El Grupo de Trabajo concluye que no encontró datos que demuestren la prevalencia de la violencia feminicida. Se inconforma la representante de la Codehum, María Teresa Gutiérrez, y sostiene que en esa región hay una mayor vulnerabilidad y desigualdad de oportunidades para las mujeres
Chilpancingo, Guerrero, 27 de noviembre de 2024. El Grupo de Trabajo de la solicitud de Alerta de Violencia de Género en Xalpatláhuac, declaró improcedente implementar el mecanismo que solicitó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por la violencia política de género que sufrió la ex alcaldesa Selene Sotelo Maldonado por autoridades comunitarias, de acuerdo con el informe publicado en el Periódico Oficial del estado del estado de Guerrero.
Ahí se detalla que la Codehum presentó la solicitud de AVG ante el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres hace más de dos años, para cumplir con una medida de reparación señalada en la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Aunque el origen de la demanda es la violencia política en razón de género, el GT rechazó la solicitud argumentando que no encontraron datos que demuestren la prevalencia de la violencia feminicida.
Pero estableció medidas preventivas de seguridad y justicia para que autoridades civiles y comunitarias de Xalpatláhuac, con el acompañamiento del gobierno federal y en su caso instituciones federales, “atiendan los hechos que dieron origen a la solicitud”.
En el mismo documento, se integró como anexo la inconformidad de la coordinadora de la Unidad de Género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, María Teresa Gutiérrez Jiménez, enlace institucional con el GT.
Ella estimó que en la decisión no se consideró la radiografía que obtuvieron en tiempo real de la violencia comunitaria que existe contra la mujeres indígenas.
No obstante el GT reconoció, con investigaciones, “que existen múltiples factores de riesgo que no sólo ocurrieron contra la alcaldesa del Xalpatláhuac, sino que es una característica de la región de la Montaña, bajo el sustento de los usos y costumbres que excluyen a las mujeres de las decisiones colec-tivas y del ejercicio del poder”.
Con el informe, se constatan que prevalece “un panorama de mayor vulnerabilidad y desigualdad de oportunidades que limitan y ter-minan por menoscabar, no sólo de-rechos políticos electorales, sino el menoscabo de derechos fundamen-tales, como la educación, salud, entre otros, con alta incidencia de re-producción en los espacios comuni-tarios que fomentan sistemática-mente estereotipos y roles de género que privilegian y delimitan no sólo la posición que ocupan las mujeres y hombres, sino cómo se delimitan los espacios públicos y privados en los pueblos y comunidades indígenas”.
En el escrito, Gutiérrez Jiménez insistió en que las mujeres deben gozar de igualdad plena en el ejercicio del político y económico para alcanzar una amplia representación en la vida pública
Por ello, consideró que la declaratoria AVGM era la oportunidad de sentar precedentes en el estado, para garantizar los derechos políticos electorales que históricamente han padecido y siguen padeciendo relaciones de desigualdad en contra parte de los hombres, en contextos indígenas.
Medidas preventivas
El GT consideró que los tribunales electorales no impusieron medidas idóneas ni eficaces “para alcanzar la genuina reparación integral a favor de la actora, como la disculpa pública de sus agresores y la eliminación de las publicaciones en Facebook que dañaron su imagen, y como medidas complementaria y reparación integral del daño, la emisión de una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el municipio.
Incluso, señaló que la ex alcaldesa también generó violencia hacia la regidora Carmen Pinzón Villanueva, por retención de pago y exclusión de las reuniones y sesiones de Cabildo, por lo que fue multada e inscrita en el Registro de Antecedentes de las Personas Agresoras de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por una temporalidad de seis meses.
Planteó el fortalecimiento de marcos legales y políticas públicas a partir de los tratados internacionales; establecer y aplicar sanciones efectivas e integrales contra los responsables de actos de violencia política, en los que concurran actos como acoso, amenazas, y sabotajes administrativos dirigidos a mujeres en el servicio público.
Además, capacitación y sensibilización obligatoria de funcionarios y actores políticos, en género para todos los actores políticos; campañas de sensibilización en las comunidades sobre los derechos políticos de las mujeres y la igualdad de género.
El fortalecimiento de redes de apoyo de mujeres en cargos públicos y de liderazgos en la región, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil.
Básicamente, en la administración anterior el edificio del Ayunta-miento de Xalpatláhuac estuvo tomado por un grupo político liderado por el Tlayakanki, la autoridad tradicional, que encabezó la inconformidad contra la elección de la alcaldesa, que literalmente fue corrida a balazos con sus funcionarios del Palacio Municipal al inicio de su gestión.
Texto: Lourdes Chávez
