El partido en el poder no sólo “incurre en los mismos vicios que han tenido sus predecesores”, sino que está ampliando aún más “los espacios de intervención” del Ejército en la vida pública nacional al nombrar magistrados a dos exmilitares, dice Santiago Aguirre, director del Centro Prodh. Al Ejecutivo “no se le ha dado ninguna autorización para que esté de manera permanente, vertiginosa, nombrando militares en tareas con carácter civil”, alerta Eliana García, de Seguridad Sin Guerra
Ciudad de México, 2 de febrero de 2024. Es muy preocupante que el partido en el poder apruebe la designación de perfiles castrenses en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), sobre todo porque es un ámbito de la función jurisdiccional en el que a menudo terminan ventilándose muchos asuntos relacionados con corrupción, con la revisión de licitaciones y de permisos, advierte el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre.
El abogado se refiere a la ratificación por parte de legisladores de Morena y sus aliados de las designaciones hechas por el jefe del Ejecutivo federal para ocupar las vacantes en magistraturas de salas regionales del TFJA.
Además de que al menos 18 de los 20 perfiles propuestos no contaban con experiencia de al menos ocho años en cargos similares, como requiere la ley, destacaron los nombres de exmilitares como Miguel Carrasco Hernández, miembro del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y exfiscal general de justicia militar.
La oposición ha señado que en las designaciones imperaron las “cuotas y cuates” del Ejecutivo, como Magali Iraís Mendoza Ríos, hija de la consejera jurídica de Presidencia, María Estela Ríos González, quien a su vez fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser ministra de la Suprema Corte.
–¿Qué preocupa de estas designaciones? –se le pregunta a Aguirre.
–Es un ámbito para que personas que no tienen la debida independencia, terminen incurriendo en acciones de tráfico de influencias o de otra índole de corrupción. Por eso es muy importante cuidar la idoneidad de los perfiles. A nosotros nos da la impresión de que eso no está ocurriendo en el presente.
Pero no se trata sólo de los militares, enfatiza, “por ejemplo, hay un familiar en grado directo del actual fiscal del caso Ayotzinapa (Rosendo Gómez Silván, hijo de Rosendo Gómez Piedra, fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa), que de ninguna manera se trata de una persona que cumpliría con un perfil para ser magistrado por su trayectoria y experiencia”.
Con la aprobación de estos perfiles, “lo que vemos es que el actual partido en el poder incurre en los mismos vicios que han tenido sus predecesores”.
Expansión del poder militar en la esfera civil
Aguirre indica que la aprobación en la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados de dos perfiles de extracción militar “es aún más preocupante, porque no hay en los perfiles de estos dos servidores públicos elementos que permitan presumir que hay experiencia para fungir como magistrados en el ámbito administrativo del orden civil”.
Pero incluso si existiera esa experiencia, “se trata de una expresión más de cómo durante este sexenio se han ido ampliando los espacios de intervención militar en la vida pública nacional. Y para argumentar que es así, basta con señalar que serían los militares los primeros que se opondrían a que esto ocurriera a la inversa, ¿verdad? Es decir, que fuesen designados como jueces militares en el fuero castrense civiles sin la experiencia adecuada para ello”.
–Dirían que los civiles no podrían ser parte de la justicia militar.
–Ajá. Lo que hemos visto en este sexenio, es una continua ampliación de las responsabilidades entregadas a servidores públicos de extracción militar bajo la falsa premisa de que son incorruptibles o de que pueden ejercer cualquier labor de gobierno mejor que los civiles. Y esa premisa es peligrosa porque nos puede llevar el día de mañana a ampliar todavía más esta intervención militar en tareas que no les son propias. No encontramos nosotros que haya ningún argumento que justifique que servidores públicos de extracción militar se entreguen al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Recuerda Aguirre que no es la primera vez que esto ocurre, “desde el sexenio de Vicente Fox podemos recordar que se entregó, por ejemplo, la Procuraduría General de la República a funcionarios de extracción castrense; pero aún con esos antecedentes, lo que hemos visto en este sexenio no tiene parangón en la historia reciente de México y puede generarnos muchos problemas hacia adelante”.
–¿Es alarmante el acceso de militares a la justicia civil?
–Es una expansión del poder militar muy preocupante. Y no es necesaria, porque los perfiles de estas personas no aportan una experiencia que sea indispensable incorporar en la Judicatura Federal y, por el contrario, supone ampliar la esfera de influencia del Ejército, lo que ha venido ocurriendo a lo largo de todo el sexenio. La justicia fiscal y administrativa es un ámbito especializado distinto al ámbito del derecho militar. Por lo tanto, estos perfiles no son idóneos y más bien nos reflejan en los extremos a los que está llegando la permisividad con las fuerzas armadas en el presente.
El riesgo de elegir por voto a la Corte
El director del Centro Prodh dice también que llama mucho la atención que, “al mismo tiempo que se aprueban estos perfiles, se hace una campaña presidencial con la idea y la propuesta de que hay que cambiar el modo de selección de los ministros de la Suprema Corte, bajo la premisa de que estas designaciones del Poder Legislativo se han hecho con componendas”.
Esto, insiste Santiago Aguirre, “lo impulsa el partido en el poder al tiempo que en estas designaciones replica prácticamente los mismos vicios que se critican”, lo cual “es muy contradictorio con la propuesta que se está impulsando de buscar la elección de los ministros de la Suprema Corte mediante voto popular.
“A nosotros nos parece que es una mala idea. Sin duda, hay que mejorar el proceso de selección y de auscultación de quienes aspiran a llegar a la Suprema Corte, pero introducir el formato de voto directo o indirecto no ha resultado bien en otros países que lo han experimentado”.
En México, advierte, “abrir la elección por voto directo de los ministros de la Suprema Corte, no solamente es abrir a que sigan las cuotas de partidos, sino incluso más: a que poderes fácticos del ámbito empresarial o incluso del ámbito de la criminalidad organizada, apoyen determinadas candidaturas para amplificar su influencia en el Poder Judicial de la Federación”.
–¿Qué no se está viendo?
–Aparte de que pensamos que sería una mala reforma, una mala idea, es muy cuestionable que esta iniciativa se presente como la solución para el profundo problema de impunidad que tiene el país, porque el problema de impunidad que tenemos en México es de fiscalías, sobre todo, no de poderes judiciales.
Reconoce que “hay muchas cosas que no funcionan con nuestros jueces y juezas, hay nepotismo y corrupción, sin duda, hay que mejorar los controles; pero la impunidad que hoy tenemos y que tanto lastima a la sociedad es consecuencia del mal funcionamiento de las fiscalías.
“Y en este sexenio, la Fiscalía General de la República ha sido un desastre. Hoy lo vemos en cómo se está queriendo reavivar un caso que marcó la historia reciente del país hace 30 años, como es el caso Colosio, para simplemente generar distractores en una coyuntura electoral sin ningún mérito, ni elemento ni aportando nada al esclarecimiento de la verdad”.
“Será difícil regresar a militares a sus tareas”
Eliana García, integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra y quien acompaña a víctimas de la violencia, señala que cuando vio que un exfiscal de justicia militar sería integrante del TFJA fue la “confirmación” del lazo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los militares.
“Esta es una de las acciones más duras, irreversibles, quizá del legado que el presidente va a dejar en este país. La violación constante del Artículo 129 constitucional, pues el único permiso que se le ha dado al presidente en relación con militares en tareas civiles es el que se encuentra en el artículo 5º transitorio de la reforma que creó la Guardia Nacional para que haya militares de seguridad pública como algo excepcional durante nueve años, pero no se le ha dado ninguna autorización, en ningún otro artículo constitucional, para que él esté de manera permanente, vertiginosa, nombrando militares en tareas con carácter civil, como es esta”.
La activista de derechos humanos remarca que el Poder Judicial “es uno de los poderes autónomos más importantes, y hemos visto en la Suprema Corte el nombramiento de personas que no tienen el perfil adecuado, y que además tienen una marcada definición, confesa, de acercamiento y de cumplimiento puntual de las decisiones y de los intereses del titular del Poder Ejecutivo.
“Esto reitera la tendencia no solamente de fortalecer el militarismo en tareas de seguridad pública a partir de su insistencia de que se hará inclusive una nueva reforma constitucional que va a ampliar que la Guardia Nacional sea operada administrativamente y en términos de operativos por la Sedena, lo que ya fue invalidado por la Corte.
“El presidente sabe –continúa García– que no va a recibir el apoyo para que se otorgue la operación de la Guardia Nacional a la Sedena; en especial eso es con lo que francamente va encaminando a nuestro país a que cuando termine su mandato haya una terrible incapacidad de regresar a los militares a sus tareas y a su naturaleza constitucional por el empoderamiento político y económico que les ha dado”.
De vuelta al PRI de los setenta
Para Eliana García, en los últimos cinco años “hemos estado viviendo una depredación institucional que avanza sin ninguna pausa y que se expresa en la manera en que son colocados perfiles no adecuados en cargos fundamentales de los órganos autónomos. Ahorita el propio INE tiene una situación compleja. No me atrevería a decir que totalmente capturado por el titular del Ejecutivo federal, pero va en ese camino”, lamenta.
“El Tribunal Federal Electoral va en el mismo sentido, y los ataques a todos los organismos autónomos que le pueden significar algún cuestionamiento a esta concentración de poder y esta intención de regresar a los esquemas priistas más primitivos de los años setenta, pero todo el tiempo escuchamos el discurso de que no vamos a regresar al pasado”.
Sin embargo, concluye García, “todo es al arbitrio de la concentración de poder y de la concentración de decisiones del partido gobernante en los mismos términos que vivimos en el pasado; quienes estuvimos en aquellas épocas luchando por construir organismos autónomos, obviamente con muchas falencias todavía, pero organismos autónomos que iban mejorando la calidad de la democracia, ahora vivimos una regresión”.
Texto: Guillermo Rivera
