual, para nosotros esos estímulos pues sí representan una parte importante de nuestro ingreso”, critica.
El ahogamiento financiero, denuncian los académicos del CIDE, se pronuncia todavía más ante la torpeza administrativa de un director que, aseguran, les fue impuesto y cuyo proyecto es el desmantelamiento del CIDE como lo conocían.
ASÍ LO DIJERON
“Una institución que demoró décadas para adquirir su prestigio (en México y fuera de él) ha comenzado a torcer su rumbo en nombre del voluntarismo ideológico de su nuevo director que se siente encargado de la misión redentora de una institución ‘conservadora’ y ‘neoliberal’. En nombre del pueblo, naturalmente. Nuestro país está plagado de redentores”.
Ugo Pipitone, economista
“El problema de fondo no es la persona del Dr. José Antonio Romero, el problema de fondo es el programa que le encargaron, de colonizar y subvertir, pervertir totalmente la naturaleza del CIDE”.
Jean Meyer, historiador
“Hemos recibido solicitudes de sabático y licencias sin goce de sueldo como si no hubiera mañana”.
Céline González Schont, profesora
Texto y foto: Agencia Reforma
