Chilpancingo, Guerrero, a 1 de octubre de 2024.- Tres integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) denunciaron que el gobierno mexicano desconoció los hallazgos de su informe final Fue el Estado (1965-1990) y que retomó, “a modo”, sólo algunos de sus elementos.
En un pronunciamiento fechado este 30 de septiembre, Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart, integrantes del MEH, reprocharon que con ello se omitió la existencia de miles de víctimas de violaciones graves de derechos humanos documentadas en dicho informe, cuyos agravios fueron constitutivos de la violencia política estatal sistemática y generalizada característica del periodo 1965-1990 en México.
Los ex comisionados, informan que el 25 de septiembre la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, presentó en una sesión privada por Zoom, el documento Informe Final 2024, que es un resumen ejecutivo de los reportes de los cinco instrumentos de la Comisión.
Critican que la Subsecretaría sólo invitó a ese evento a algunas víctimas y colectivos y a un ex comisionado, dando con ello por cerrado este ejercicio “que allá por diciembre de 2021 generó grandes expectativas, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador instaló la Comisión, en la ciudad de Chihuahua”.
De acuerdo con los ex comisionados, cuyo periodo se venció este septiembre, en el Informe Final 2024 se admite la importancia de reconocer los crímenes del pasado, sancionar a los perpetradores y reivindicar a las víctimas.
Pero que es inadmisible que a pesar de ello, el resumen deje de lado a cientos de víctimas que rindieron su testimonio al MEH; “se trata de personas que confiaron en un ejercicio promovido por esta administración y que esperan el reconocimiento estatal de la violencia de Estado de la que fueron objeto”.
Califican como inaceptable que tras el pormenorizado informe Fue el Estado, en el que documentan las violaciones graves a derechos humanos contra once conjuntos de víctimas, el Estado, en voz de la Subsecretaría, decida invisibilizar a nueve de éstos, y con ello, a amplios sectores de la sociedad mexicana que también padecieron de manera cruenta la violencia política del Estado de forma sistemática y generalizada durante el periodo 1965-1990.
Refieren que en su informe Fue el Estado documentaron que la penetración de la violencia “fue mucho más amplia de lo que imaginábamos”.
“Se volcó sobre organizaciones político-militares, movimientos estudiantiles y disidencias laborales sindicales y redes de apoyo contra la represión, comunidades campesinas indígenas y afromexicanas, disidencias político-partidistas y periodistas”, indican.
Agregan: “El Estado también arrasó comunidades enteras de poblaciones que se opusieron a políticas públicas de desarrollo, ejecutó a habitantes de zonas donde se combatió el narcotráfico, torturó a personas marginalizadas y criminalizadas, desplazó a grandes poblaciones del movimiento urbano-popular, torturó a disidencias sexo-genéricas, desplazó a cientos por su disidencia religiosas y desapareció a personas refugiadas en la frontera sur de México y hasta torturó a integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales a manos de sus propios mandos”.
Para los ex comisionados, ello no se trata de una omisión menor; “implica el desconocimiento de la existencia de 4,300 de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos identificadas en una investigación realizada en el marco de una comisión de la verdad. Implica el desconocimiento de la existencia de 6,097 violaciones graves contra estas víctimas dentro de las que se encuentran 23 masacres y adicionalmente el desconocimiento de 116,756 víctimas estimadas de desplazamiento forzado en 63 eventos de las que el informe Fue el Estado da cuenta y el resumen ejecutivo busca invisibilizar”.
Reprochan que omitir a estos conjuntos de víctimas del informe de la Comisión, es un intento de negarles el reconocimiento público como víctimas de la violencia política estatal y borrarlas de la historia nacional, “además de que es una omisión grave en la que incurre el Estado para la que no ofrece ningún fundamento metodológico ni legal”.
Cuestionan: “Lamentablemente constituye a todas luces uno más de los factores de persistencia de los que habla el informe Fue el Estado y sólo termina por dar la razón al título de la obra”.
Denuncian que la Subsecretaría de Derechos Humanos, designada para presidir la Comisión, optó no sólo por dejar fuera de su presentación de resultados y de su página oficial el informe Fue el Estado, sino que en la breve mención que hace de este trabajo en su resumen ejecutivo, “reduce al mínimo aquello que retoma y, además de excluir a nueve de once conjuntos de víctimas, omite las recomendaciones, los factores de persistencia, el análisis de las causas y todos los hallazgos sobre perpetradores e instituciones implicadas”.
“Subrayamos esto último, pues los hallazgos sobre perpetradores que contiene Fue el Estado son una aportación clave para establecer los elementos de contexto en procesos judiciales de un amplio espectro de víctimas de la violencia estatal del periodo”.
Asimismo, los comisionados reprochan las condiciones “en que nos vimos obligados a presentar de manera pública el informe”, el 16 de agosto, un día después de que se presentó a la asamblea de víctimas y al resto de mecanismos de la Comisión, sin que haya habido una ruta por parte de la Subsecretaría para presentar los hallazgos del esclarecimiento histórico al resto de víctimas, al presidente de la República y a la sociedad como lo indica el Decreto Presidencial.
“De no haberlo hecho así, el informe no sería de conocimiento público, habría quedado reducido a lo que la Subsecretaría tuviese a bien aprobar, como nos lo advirtió en varios puntos del proceso”.
Se quejan de que en la presentación de su informe fueron tratados de manera “injusta y displicente” por los directivos de la Subsecretaría y de la Jefatura de Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos desde que Alejandro Encinas se retiró de la Subsecretaría.
“La primera medida que tomaron los nuevos funcionarios fue intentar tomar el control del equipo de investigación y de la escritura de nuestra parte del informe, violentando así la independencia que nos concede el Decreto Presidencial”.
Indican que al no lograrlo, “comenzaron a descalificar los avances de investigación que les compartimos”.
Refieren que el momento más álgido ocurrió cuando en la sesión de presentación de los informes de los distintos mecanismos de la Comisión a la asamblea de víctimas del 15 de agosto, el subsecretario Arturo Medina dijo que había cosas de nuestro informe con las que la Secretaría de Gobernación no estaba de acuerdo, particularmente los factores de persistencia, las recomendaciones “y el abordaje de un amplio abanico de víctimas”.
El funcionario les advirtió que sólo considerarían aquella información que, a su entender, estuviera circunscrita al objeto y al periodo establecido por el decreto presidencial.
Explican que la violencia estatal del periodo analizado no se detuvo de tajo en 1990, “las inercias institucionales que la hicieron posible continuaron posterior al periodo, lo que motivó a incluir factores de persistencia en el informe”.
Refieren que los factores de persistencia también fueron un hallazgo derivado de la obstrucción del trabajo documental que experimentó el propio Mecanismo en los archivos militares y los fondos documentales de la Dirección Federal de Seguridad en el Archivo General de la Nación. “No incluir factores de persistencia hubiera sido faltar a la verdad”.
Y agregan: “Si bien las comisiones de la verdad se ocupan de temas del pasado, su objetivo siempre es que el análisis histórico ilumine el presente y que realice recomendaciones para que aquellos hechos no se repitan nunca más”.
Los ex comisionados opinan: “Los análisis históricos, al menos los de historia reciente, no deberían realizarse para erigir monumentos o memoriales únicamente, no son sólo relatos memoriosos. El objetivo es que haya consecuencias en materia de justicia y reparación para las víctimas”.
Añaden que esta Comisión de la Verdad debía hablar del presente “y por eso fue necesario decir con toda franqueza que de aquella violencia persiste como lastre en el presente a pesar de las transformaciones, y cómo podría allanarse el camino para remediarlo”.
Argumentan que por ello, también se incluyeron las recomendaciones “que provienen del trabajo directo y la escucha de todas víctimas”, y que se incluyeron todas aquellas recabadas en los testimonios públicos de los ocho Diálogos por la Verdad que se realizaron.
Los tres comisionados se dicen convencidos de que la exclusión del informe Fue el Estado del reconocimiento oficial de sus hallazgos, de las víctimas a las que da voz, y el maltrato a su equipo y a ellos mismos fue porque se negaron a “someter la investigación y sus resultados a los criterios políticos que intentaron imponernos desde la Subsecretaría y la Jefatura de Unidad, tras la salida de Alejandro Encinas, sobre todo en lo que tiene que ver con la responsabilidad del Ejército, las recomendaciones emitidas y el señalamiento de factores de persistencia de las violencias documentadas”.
Apelan a la sensibilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “para asumir oficialmente el informe Fue el Estado como parte de la entrega del MEH reconociendo así a las víctimas y la violencia que el Estado ejerció contra ellas”.
Piden “de manera enfática” que la administración entrante retome los trabajos de la Comisión, reconozca de manera plena los hallazgos de este informe, reivindique a todas las víctimas sin distinción y atienda a las recomendaciones que emitieron para construir una ruta hacia la no repetición desde una perspectiva comprometida de derechos humanos.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Facebook MEHistoricomx
