29 noviembre,2019 3:37 am

Desestiman FUPCEG y UPOEG advertencia federal; niegan vínculos con la delincuencia

Salvador Alanís Trujillo y Bruno Plácido Valerio dicen que sus organizaciones tienen el respaldo de las comunidades.

Chilpancingo, Guerrero, 29 de noviembre de 2019. El vocero del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), Salvador Alanís Trujillo, declaró ayer que a esa agrupación no le preocupa “en lo más mínimo” que el gobierno federal enfrente a las policías comunitarias vinculadas con el crimen organizado, Incluso dijo que esa fue una propuestas del Frente al gobierno federal en un foro en la Ciudad de México.

Por su parte, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, propuso que no sólo se depuren las policías comunitarias vinculadas al crimen organizado, sino también los mandos de las policías federal, estatal y municipal vinculados con la delincuencia. Aseguró que “la delincuencia no opera por sí misma, sino en común acuerdo con alguien de las autoridades”.

Los dirigentes de las agrupaciones más representativas del estado, que han sido señaladas por organismos civiles, el clero, y por las autoridades de estar infiltradas por la delincuencia, rechazaron sin embargo, un desarme.

En el caso del FUPCEG, Alanís Trujillo advirtió que cuenta con base social para impedirlo, mientras que el dirigente de la UPOEG, Plácido Valerio, dijo que cuentan con el respaldo de las asambleas de los pueblos.

El miércoles, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, advirtió en Acapulco que el gobierno federal va a enfrentar a las policías comunitarias que estén vinculadas con el crimen organizado, como parte del combate a la inseguridad en Guerrero.

Consultado por teléfono, el vocero del FUPCEG, Alanís Trujillo, dijo que está de acuerdo. Recordó que el Frente planteó en un foro en la Ciudad de México la depuración de las policías comunitarias como solución para detener y desarmar a las policías comunitarias infiltradas con el crimen organizado.

“El Frente pidió que ese tipo de policías comunitarias deben de ser desarticuladas y desarmadas”, dijo.

Luego, expresó: “A nosotros como Frente no nos preocupa en los más mínimo”.

El FUPCEG ha sido señalado por los desplazados de las comunidades de Leonardo Bravo (Chichihualco) y por el obispo Salvador Rangel de tener vínculos con el grupo delictivo de Tlacotepec que encabeza Onésimo Marquina, El Necho.

“Yo te puedo decir que hay rumores y nos acusan de pertenecer al crimen organizado, pero son los afectados, en el caso de los desplazados son familiares directos de los delincuentes que combatimos, son los que nos acusan de pertenecer a grupos delictivos”, declaró a pregunta del reportero.

Agregó que en el caso del obispo Rangel que también los acusa, él ha sido señalado que se ha reunido con varios líderes criminales, “y hemos reprobado esa actitud de él, sabiendo que como prelado debiera reunirse con las víctimas, con los más afectados pero se reúne con líderes criminales”, acusó.

Insistió que ante la advertencia del secretario Durazo no les preocupa en lo absoluto, “creemos y estamos seguros que el Frente tiene la suficiente base social para poder evitar algún desarme de cualquier gobierno”, retó.

Alanís Trujillo agregó que están de acuerdo, e incluso avalan, esa postura del gobierno federal de que todas las policías comunitarias que tengan vínculos con el la delincuencia sean desarmadas.

Sin embargo dijo que no aceptarán un desarme a la policía de ese Frente, y que cuentan con base social para impedirlo.

Explicó que el desarme se dará de forma natural, una vez que el gobierno vaya avanzando en el proceso de recuperar el estado de derecho, “entonces nosotros paulatinamente iremos desarmándonos, sin necesidad de una confrontación con el Estado”.

La propuesta del Frente es que se van a ir desarmando conforme el proceso de pacificación vaya dando resultados en el estado. “En cuanto la Guardia Nacional, las policías federales, estatales y municipales cumplan con el rol que marca la ley, que es el derecho a darnos seguridad, entonces dejaremos las armas”, advirtió.

El FUPCEG tiene presencia en los municipios de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Cuetzala del Progreso, Cocula, Iguala, Apaxtla, Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo y Eduardo Neri.

Según Alanis Trujillo actualmente cuentan con 11 mil 200 guardias comunitarios armados.

Primero que garanticen la seguridad al pueblo

El dirigente de la UPOEG, Placido Valerio, consultado vía telefónica, declaró que en esa organización no les preocupa la amenaza del secretario de Seguridad Durazo Montaño, “traemos el respaldo de las asambleas de los pueblos”, atajó.

Y contraatacó: “Yo creo que es importante que se depuren no sólo las policías comunitarias vinculadas con la delincuencia, sino también algunos mandos de las policías federal, estatal y municipal que están vinculados con la delincuencia”.

El dirigente aseguró que “la delincuencia no opera por sí misma, opera siempre en común acuerdo con alguien de las autoridades”.

También expresó que ve muy correcto el posicionamiento de depurar a las policías vinculadas con el crimen organizado “para que encontremos la tranquilidad que queremos todos en el estado”.

Sin embargo añadió que no se pueden desarmar primero si antes no se garantiza la seguridad a la población. “Eso sería contradictorio”.

El gobernador Héctor Astudillo Flores ha señalado reiteradamente que la Policía Ciudadana de la UPOEG está fuera del marco de la ley, mientras que en redes sociales se ha vinculado a esa organización con grupos delictivos.

Sin embargo Placido Valerio aseguró ayer que “nosotros surgimos para cuidar a nuestros pueblos y unir a los pueblos para no ser víctimas del sometimiento de los delincuentes”.

La UPOEG tiene presencia en 20 municipios de la Costa Chica, región Centro, Costa Grande y en la Montaña.

Plácido Valerio evadió informar cuantos policías armados tiene la agrupación en esos 20 municipios, “son pueblos que están preparados para defenderse ante cualquier enemigo que nos quiera someter, extorsionar o asesinar”, advirtió.

Además, declaró que la Cuarta Transformación de la que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador es para construir un cambio con la sociedad, no un cambio sometiendo a la sociedad. “No confundamos la Cuarta Transformación con una visión de sometimiento, desarmando a los débiles para darle poder a los explotadores”.

Explicó que los que pertenecen a la UPOEG son pueblos que con dignidad quieren defenderse, sin esperar que alguien los defienda, “aunque la ley obliga a las autoridades a protegernos y a garantizar la seguridad, pero si ellos no lo hacen la población lo hará bajo el amparo de la Constitución que dice que el poder emana del pueblo y el pueblo puede alterar o modificar su gobierno”, sentenció.

Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jessica Torres Barrera-Archivo