
Diputados morenistas y de oposición discuten este martes la minuta que equipara la defraudación fiscal con la delincuencia organizada, con la cual se pretende reducir la incidencia delictiva de empresas fantasmas, las facturas falsas y la defraudación fiscal
Ciudad de México, 15 de octubre de 2019. El Pleno de la Cámara de Diputados inició este martes la discusión de la minuta que equipara la defraudación fiscal con la delincuencia organizada.
Sin un cambio en la minuta proveniente del Senado, Marco Antonio Medina, diputado de Morena, afirmó en tribuna que se analizó la reforma con base en el mecanismo de Parlamento Abierto, con 19 oradores de sector académico, sociedad civil, la Iniciativa Privada, juristas y fiscalistas.
El legislador sostuvo que se busca el combate a la defraudación fiscal y el fortalecimiento de instituciones.
Medina aseguró que la reforma a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal no afectará a los contribuyentes cumplidos.
“El problema de la defraudación fiscal es de suma gravedad, se ha venido gestando y ha socavado la base fiscal del Estado y es un peligro para la seguridad nacional”, dijo.
“Se busca incluir en el catálogo delitos cometidos por delincuencia organizada la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada, así como la comisión de actos ilícitos en contra del fisco federal. De ninguna manera es una ley que provoque contrariedad a los contribuyentes con obligaciones y el que cometa un error está lejos de conductas que se buscan combatir y castigar con estas reformas”.
El morenista dijo que habrá que proteger a contribuyentes cumplidos y que en la cotidianidad compiten con negocios ilícitos, que no dejan crecer a auténticos empresarios.
También de Morena, el diputado Rubén Cayetano afirmó que para su partido las reformas contra empresas fantasmas, las facturas falsas y la defraudación fiscal van a ayudar a reducir la incidencia delictiva y corresponden a la magnitud del daño causado.
Hay urgencia de la reforma, porque en los últimos 5 años se estima que 2 billones de pesos ha perdido el Fiscal por la defraudación fiscal, dijo.
“Estas medidas no serán para todos los contribuyentes, solo para aquellos que evadan operaciones de 7 millones 400 mil pesos”, aseveró.
“Y no sancionarán a contribuyentes que cumplan o que por error deje de enterar impuestos o fue engañado por su contador. Las reformas solo afectaran a empresas que venden o compran facturas, no se propone criminalizar a empresarios, sino protegerlos de fracturas desleales y que están sujetos a la corrupción”.
Cayetano dijo que por estricta que sea la reforma, no debe asustar a nadie.
“Solo tenemos que portarnos bien el que nada debe, nada teme”, sentencia el legislador de Morena al presentar el dictamen, el cual ha sido calificado de generar “terrorismo fiscal”.
Legisladores del PAN y PRI presentaron mociones suspensivas, pero la mayoría las desechó, con lo que el Pleno entró a los posicionamientos de los partidos.
Al presentar su moción suspensiva, el panista Jorge Luis Preciado afirmó que la reforma está prejuzgando a todos los que resulten señalados hasta que ellos mismos, desde la cárcel, demuestren que son inocentes.
“Estamos haciendo una reforma, pero con excesos, por ejemplo, la seguridad nacional, ¿qué tienen que ver las facturas falsas con la prisión preventiva , cuando se supone que es para que una persona no evada la justicia? No entiendo cómo una empresa se va a ir del país solamente porque hay una investigación en su contra y no entiendo qué tiene que ver con delincuencia organizada”, expuso.
Me parece increíble, afirmó, lo que está haciendo este Congreso, que por lado hace una Ley de Amnistía y por el otro lado sanciona a quienes invierten.
Preciado calificó la reforma como una pistola que se pone a quienes invierten, lo cual consideró muy delicado.
“No puede ser posible que mientras alguien invierte, le hacen una ley para perseguirlos judicialmente y otros, mientras asesinan, como en Michoacán, lo que dice el Presidente es que los van a acusar con su abuelita”.
Pidió elpanista a los legisladores dar tiempo para discutir de fondo el tema y analizar cuál es el mecanismo para realmente acabar con los problemas que se pretenden atacar.
En su turno, Verónica Juárez, coordinadora del PRD, advirtió que si las facturas falsas y la defraudación fiscal son incluidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se implicaría inmediatamente la prisión preventiva oficiosa y la extinción de dominio.
La perredista consideró que la ampliación de la prisión preventiva oficiosa es una medida falsa, ya que quienes están a favor de ella suponen que por sí misma es suficiente para disuadir prácticas ilícitas.
“Tramposamente se está abriendo una puerta para que la excepcionalidad de la prisión preventiva se convierta en la regla”.
Juárez mencionó que con esta reforma legal se está tratando de darle la vuelta al artículo 19 Constitucional y se facilita el camino para la persecución de quienes discrecionalmente se señalan como defraudadores de la Nación.
Esta minuta, aseveró, deja de manifiesto una vez más que el actual Gobierno no quiere escuchar a las organizaciones civiles, a los defensores de derechos humanos, a los organismos empresariales y otras voces discordantes.
En tanto, el diputado del Partido Verde Marco Antonio Gómez manifestó su respaldo a la reforma, pues con ella habrá equidad contributiva.
“Cada ciudadano deberá contribuir a la Hacienda de forma proporcional y equitativa”, afirmó.
No habrá violaciones a derechos humanos, consideró, porque la acción penal será decretada por el juez y no por el Ministerio Público, lo que dará garantía a los derechos de los ciudadanos de buena fe.
En su posicionamiento, Iván Arturo Pérez Negrón, afirmó que en el PES están de acuerdo en el fondo de la reforma, aunque debe revisarse con cuidado la forma.
Pérez Negrón también pidió comunicar bien esta reforma, ya que no se ha explicado bien su alcance.
“El fin no justifica los medios, así como los defraudadores atentan y engañan al fisco, hoy, si no lo explicamos bien, podríamos estar defraudando o engañando a más de 74.5 millones de contribuyentes que están confiando en que no se les va a etiquetar de la misma manera”
Encuentro Social (PES), dijo, no está en contra de la reforma, pero tipificar la defraudación fiscal como delincuencia organizada y la prisión preventiva no va a acabar con el “huachicol fiscal”.
“Podríamos estar abriendo una puerta que pueda ser usada de manera facciosa por los mismos funcionarios, no todos tiene la sensibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo.
Nos guste o no, agregó, son los empresarios los que generan empleos y si se quiere generar buenos empleos, como es uno de los objetivos de la Cuarta Transformación, es necesario tomar esto en cuenta.
Por Movimiento Ciudadano (MC), Higinio Del Toro reclamó que no se trabajó el tiempo suficiente para analizar la reforma.
No obstante, anunció que votarán a favor, porque en el Senado así lo hizo el partido, pero presentarán reservas para que evitar que la defraudación fiscal sea considerada como delincuencia organizada.
“La propuesta es desproporcionada, tratamos de dar tiros de precisión y el objetivo es lejano, lejos de utilizar tecnología, tiramos cañonazos que dañarán el objetivo y a un empresariado que invierte dinero y genera empleos”, expresó.
“No estamos a favor de la forma en que se pretende hacer la reforma, porque dejamos en indefensión a contribuyentes, cuando no se ha aprobado al titular del defensor de los contribuyentes”.
El legislador consideró que no podía ser delito la defraudación fiscal, porque es contrario a poder recaudar más.
“Se va contra la base gravable y cautiva que paga impuestos, estamos privilegiando recaudación coercitiva y bajo amenaza”, manifestó.
También busca el control y la inhibición de adversarios políticos, aseveró.
“No somos ingenuos de lo que puede pasar”.
Oscar González Yáñez, del Partido del Trabajo (PT), coincidió en que la ley es un exceso, pero también son un exceso los daños al erario.
“El argumento que dan, sí es un exceso, pero lo es más el saqueo que seguimos pagando a la fecha de lo que se ha hecho con las finanzas públicas del país”, planteó.
Como ejemplos, señaló que América Móvil tuvo ingresos por 775 mil millones de pesos pero pagó 6 por ciento de ISR; Electra reportó ingresos por 69 mmdp contra 11 por ciento y Grupo México, 133 millones frente a 13 por ciento.
Texto: Claudia Salazar y Martha Martínez / Agencia Reforma / Foto: Twitter


